Claudia Olguín

Vivienda, metas y estructura

Subir al discurso público el problema de la vivienda oxigena a una industria que, ante las condiciones del mercado, migró a otras entidades del país.

La inclusión de la vivienda en los 100 puntos planteados por la administración pública entrante trae al escenario un tema por demás estratégico en el mundo inmobiliario.

Las posibilidades de construir un millón de viviendas populares, integrar un plan de escrituración y activar un programa de espacios habitacionales en renta con opción a compra son factibles, pero requerirán de políticas y acciones puntuales.

En la construcción del parque habitacional la industria lo ve factible dado que cada año en México se financian alrededor de 500 mil unidades nuevas y usadas, no obstante, la meta en sí misma es un handicap dado que la edificación de unidades en la administración saliente registró una caída de 48 por ciento.

Este escenario, que la primera mitad del año en curso acumuló una tasa negativa de 27 por ciento en producción de unidades, explica el crecimiento del déficit que supera los 8 millones de viviendas, de acuerdo con Canadevi y Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

La profundidad del déficit complica el escenario de proyección, dado que en el pasado reciente se calculaba con base en el número de matrimonios creados cada año, hecho que cambió debido a que hoy existen al menos 11 tipos de familias.

Es por ello que en SHF se integró un modelo econométrico que permite definir dicho déficit.

Respecto al programa masivo de escrituración es necesario porque pone orden a las viviendas que no están en regla, no obstante, debe aclarar en su instrumentación los beneficios al propietario de hacerlo porque requiere el pago de impuestos.

Es un tema importante, si se recuerda que hasta 2022 existían casi 10 millones de viviendas sin escrituras, de las cuales, sólo 1 por ciento fueron regularizadas en ese lapso.

Más aún es relevante, si se considera que la falta de tenencia segura se profundiza de la media nacional de 16.3 por ciento, respecto a las unidades ubicadas en la población indígena y comunidades rurales, donde la proporción crece a 23.6 y 25.3 por ciento, respectivamente.

Adicionalmente, en el discurso del pasado 1 de octubre, la actual administración señaló que estas acciones las complementará con infraestructura para conectar el oriente del Estado de México, en específico en municipios como Chalco, Ecatepec, Texcoco y Los Reyes La Paz, entre otros de la región.

Finalmente, también importante es el programa de vivienda popular, que pretende dar acceso a los jóvenes de entre 18 y 35 años a propiedades en renta con opción a compra.

Dicho plan iniciaría en Ciudad de México (CDMX), con 158 unidades, con un universo de inmuebles en renta promedio de cinco mil pesos en zonas céntricas, tema que sin subsidios e incentivos se ve prácticamente imposible ante la falta de poder adquisitivo de los usuarios.

Con todo, subir al discurso oxigena a una industria que, ante las condiciones del negocio, no sólo migró a otras entidades del país, sino que enfocó su mirada en zonas donde se veía la demanda de vivienda para atender la fuerza laboral, es el caso de los trabajadores del nearshoring, que sólo en dos mercados requerirían 420 mil casas.

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