La economía mundial en 2023 volvió a enfrentar una creciente inestabilidad, tal como la atestiguan los últimos acontecimientos del canal de Suez, la ofensiva israelí sobre sus vecinos y la prolongación de la guerra en Ucrania. En América Latina, la inestabilidad parece ser una cuestión cotidiana: el sur de Guatemala está en el hilo de la disrupción democrática ante la toma de posesión de Bernardo Arévalo en enero; el cono sur vive conmocionado con los acontecimientos de Argentina, en donde el presidente Milei ha optado por la reducción de las instituciones; en Chile se mostró la dificultad para modificar el orden constitucional de la dictadura; en Perú y Ecuador enfrentan problemas de gobernabilidad; Colombia con un complicado panorama político que obligó a modificar la reforma fiscal que daba elementos al gobierno del presidente Petro para las reformas que buscaba instrumentar. Frente a este panorama se abre una luz de esperanza en Costa Rica, en donde se vislumbra un crecimiento de 4.9 por ciento, la economía de Panamá con la expectativa de alcanzar un 6.1 por ciento, y México, con una expansión de 3.5 por ciento, jalando a las economías de Guatemala y Honduras, que registrarán una expansión similar a la mexicana.
¿Qué nos advierte este panorama? Manifiesta una América Latina fragmentada y con riesgos de gobernabilidad, la fractura democrática da muestras de que la región no ha logrado un consenso sobre la forma de cómo estructurar el poder democrático, para impulsar el crecimiento y la redistribución. Uno de los problemas que enfrenta la región es la debilidad de Estados Unidos, cuyo crecimiento se ha debilitado y sus efectos de arrastre son cada vez menores, debido al debilitamiento de las cadenas de valor que están siendo superadas por las economías de Asia, especialmente de China. Estados Unidos presenta un panorama de debilidad estructural, en 2023 la expectativa es que crezca 2.4 por ciento, debilitándose para 2024 con sólo un 1.7 por ciento. Este debilitamiento de la economía hegemónica impacta a la región debilitando las expectativas de crecimiento, lo que se combina con estructuras de poder en cada país, que en lugar de resolver obstruyen el crecimiento.
Este entretejido de poder y economía requiere que los gobiernos de la región entiendan que estamos en la era de las interacciones estratégicas. Con la movilidad se acentuaron los movimientos de capital, pero también la movilidad de las personas y con ello se crearon escenarios no esperados que complican el panorama regional. Los gobiernos de América Latina tienen que adoptar una política clara para las migraciones, las cuales tienden a crecer en forma exponencial, afectando especialmente a México ya que es lugar de paso hacia Estados Unidos. El perfil migratorio ha cambiado. Los países del triángulo norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) ya no son los únicos en expulsar a su población. Ahora hay que sumar niveles sin precedentes de personas migrantes que llegan por tierra a México, cruzando a través de Centroamérica desde Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Haití, o incluso desde países de África, Asia, y Europa. A lo anterior, se han sumado grupos antimigrantes en Estados Unidos que proponen endurecer su ingreso, como es el caso de Texas, en donde el gobierno de Texas acaba de emitir la Ley Abbott, que endurece las medidas en contra de los inmigrantes en ese estado. Entre otros puntos, otorga poder de deportación inmediata a autoridades locales y estatales. Esta postura ha sido retomada por el partido republicano como bandera para la elección presidencial de 2024.
A esta situación se ha sumado la continua desestructuración de los mercados laborales en la región, en donde la informalidad abarca un 27.4 por ciento en Chile, 48.3 por ciento en Argentina, 81.5 por ciento en Bolivia, 68.1 por ciento en Perú, 58.1 por ciento en Colombia, 38.5 por ciento en Brasil y 56.6 por ciento en México. Esta gran fractura de los mercados laborales da cuenta de una falta de institucionalidad en la región, haciendo más difícil la gobernanza y da cuenta de la dificultad que han tenido los gobiernos de la región para establecer una institucionalidad que garantice los derechos de los trabajadores.
Sin lugar a duda la solución sería un mayor crecimiento en la región, ya que permitiría resolver estas disparidades; sin embargo, el panorama de crecimiento para 2024 es sumamente desigual. De acuerdo con Naciones Unidas, para 2024 se espera menos avance, con estimados de 1.4 por ciento para Sudamérica, 2.7 por ciento para Centroamérica y México, y 2.6 por ciento para el Caribe (sin Guyana). Entre los factores que limitan el crecimiento, CEPAL destaca el restringido espacio interno de la política fiscal y monetaria que enfrentan los países de la región, ya que los niveles de deuda pública, si bien se han reducido, son aún elevados, lo que, sumado al aumento del costo del financiamiento, restringe el espacio fiscal. Bajo esta perspectiva cobra fuerza la política de nearshoring impulsada por Estados Unidos, ya que sería una forma de fortalecer a las economías de la región y con ello, reducir los flujos migratorios. Queda claro que la única vía para fortalecer a las economías de la región es mediante un crecimiento mayor y para ello se requieren mayores flujos de inversión extranjera y políticas internas en cada país que potencien estas inversiones. Se requiere que los países latinoamericanos establezcan políticas industriales que potencien el crecimiento y aprovechen este impulso para reestructurar sus economías de forma que fortalezcan los mercados labores para potenciar a sus recursos humanos y con ello, reducir la migración hacia el norte, es una ardua tarea que requiere de imaginación y oficio. Es una nueva oportunidad que se abre a México y al resto de las economías latinoamericanas, es una nueva ventana de oportunidad que esperamos seamos capaces de aprovechar para dinamizar a las economías de la región.