Colaborador Invitado

La contratación pública sustentable, una herramienta estratégica para el apoyo a la consecución de políticas económicas, sociales y ambientales

En estos días se está llevando a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas un congreso internacional denominado “Contratación Pública ante el nuevo contexto internacional”.

Entre la vasta oferta académica que ofrece la UNAM, en estos días se está llevando a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas un congreso internacional denominado “Contratación Pública ante el nuevo contexto internacional”, que comenzó el martes 17 y concluye el día de hoy, jueves 19 de mayo.

Este evento, coordinado por los profesores Miguel Alejandro López Olvera, Rodolfo Cancino Gómez, Sergio Martin Esquivel y Pavel Huertas Cabrera, se realiza anualmente y convoca a múltiples estudiosos de la actividad contractual del Estado, con la finalidad de abordar y reflexionar acerca de los temas de avanzada, así como de las preocupaciones que, al escucharnos, se vuelven lugares comunes para todos nosotros.

La edición de este año no ha sido la excepción, pues ha abordado temas como la innovación tecnológica en la contratación pública, su gestión a la luz de los tratados internacionales comerciales y de derechos humanos; el comercio internacional; el medio ambiente y la sustentabilidad, el conflicto de interés en dicha actividad y el modelo estratégico de contratación en el sector salud, entre otros.

Como en la edición anterior, tuve el honor de ser invitado a participar, ahora en la mesa de medio ambiente y sustentabilidad en la contratación, integrada en buena medida por varios profesores de origen español, colombiano y chileno, además de mexicanos. De las exposiciones de los asistentes se pudo advertir que la contratación sustentable no tiene punto de retorno, se trata de una herramienta valiosa para gestionar diversas actividades y políticas públicas sobre todo de orden social, ambiental y económico.

Sin embargo, también pudimos observar que tenemos problemas comunes, se trata de una herramienta que el gobierno se ha esforzado poco por fomentar y desarrollar a través de medidas sustantivas, procedimentales, contractuales, legales, reglamentarias o administrativas que permitan utilizar a la contratación pública como un medio para desarrollar políticas públicas sustentables, es decir, políticas que tienen por objeto cumplir con necesidades de orden social, económico y ambiental.

También se expuso por uno de los disertantes que dejar en manos de las empresas esquemas de participación o autorregulación en este tipo de actividades, no ha generado los resultados buscados, por lo que el reto que se viene en esta materia podría consistir en generar esquemas de cumplimiento obligatorio de cláusulas sociales, ambientales y económicas, cuyo cumplimiento ya no sea potestativo para el particular y que, por el contrario, tendrá que acatar si desea participar en los procedimientos de contratación, como parece ser que es para donde ha apuntado la regulación europea en los último años.

En el año de 2007 se dio un cambio decisivo en materia de contratación sustentable, pero a todas luces insuficiente, en ese año se reformó la legislación y se establecieron, entre otras medidas, la necesidad de realizar la contratación de bienes y servicios buscando asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes. También se establecieron ciertas condiciones para la adquisición de papel para uso de oficina y para la adquisición de bienes de madera, muebles y suministros de oficina fabricados con madera.

Sea cual sea el resultado, la contratación sustentable es importante considerarla, ya no solamente como un instrumento de política pública, que ha buscado hacerse un espacio desde 1992 en las legislaciones estatales a nivel internacional, sino que debe valorarse su inclusión como una estrategia más de la política de contratación, es decir, como parte de la política pública diseñada para el desarrollo de la actividad contractual de los estados.

Durante la administración anterior se buscó dar auge a esta estrategia de contratación, incluso estaba delineada en el Plan Nacional de Desarrollo y se generaron documentos programáticos para concretarla, tal es el caso de la Estrategia Nacional de Producción y Consumo Sustentable (ENPyCS), generada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Programa Especial de Producción y Consumo Sustentable (PEPyCS), con el fin de vincular las diferentes instancias del sector público involucradas con la producción y el consumo, así como al sector privado y social, para transitar hacia estilos de vida y patrones de producción y consumo sustentables.

En el Programa de referencia se establecieron medidas para fomentar esta estrategia, como es el caso de compras de productos que tengan los Sellos A y B del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE); compras de productos de madera certificados conforme a la Norma Mexicana NMX-AA143-SCFI-2008, para la certificación del manejo sustentable de los bosques y compras de productos que tengan la certificación ambiental de SEMARNAT de ecoetiquetado.

No tengo conocimiento de que, durante esta administración, se haya generado un nuevo programa con las características del expedido en la administración Peña Nieto, ni siquiera se advierte que se le esté dando continuidad.

No obstante, hay muchas otras medidas que representan elementos de compras sustentables, como es el caso de los apoyos a las micro, medianas y pequeñas empresas, que pueden ser beneficiadas con puntos adicionales en la evaluación de sus propuestas en un procedimiento de contratación, si acreditan que los bienes que producen cuentan con una innovación tecnológica o bien, cuando una determinada empresa acredita contar con trabajadores con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses o bien empresas que hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto, en términos de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

La contratación debe dejar de verse solamente como un instrumento que provee de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades materiales más inmediatas del Estado y debe de convertirse en una herramienta estratégica, que permita al mismo tiempo gestionar muchas otras metas y fines que también resguarda el interés general, no solamente económicos, también sociales y ambientales.

Juan Otero Varela

Dr. Juan Manuel Otero Varela

Profesor investigador y director académico del programa de Maestría en Derecho Administrativo en el Posgrado de la Facultad de Derecho de la UP; miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; y miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo.

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