Para que nuestra legislación en materia de transparencia sea considerada la segunda mejor en el mundo, de acuerdo con el Ranking Global del Derecho a la Información (The Right to Information Rating), tuvieron que pasar años de luchas sociales y del impulso de colectivos con un objetivo: avanzar en transparencia y rendición de cuentas para que lo público fuera realmente público.
La historia nos muestra que, para llegar al presente, tienen que conjugarse sucesos que dan forma al pasado. La primera Ley Federal de Transparencia se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002 y algunos precedentes fueron: la reforma de 1977 al artículo sexto constitucional; el ‘caso Burgoa’, donde el reconocido abogado solicitó información sobre la deuda externa; la conformación del grupo Oaxaca, del cual mi compañero del INAI, Francisco Javier Acuña formó parte; o el periodo histórico entre 2002 y 2007 que Alonso Lujambio llamó “un boom heterogéneo en materia de transparencia”, solo por mencionar algunos.
Tengo la satisfacción de formar parte de este proceso histórico. En Zacatecas se publicó la primera Ley de Acceso a la Información Pública el 14 de julio del 2004 en el suplemento 56 del periódico oficial. Teníamos 12 meses para su entrada en vigor y en septiembre de ese mismo año fui designada por Amalia García Medina, entonces gobernadora del Estado, como coordinadora de los trabajos previos a su puesta en marcha. Se nombraron comisionados de la primera Comisión Estatal el 11 de noviembre, teníamos que elaborar reglamentos, habilitar enlaces (hoy Unidades de Transparencia) y crear un portal de transparencia. Fue así como el 15 de julio de 2005 se puso en marcha este derecho por primera vez en la historia de Zacatecas.
Después, en 2007 tuve el honor de formar parte del grupo técnico de la ‘Declaración de Guadalajara’, iniciativa de los gobernadores de Zacatecas, Aguascalientes y Chihuahua para plasmar en la Constitución los propósitos básicos de transparencia para todo el país, además de integrar el principio de máxima publicidad. Cómo olvidar el sistema Infomex, el cual llegó a Zacatecas el 6 de agosto de 2009 y tuve la responsabilidad de ponerlo en funcionamiento.
Las exigencias en la materia nos llevaron a una de las más importantes reformas al artículo sexto constitucional el 7 de febrero de 2014. Se amplió el número de sujetos obligados, se propició la creación del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y se otorgó autonomía a los órganos garantes. El 4 de mayo de 2015 se publicó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que estableció las bases mínimas del derecho a saber y mandató la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
En el caso de la PNT, nadie puede negar que es un pilar que fortalece la vida democrática. Hoy la Plataforma cuenta con 6,522,968,494 registros de obligaciones de transparencia, lo que la convierte en el repositorio de información pública más grande del país. He participado en los trabajos de la Plataforma desde que era comisionada local en Zacatecas, cuando fui coordinadora de la Comisión de Tecnologías y PNT del SNT, y ahora que tengo el más alto honor como comisionada del INAI, trabajo colaborativamente en su administración con mi colega Oscar Guerra Ford.
Con los avances tecnológicos nos enfrentamos a dos retos: que la PNT sea una herramienta para que la sociedad acceda de forma rápida y sencilla a la información, y por otro, poner en marcha mecanismos para que la brecha digital no sea un impedimento para ejercer el derecho a saber.
El reto es grande, pero quienes trabajamos por y para la transparencia lo aceptamos con honor. A 20 años de las primeras leyes de transparencia en nuestro país, vale la pena mirar el retrovisor, reconocer lo que como sociedad hemos logrado y asumir el reto de seguir haciendo historia a favor de las libertades informativas y la rendición de cuentas.
La autora Norma Julieta del Río Venegas es comisionada del INAI.