Nuestro país ha transitado en un proceso pacífico de renovación institucional durante los últimos noventa años, inédito en la región latinoamericana. Este proceso se dio en un esquema de partido único hasta el año 2000, con la entrada del nuevo siglo y la creación de instituciones democráticas como el Instituto Nacional Electoral y su transformación en Instituto Federal Electoral se garantizó una verdadera alternancia, así se abrió la puerta a partidos de derecha y de izquierda, con la recurrencia al partido oficialista en el proceso. La singularidad del recambio institucional en que estamos inmersos ha sido el debilitamiento de los partidos tradicionales y un rejuego dentro del partido en el poder con tintes que resemblan al partido oficial del siglo pasado.
El proceso se ha iniciado con un total desarreglo institucional, antes que nada, ninguno de los contendientes hacia el interior del partido oficial y en la oposición, ha preparado un planteamiento ordenado y sistemático de sus posiciones en torno a los grandes problemas nacionales. Esto ha abierto el espacio para un rejuego que degrada la vida institucional, como iniciar la campaña con una limpia, o la visita a un templo traspasando la vigencia del Estado laico. En realidad, este proceso debería estar conjugando planteamientos de renovación, definiendo cambios en las estructuras para adaptar más a la sociedad y a la economía a los grandes retos que enfrenta el país para establecer una sociedad menos desigual, mediante el establecimiento de un piso social básico institucional que permitiera un ensanchamiento de las clases medias a través de una auténtica movilidad social.
La sociedad deberá ser la que demande este cambio, en vez de conformarse con discursos huecos y sin contenido, que buscan simplemente ganar el beneplácito del gran elector. Al oficialismo se unen los planteamientos de la oposición desestructurados y sin contenido de cambio, lo que lleva a aceptar de facto el continuismo político, que fundamenta una estructura de poder basada en los privilegios y no en el esfuerzo del trabajo. Frente a este debilitamiento intelectual de la política, es momento de un análisis objetivo que recobre las grandes ideas del estado de bienestar fundamentados en las organizaciones de la sociedad civil y especialmente de los sindicatos del campo y de la ciudad, que ponga un límite a las displicencias del poder para construir un auténtico piso social que garantice los mínimos del bienestar de las mayorías.
No es una cuestión menor la captura del Estado por parte de los grandes capitales, los cuales conviven en medio del discurso oficial con sus privilegios, con la promesa de que invertirán cada vez más, sin embargo, la inversión privada como porcentaje del PIB es sólo del 17,6 por ciento y que es complementada con un 2,7 por ciento de la inversión pública. El país, para crecer más aceleradamente, requiere invertir un mayor porcentaje del PIB para, por este medio, generar los empleos suficientes en la formalidad y que con ello se reduzca el espacio de la informalidad, que es una forma de mantener a gran parte de los trabajadores en condiciones precarias, hoy la informalidad alcanza al 57 por ciento de la población.
Parece poco factible que de mantenerse esta captura del Estado se pueda plantear una reforma fiscal, ya que la misma implicaría afectar a los grupos del privilegio. En esta perspectiva, la oposición se ve obligada a plantear un nuevo pacto fiscal porque es poco probable que hacia el interior del partido en el poder se pueda recrear la idea de una reforma fiscal amplia que garantice un piso social básico. Esta captura del Estado por parte de los grandes capitales es la que ha impedido una reforma fiscal integral. En este sentido, los responsables de las finanzas públicas claman por un mantenimiento del status quo, para evitar conflicto con los grandes capitales del país. Un debate abierto sobre el tema contribuiría a dilucidar hasta dónde se podría transitar hacia un sistema impositivo que garantice la reinversión de las utilidades y no su consumo.
Estos elementos hacen pensar que todavía es tiempo de cambiar el rito de la renovación institucional para darle un contenido de progresividad a las finanzas públicas y con ello garantizar un piso social básico más amplio. No es una tarea fácil, pero es momento de exponer claramente la captura que sufre el Estado por parte de los grandes capitales y que impiden el tránsito hacia una sociedad más igualitaria fundamentada en una mayor progresividad en el sistema fiscal mexicano.