México parece estar lejos de Ucrania, pero en el siglo XXI vivimos íntimamente interconectados: en el sistema de pagos, en las telecomunicaciones, en el suministro de hidrocarburos, y en la producción de alimentos y de microchips.
Así como la pandemia afectó al mundo, la magnitud y los efectos no han sido los mismos para los países ni para las personas. Mientras Estados Unidos está 3.1 por ciento por encima de su nivel prepandemia, México aún no regresa ni siquiera al nivel de 2019 tras la caída de -8.4 por ciento en 2020. La pandemia agarró a México en un momento en el que la economía ya venía contrayéndose desde 2019, mientras que la de EU se expandía a una tasa por arriba de 2.3 por ciento anual (promedio 2010-2019).
En esa misma lógica, una guerra en Ucrania no va a pasar desapercibida para la economía global, y a México esta crisis lo coge nuevamente en mal momento: en 2021 la economía no alcanzó a recuperarse; el rezago que prevalece en sectores como el transporte (6.81 por ciento del PIB), la construcción (6.32 por ciento del PIB) y los servicios educativos (3.9 por ciento del PIB) y financieros (4.8 por ciento del PIB), entre otros, nos coloca en una posición de franco estancamiento. Estamos produciendo lo mismo que producíamos en 2016. Y ahora la guerra.
El conflicto armado entre Rusia y Occidente tiene tres efectos económicos directos que no tardan en hacerse patentes en la de por sí dañada economía familiar: el incremento en los precios de los energéticos y por consiguiente una mayor inflación –sí, todavía mayor–; un boquete en las finanzas públicas que no se subsanará con el ingreso adicional con la subida del precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo y, por tanto, recortes en los servicios o en la operación del gobierno; y el riesgo latente de que el peso se deprecie, al igual que el resto de las monedas emergentes, en caso de una escalada en las tensiones globales.
Rusia es el segundo exportador de petróleo mundial después de Saudiarabia y provee 40 por ciento del gas natural que consume Europa, por lo que el conflicto armado entre Rusia y Occidente implica que muchos países con capacidad de almacenamiento comprarán y acumularán gas y petróleo, aumentando la demanda global. Los precios de los energéticos aumentarán y, como consecuencia, también el precio de los bienes intermedios y de consumo final. Todo ello en un contexto donde la inflación no acaba de ceder tras los confinamientos de 2020.
Para México, que importa cerca de 70 por ciento del gas natural y gas LP, y al menos 50 por ciento de la gasolina que consume, un aumento abrupto de los precios internacionales de los hidrocarburos tiene consecuencias. Por el diseño impositivo y fiscal que tenemos, a las gasolinas se les aplica un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que Hacienda ajusta cada año. Hacienda aplica paralelamente estímulos fiscales al consumo de gasolinas que ajusta semanalmente para que el precio de la gasolina no cambie tanto ni tan rápido. Si el precio de los hidrocarburos en el mundo sube mucho, el estímulo fiscal a las gasolinas podría acabar siendo insostenible, aumentando la presión sobre las finanzas públicas. Es decir, no hay dinero público que alcance si de pronto el gobierno acaba subsidiando el precio de la gasolina por encima del ingreso que le genera. Como el presidente López Obrador ha prometido que no habrá gasolinazos, podría estar dispuesto a pagar los estímulos a costa del dinero que se destina a otras labores de gobierno, como el gasto operativo o la inversión en infraestructura pública, que de por sí ya es insuficiente con apenas 3.1 por ciento del PIB.
Además, cuando hay incertidumbre en los mercados internacionales por choques externos como pandemias o guerras, generalmente las monedas de economías emergentes –entre ellas México– sufren depreciaciones porque los inversionistas mueven sus capitales hacia instrumentos menos volátiles y más seguros, como el oro o el dólar norteamericano. En un momento dado, la escalada de las tensiones entre la OTAN y Rusia podría tener efectos importantes en el tipo de cambio peso-dólar. En este escenario, se encarecerían los bienes importados, tanto los que llegan a los consumidores como los que se usan para producir otros bienes y servicios.
Un incremento sostenido del precio de los hidrocarburos –así fuera mitigado en parte por los estímulos fiscales– inevitablemente tiene efectos en el poder adquisitivo de las familias, pues presiona el costo de los alimentos y otros productos de primera necesidad, y limita el poder de acción del gobierno.
Todo esto llega en un mal momento en el contexto internacional. El presidente Joe Biden (EU) enfrenta una importante caída en su aprobación, lo cual fortalece la posición de Rusia en un conflicto donde cualquier despliegue de poder –político, nuclear, militar, cibernético– cuenta.
Sofía Ramírez Aguilar es directora de México, ¿cómo vamos?