Cuando hablamos de la crisis educativa que afrontamos, podemos preguntarnos qué implicaciones tiene en las comunidades escolares y en los procesos que ahí suceden para garantizar el derecho a aprender.
La crisis no fue causada por falta de compromiso de las y los docentes, ni porque las familias no quieran llevar a sus hijas e hijos a la escuela, ni porque las y los estudiantes “no le echen ganas”. La crisis educativa que atravesamos se debe a una serie de deficiencias históricas que venimos arrastrando desde hace décadas y que el cierre prolongado de las escuelas terminó por desbordar, pero también se debe a las decisiones erráticas que se han tomado desde la pandemia e incluso ahora que ya prácticamente todas las escuelas han abierto sus puertas.
Ya hemos hablado de la falta de políticas para atender el abandono escolar, el rezago en el aprendizaje y la atención socioemocional; se necesitan programas con presupuesto para resarcir el daño causado (el de décadas de omisiones y el más reciente que generó la pandemia) y en la base de todo esto está la formación docente: para que docentes y directivos escolares puedan implementar estrategias de búsqueda y reconexión de los ausentes, generar nuevas metodologías de aprendizaje en lectura y matemáticas, y atender el bienestar de sus estudiantes necesitan estar preparados. Sus conocimientos previos, su intuición y vocación son -siempre han sido- importantes, pero ante un entorno cambiante necesitan formación continua y estar preparados para los nuevos desafíos.
Sin embargo, el presupuesto para formación docente no ha parado de disminuir: en 2016 se destinaban 1.644 pesos anuales por docente para su formación, en 2023 se destinarán únicamente 85 pesos por docente y peor aún, no es solamente cuánto gastamos sino cómo gastamos. Para 2022, 48 por ciento de los cursos ofrecidos fueron para temas generales y únicamente 13.3 por ciento fueron para temas relacionados con el aprendizaje. Por esta razón, las y los docentes sienten que les piden asistir a muchos cursos que no tienen ningún impacto real en su práctica ni en el aprendizaje de sus estudiantes, esto fue reiterado en un estudio presentado por la Red Latinoamericana por la Educación -REDUCA- de la cual Mexicanos Primero es fundadora y forma parte desde 2011. En El Mapa de Brechas de Evidencia se muestra que los cursos de formación docente ofrecidos en toda la región tienen poco impacto en el aprendizaje de las y los docentes y por lo tanto, no logran mejorar los aprendizajes de las y los estudiantes.
Es decir, poca inversión y cursos poco eficientes. Volvamos entonces a la pregunta inicial: ¿Qué implicaciones tiene la crisis educativa en las comunidades escolares? Como vimos, la crisis educativa tiene un impacto negativo en la formación docente y al invertir menos en esto, las y los docentes tienen menor formación para atender los retos que la crisis ha traído -abandono escolar, rezago y falta de atención socioemocional, principalmente- por lo tanto, invertir poco en maestras y maestros es invertir poco en niñas, niños y jóvenes.
Para superar una crisis de la magnitud que atravesamos se necesitan estrategias decididas en varios frentes. Poner el foco sólo en un tema va a quedar corto porque intervienen muchas variables, pero es un hecho que invertir 85 pesos en formación docente ni siquiera se acerca a iniciar el camino de la solución, deja a las y los docentes solos de nuevo. Les fallamos como sociedad cuando la revalorización docente tan sonada en los discursos de las autoridades no se refleja en el presupuesto para su aprendizaje.
Defender el derecho a aprender de NNJ es también defender el derecho a aprender de sus maestras y maestros y hoy destinando 85 pesos para cada uno no sólo no avanzamos, sino que retrocedemos. Es hora de enfocarse en lo que sí funciona y la formación docente pertinente ha probado ser un factor primordial para avanzar.