Los datos sobre educación superior del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum dan cuenta de dos delicadas realidades:
1) Entre 2018 y 2026, el presupuesto federal a las universidades públicas ha sufrido una contracción real de 31 por ciento y,
2) Tres de cuatro estudiantes adicionales de nivel superior atienden la modalidad de educación a distancia, por lo que no acuden a las aulas.
La penuria financiera impuesta a las instituciones de educación superior públicas daña a los jóvenes en edad universitaria, limitando sus oportunidades educativas y de movilidad social.
Afecta sobre todo a las universidades de los estados que operan en condiciones cada vez más precarias, con dificultades para renovar sus plantas académicas e invertir en equipamiento —laboratorios, bibliotecas, cómputo—, mientras acumulan presiones financieras (la ANUIES estimó en 2025 un déficit acumulado por las universidades públicas de 50 mil millones de pesos desde 2019).
Pero el recorte presupuestal a la educación superior pública también termina por lesionar al gobierno ante las comunidades universitarias, pues los hechos contradicen que exista un compromiso real con la docencia, la investigación y la difusión de la cultura que realizan las instituciones educativas públicas. El daño agregado es a las posibilidades de desarrollo del país.
Pero nada obliga a persistir con la asfixia a la educación superior pública. Lo deseable es rectificar y aprovechar los cuatro años que le quedan a este gobierno de formulación de presupuestos para remontar el castigo financiero y fortalecer a las universidades públicas.
El presupuesto federal a la educación superior en 2026, de acuerdo con el Segundo Informe, ascendió a 186,033 millones de pesos. El monto asignado al mismo rubro en 2018, a precios actuales, fue de 268,660 millones.
Para regresar a lo que se otorgaba en 2018 en un plazo de cuatro años, sería necesaria una ampliación, en términos reales, de 9.62 por ciento anual entre 2027 y 2030.
Lo anterior significaría que para 2027 el financiamiento federal a la educación superior tuviera un aumento en términos reales de 17.9 mil millones. Para 2028, otro incremento real de 19.6 mil millones. En 2029 de 21.5 mil millones y de 23.6 mil millones en 2030.
En total, es una suma adicional, acumulada en cuatro años, de 82.6 mil millones de pesos. Se trata de una ampliación promedio de 20.6 mil millones de pesos al año.
Fuera de contexto puede parecer una cifra alta, pero representa al año apenas una cincuentava parte (el dos por ciento) de lo que se planea otorgar en los criterios generales de política económica para 2027 a los programas sociales.
Incluso sin ampliar los recursos fiscales, un mínimo ajuste en la partida de transferencias, dejando intactos 98 de cada cien pesos previstos, liberaría los recursos suficientes para revertir el castigo a las universidades públicas.
Desde otro ángulo, puede decirse que el monto adicional requerido para la educación superior pública resulta un poco mayor que lo que la Secretaría de Hacienda tiene previsto destinar en 2027 al Tren Maya (al que se le darán 17.2 mil millones de pesos), a pesar de ser un proyecto inviable desde el punto de vista económico y nocivo desde el ambiental.
La cifra que se necesitaría para comenzar a recuperar los recursos hacia las universidades es menor que lo que abarcan las transferencias directas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que recibirá en 2027 casi 26 mil millones de pesos.
Es llamativo que, mientras que el gasto anual por alumno en la educación superior pública sea de 61 mil pesos, se den al año 115 mil pesos de apoyo a jóvenes que no tienen trabajo ni estudian (9,582 pesos al mes).
El gobierno federal destina en transferencias directas a un aprendiz casi el doble de recursos que a la inversión en la preparación de un profesionista o posgraduado en una universidad pública. Los programas sociales se han extendido a costa del gasto en desarrollo.
De acuerdo con la Constitución, la confección del presupuesto del gobierno federal se nutre de la ley de ingresos, que pasa por el Senado de la República, y la política de gasto recae en la Cámara de Diputados a propuesta del Ejecutivo.
Desde hace ocho años, todo el circuito de decisión de las finanzas públicas está en manos de una sola fuerza política.
En Palacio Nacional recae la decisión de revertir el castigo financiero a la educación superior pública o de continuarlo.