Contrario a la costumbre de reinventar el país cada seis años y con frecuencia echar por la borda proyectos iniciados en administraciones anteriores, es deseable que los proyectos de infraestructura salgan de la agenda política y que su planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento, efectivamente, se materialicen logrando alcanzar la fase de madurez operativa y utilidad pública en forma transexenal.
Dejando de lado el costo de cancelación del proyecto de Texcoco, es considerable también el monto de recursos asignados al proyecto aeroportuario en Santa Lucía.
Aun cuando existen dudas fundadas de que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) logre erigirse en la alternativa aeroportuaria de largo plazo para el Valle de México, es deseable que se constituya en un complemento útil al sistema aeroportuario.
El pasado 16 de enero, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) el anteproyecto de decreto que establece el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para las operaciones de carga.
La mitad de la carga que se mueve en el país tiene como origen o destino el AICM. Aun cuando las operaciones de carga no representan una parte significativa de las operaciones en dicho aeropuerto y estas se realizan frecuentemente en horarios nocturnos fuera de la franja de saturación aérea y de los edificios terminales, es una buena noticia ir redefiniendo la vocación de los aeropuertos que operarán en los próximos años en el centro del país.
El decreto no establece que las operaciones de carga deban migrar precisamente al AIFA; sin embargo, su ubicación y capacidad de crecimiento parecen ubicarlo como la mejor alternativa para reemplazar al AICM, especialmente si se le da un espacio en tiempo y presupuestal para lograr la migración en forma ordenada y sensata.
En otras palabras, mudar al AIFA el ecosistema de carga en su conjunto puede trazar, sin duda, la ruta hacia la viabilidad, cuando menos parcial, del proyecto en Santa Lucía.
En nuestra opinión, esta es la manera correcta de mover el transporte de carga haciéndolo en su conjunto y trasladando todo el ecosistema, de todas las empresas de carga exclusiva, así como proveedores, almacenes, aduanas, transportistas, y toda la infraestructura física y humana necesarias para hacer funcionar el sistema en forma adecuada.
Sin embargo, dada la trascendencia de este movimiento, es altamente deseable que se realice en forma ordenada y con el tiempo y la planeación y asignación de recursos (públicos y privados) necesarios, para lograrlo en forma eficiente y efectiva, con miras al mediano y al largo plazo.
Es conveniente también destacar que el tipo de carga que se está proponiendo mover fuera del AICM es el de carga exclusiva (es decir, la que se realiza en aeronaves dedicadas en su totalidad al transporte de carga a diferencia de las aeronaves que transportan pasajeros y al mismo tiempo transportan carga en el área de equipaje, también conocidas como operaciones híbridas o “belly” - en referencia a las panzas de los aviones en donde se transporta la carga), lo cual también presenta retos en materia de logística, particularmente en aquellas empresas que mantienen en forma paralela operaciones de carga exclusiva e híbrida.
En resumen, enhorabuena por una medida tendiente a ordenar el sistema y la vocación de los aeródromos en el Valle de México, pero es necesario hacer un respetuoso llamado a efectuarlo de manera ordenada.
En este sentido, el plazo de noventa días hábiles para salir del AICM, que incluye el decreto, parecería corto. Algunas empresas involucradas se han pronunciado por plazos mínimos de ciento ochenta días hábiles en unos casos y de hasta trescientos sesenta y cinco días en otros casos.
Un plazo adecuado permitiría planear el movimiento, contar con el consenso de los participantes y, si el destino de esta migración será el AIFA, como todo parece indicar, permitir que la infraestructura de este proyecto termine de madurar en términos de infraestructura y otras capacidades.
Abogado líder de la práctica transaccional de Santamarina y Steta.