Óscar Mario Beteta
La legislación militar, aprobada por los diputados, modificada por lo senadores y que seguramente recibirá el visto bueno de los congresistas nuevamente, compromete, quizá como nunca antes en otro asunto, a todas las partes involucradas en lo que podría ser la última llamada para pacificar al país.
Las Fuerzas Armadas han recibido un voto de confianza de los representantes populares, algunos incluso de oposición, con la esperanza de que, al ampliarse hasta 2028 el periodo de su permanencia en el desempeño de tareas de seguridad pública, cumplan con esa misión.
Pero no sólo la milicia está obligada a cumplir con lo que le corresponde. Por su historia, seguramente hará muy bien. Toca a los demás actores hacer lo suyo y hacerlo de manera óptima.
En las modificaciones que se hicieron al dictamen en la Cámara Alta, será de fundamental que los recursos que sean asignados a todas las entidades del país, sean entregados en su totalidad y a tiempo a gobernadores y munícipes.
Sobre el cumplimiento de esa primera premisa, ninguno tendrá argumentos para justificar el clima de violencia que en un momento dado prevalezca en un estado.
Todos, sin excepción, deberán asumir con seriedad la obligación y la responsabilidad de aplicar honradamente los fondos que reciban para preparar adecuadamente sus cuerpos de seguridad.
Irrecusablemente, tendrán que dotarlos del equipo necesario y suficiente para que puedan hacer frente a los grupos criminales. Entrenarlos para que operen con base en la información y la inteligencia, será crucial para ganar esa batalla. Será indispensable también, incrementar sus sueldos y prestaciones y establecer reglas que los obliguen a respetar los derechos de la ciudadanía.
En este asunto, como en ningún otro, es obligado que quienes detentan el poder a nivel estatal y municipal, resistan y eviten la tentación y/o las presiones para entablar relaciones de connivencia con el crimen organizado.
Si en el ánimo de recuperar la seguridad, la paz, la armonía, la tranquilidad y la concordia los gobernadores hacen un frente común contra los criminales, de tal modo que se los reduzca y se los limite al máximo o, en todo caso, sean combatidos, una tenue luz podría aparecer en el larguísimo túnel de zozobra y miedo por el que camina México desde hace años.
Así como las Fuerzas Armadas quedarán obligadas por la ley a rendir cuentas periódicamente sobre sus actos y sus logros, los mandatarios estatales y los presidentes munícipes deben hacer lo propio.
Este deber no está en la legislación para ellos y es ahí, justamente, donde toca a la sociedad hacer su aparición, exigiéndoles que rindan cuentas, junto a quienes legalmente podrán hacerlo. De lo contrario, habría que llevarlos ante la justicia.
Empero, las autoridades de todos los niveles deben estar abiertas al diálogo, a escuchar, dispuestas a atender las quejas, sugerencias y propuestas que les haga la sociedad. Sin una voluntad colectiva para cambiar realmente, el fracaso será inevitable.
Si todas las partes asumen su papel y cumplen con su responsabilidad en el difícil trabajo de recuperar la seguridad para 2028, el Ejército, como se prevé en la ley, podrá volver a los cuarteles, los mexicanos habremos recuperado la paz y la seguridad, y podremos seguir adelante. No habrá otra oportunidad.
Sotto Voce.– El ambiente de seguridad y estabilidad que se vive en el estado de Durango, es otro de los grandes activos que hereda José Rosas Aispuro. La clave fue haber depurado y reestructurado las policías estatal y municipales durante su administración… Reconocimiento a la labor de Tatiana Clouthier como titular de Economía. En los pasillos de Palacio Nacional, se habla de más cambios en el gabinete… Impudicia e inmundicia, la de Silvano Aureoles al autodestaparse como candidato a la Presidencia de la República. Ofende a la sociedad. Mejor debería ocuparse en tramitar un amparo.