Ahora es la Barra de Abogados de la Ciudad de Nueva York (New York City Bar) la que alza la voz en contra de los atentados a la independencia del poder judicial en México.
La Barra de Abogados de la Ciudad de Nueva York es una organización fundada en 1870, con más de 24,000 miembros, cuyos fines incluyen la defensa del Estado de Derecho dentro y fuera de los Estados Unidos de América.
Esta semana dicha organización emitió un comunicado rechazando firmemente cualquier acción o pronunciamiento a cargo del presidente López Obrador o sus seguidores que interfieran con la independencia del poder judicial en México. En su opinión, los pronunciamientos constantes a cargo del Presidente violentan en forma por demás clara y preocupante principios y estándares fundamentales de derecho internacional.
En efecto, los Principios Básicos de Independencia del Poder Judicial de las Naciones Unidas, adoptados en Milán en 1985, señalan claramente que el poder judicial es el encargado único de emitir resoluciones definitivas que afecten la vida, libertad, los derechos, deberes y bienes de los ciudadanos, debiendo garantizarse la independencia de los poderes judiciales a toda costa, quedando las instituciones gubernamentales obligadas en forma irrestricta a respetar y acatar la independencia de los jueces. Debe garantizarse que los tribunales estén en posibilidad de decidir los asuntos que son sometidos a su atención en forma imparcial, con base en el análisis de los hechos y la aplicación de la ley, sin restricción, influencia, inducción, presión, amenaza o interferencia alguna, directa o indirecta, de persona por motivo alguno. A mayor abundamiento, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José), específicamente los artículos 8 y 25, incluye el derecho irrestricto a un juicio justo y a la protección judicial, y el Sistema Interamericano ha establecido claramente la independencia del poder judicial como un valor y un derecho fundamental. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido y desarrollado jurisprudencia en la que se enfatiza claramente la importancia de contar con poderes judiciales independientes que garanticen el derecho a un juicio justo.
El hecho de anunciar públicamente la investigación de jueces que se pronuncien o emitan resoluciones o suspensiones en contra de los intereses de un gobierno, violenta clara y flagrantemente estándares internacionales y desgas la figura del poder judicial y su independencia, al pretender intimidar a jueces y obstaculizar sus deberes judiciales.
Con independencia de la naturaleza o las particularidades de una decisión judicial, si una parte está en desacuerdo con el actuar judicial, incluido el propio gobierno, existen procedimientos adecuados para solicitar la reversión o modificación de dicha decisión, debiendo observarse y agotarse los recursos, procedimientos y los canales legales, fuera de la esfera y los medios políticos al alcance de los otros poderes de la unión.
El pronunciamiento de la Barra de Abogados de la Ciudad de Nueva York se suma al pronunciamiento de organismoscolegiados en México, que incluyen a la ANADE, la Barra Mexicana de Abogados, el Consejo General de la Abogacía Mexicana y distintas organizaciones empresariales, académicas y de investigación del derecho.
En efecto, diversas organizaciones se han pronunciado en contra de este tipo de conductas en aras de mantener y fortalecer el Estado de Derecho como condición fundamental para el desarrollo y la paz social en nuestro país.
No es asunto menor atentar contra la independencia del poder judicial que tiene a su cargo la salvaguarda de los derechos y las libertades de los mexicanos.
La defensa del Estado de Derecho es algo que debería preocuparnos y ocuparnos a todos los mexicanos, todos los días. Aquí no caben filias o fobias ideológicas o políticas ni la austeridad de agendas electorales de corto plazo.