Un hecho innegable sobre toda línea de defensa es que resulta útil mientras el tiempo de espera sobre el enemigo no se extiende demasiado, ya que de otro modo se tornan improvisas y, por ende, vulnerables. La analogía sirve para entender lo que ocurre con el grado de inversión de México, el cual se ha defendido por casi una década a base de recortes al gasto. Si embargo, esa trinchera empieza a mostrar su límite físico.
El próximo martes, 8 de septiembre, se cumple el plazo legal para que la Secretaría de Hacienda presente el Paquete Económico para 2027. Retomando la referencia a la línea de defensa, su presentación puede interpretarse como una de las últimas oportunidades para comprometerse de manera creíble con una trayectoria del déficit que les permita preservar la calificación soberana antes de que la ventana de maniobra empiece a cerrarse.
El proceso de consolidación fiscal que arrancó tras el máximo alcanzado en 2024 (cuando los Requerimientos Financieros del Sector Público llegaron a 5.8% del PIB) se ha apoyado casi enteramente en la contención del gasto. Las estimaciones de Finamex estiman que esa métrica alcanzará el 4.4% este año y 3.8% para 2027. No obstante, aunque se trata una trayectoria descendente, el mecanismo para alcanzarla comienza a agotarse. Las cifras de Hacienda muestran que el gasto de capital ha absorbido buena parte del ajuste, mientras las pensiones y el costo financiero, por su rigidez, mantienen su presión secular.
Hay que destacar que buena parte de la mejora observada en el balance de 2025 no vino de un ajuste estructural, sino de una reclasificación contable, puesto que el fondo de Banobras que canalizó apoyo a proveedores de Pemex (equivalente a 0.6% del PIB) mejoró la métrica agregada. Lo anterior resalta que el estándar de lo que las calificadoras aceptarán como consolidación genuina en 2027 será más exigente que el de años anteriores, precisamente porque ya tendrán que distinguir entre ajuste real y ajuste contable.
A la par, la recaudación empieza a exhibir cierta fatiga cíclica. La relación entre actividad económica y recaudación tributaria, que amortiguó buena parte del ajuste de los últimos años, se ha debilitado. Hemo visto que el crecimiento real del impuesto sobre la renta y el de la base de empleo formal se han desacelerado en sincronía con el estancamiento del PIB, por lo que el motor recaudatorio que financió la disciplina fiscal reciente no puede darse por descontado para 2027.
Dicho estándar resulta relevante porque el espacio fiscal disponible ya es estrecho. En proporción de sus ingresos, el costo financiero de la deuda mexicana equivale a cerca de 17.5%, uno de los más altos entre países con calificación crediticia comparable, y muy por encima del de pares como Perú, Uruguay o Filipinas. Cualquier encarecimiento adicional del fondeo, vía una revisión a la baja de la calificación, no sería un costo abstracto, sino que se traduciría de inmediato en un menor margen para sostener el gasto social o la inversión pública sin comprometer la trayectoria de deuda.
Ahí es donde aparece la restricción política. La calificación crediticia se sostiene hoy sobre un margen cada vez más angosto: Moody’s y Fitch mantienen a México a un solo escalón del grado especulativo, mientras S&P lo ubica un peldaño arriba, pero con perspectiva negativa. Parece que el mercado ya no pide más austeridad; sino evidencia de que existe un plan de mediano plazo para el ingreso. No obstante, presentar ese plan tan pronto como este año no sería gratuito: implicaría introducir una reforma tributaria de fondo justo antes de una elección intermedia, con el riesgo de comprometer la mayoría legislativa que hoy sostiene la gobernabilidad.
De ahí que el escenario más plausible sea que el paquete de 2027 incluya modificaciones acotadas: ajustes puntuales a algunos gravámenes, cierre de exenciones y fortalecimiento de la fiscalización del impuesto sobre la renta. Entre 2016 y 2023 la tasa efectiva del ISR ya subió en prácticamente todos los sectores por la vía de la fiscalización, más que por cambios en tasas, lo que sugiere que existe margen adicional para ampliar la base recaudatoria sin abrir todavía el debate legislativo de una reforma de fondo. Serían medidas suficientes para sostener la narrativa de disciplina hasta después de la elección intermedia de 2027.
El Paquete Económico del 8 de septiembre no cerrará por sí solo la discusión sobre el grado de inversión de México, pero puede ser la última oportunidad para levantar, con tiempo, una trinchera de ingresos antes de que el terreno donde se librará esa defensa quede definido por otros. El margen se ha reducido notablemente y las autoridades fiscales deberán calibrar cuál es la mejor opción para evitar la pérdida del grado de inversión. Veremos si son capaces de plantar una línea de defensa efectiva para ello.
