Francisco Javier Acuña

Reservar información oficial ‘para cuidar a la institución’

Apenas ingresa una solicitud de acceso a información y comienza una trama interna de la burocracia para encontrar el pretexto más adecuado para evitar proporcionarla.

Si fuera por los funcionarios que encabezan las dependencias públicas y agencias gubernativas (sujetos obligados de la ley de transparencia), en un número importante -con muy respetables casos de excepción confirmatoria de la regla- en automático se opondrían a abrir la información para entregarla a quien la hubiera solicitado.

Y no es exageración, se podría comprobar que existe una resistencia genética de los responsables del quehacer público a revelar la información, es más, ni siquiera los detalles de la gestión concluida, menos aun la que transcurre y se encuentra en proceso de ejecución (para la que existe mayor justificación a restringir).

A pesar de la legislación vigente, tanto la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la ley federal de la misma materia, en la mente de la mayoría de las autoridades públicas, lo primero que existe ante una solicitud de información es una predisposición a entregar la información reclamada por la sociedad (y, más aún cuando la solicitud fue dirigida de manera anónima). Apenas ingresa la solicitud comienza una trama interna de la burocracia para encontrar el pretexto más adecuado para evitar la dación de información.

Para cumplir con su deber los funcionarios que integran la unidad de transparencia de cualquier dependencia o institución hacen gestiones internas para ‘liberar’ la información requerida, tendrán que resistir a las acusaciones injustas de estar del lado del solicitante.

Encima, la carga del problema lo asume el mismo funcionario al enviar la respuesta autorizada que, probablemente, provocara irritación en el receptor de esa mala noticia y la necesidad de impugnar respuestas inadecuadas.

La unidad de transparencia es la que dará el rostro al solicitante y casi siempre más que un rostro eso implicará una mala cara. Sin olvidar el trance de antes de ir a entregar la información, cuando se ha decidido reservar parte de la información (no deja de haber una tendencia a querer reservar toda por una interpretación abusiva de las causales de reserva que la ley admite, pero como excepciones a la regla de la máxima publicidad). La inexistencia falaz y las reservas huecas se siguen consolidando y con ello aumentando el índice de recurribilidad de las respuestas aumenta, porque no disminuye como indicador general a pesar de haber cada vez más solicitudes de información. El trance del paso de aquellas respuestas que implican reserva o confidencialidad, o de plano inexistencia de lo pedido, debe ocurrir mediante sesión del comité de transparencia, integrado por tres funcionarios de alto nivel de cada sujeto obligado y debiera ser un ejercicio que calibre las razones jurídicas para cerrar o negar información. Por desgracia ese proceso no se zanja con riguroso apego a una interpretación en extenso de la apertura informativa sino, al revés, como un termómetro dirigido a resolver en sentido opuesto, como si cerrar información sea la vía, la única forma de cuidar a la institución.

Apenas ajustará 20 años la ley federal, instrumento legislativo aprobado en junio de 2002 inició su vigencia un año después y la aventura democratizadora no ha superado la face de la intermitencia.

A pesar de los avances, sin lugar a dudas la legislación federal y estatal han evolucionado pero, problema es su vigencia efectiva, en cuanto a poder asegurar que sus disposiciones calen hondo en el sentido del deber de la enorme burocracia que debe observar sus procedimientos y hacerlo de modo sistemático y no bajo los supuestos de baja intensidad. Resulta inevitable advertir que en los últimos tres años se han recrudecido las prácticas inadecuadas y las excusas artificiales como una vía absurda pero eficaz. La República, para serlo, debe estar hecha de aparadores de cristal para exhibir la mayor parte de las decisiones adoptadas por y para el bien general. Espero que nuestra república -todavía- en proceso de construcción supere pronto la prueba de la intermitencia. Las instituciones creadas para resolver ese problema creado y progresivo no son costosas, son imprescindibles para conseguir lo que lo se ha querido, sabido y podido hacer. Sí, que la información sea nítida y espontánea. La opacidad, fuente de autoritarismo y corrupción, esa sí es un dispendio sostener.

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