La economía de México comenzó el año en contracción. De acuerdo con el indicador preliminar, durante el primer trimestre de 2026 el PIB cayó 0.8% con respecto al último trimestre de 2025. Los tres componentes de la oferta cayeron: la industria, que ya venía con debilidad, se contrajo 1.1%, los servicios, que habían sido resilientes, cayeron 0.6%, y las actividades primarias tuvieron una caída de 1.4%.
Este dato pone un sesgo a la baja a los pronósticos de crecimiento para el año. Hay quienes sostienen que esta contracción se explica por factores externos. En particular, por la incertidumbre en torno a la política comercial y a la guerra en Irán. Esto es incorrecto. La guerra comenzó el 28 de febrero, por lo que solamente explicaría el último mes del trimestre. Pero la contracción ya estaba presente en enero y febrero, cuando no se sabía que Estados Unidos e Israel atacarían a Irán. El IGAE, el indicador proxy del PIB mensual, tuvo una caída de 0.7% en enero y en febrero apenas creció 0.1%. Con esto, en el periodo enero-febrero, antes de que comenzara la guerra, la economía habría caído 0.5% respecto a los dos meses previos y crecido solamente 0.1% respecto al mismo periodo de 2025. Es decir, el conflicto no explica la debilidad pues la economía ya estaba estancada.
El país está en un ciclo de muy bajo crecimiento desde hace año y medio. Esto se debe al mal desempeño de la inversión, que durante 2025 se contrajo más de 6%: su caída más fuerte (sin contar el año de la pandemia), desde la crisis financiera global. Y este año esa debilidad de la inversión persiste: ayer se dio a conocer que en febrero la inversión cayó 0.8% respecto a enero, cuando a su vez había caído 1.2% respecto a diciembre de 2025. En febrero la inversión en maquinaria y equipo cayó 2.3% respecto a enero y se desplomó 9.1% respecto a febrero de 2025. La construcción aumentó solamente 0.1% a tasa mensual, gracias a la resiliencia de la inversión residencial. Pero la no residencial cayó 0.1%, debido a que la inversión en infraestructura sigue muy débil, en parte por un fuerte subejercicio del gasto público en este rubro. Así, en los dos primeros meses del año la inversión cayó 3% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando ya había una contracción.
La debilidad en la inversión de los dos últimos años ha resultado en una fuerte desaceleración en el ritmo de creación de empleos, lo que a su vez ha traído una desaceleración en el consumo. Todo esto debilita la economía.
¿Qué explica este mal comportamiento de la inversión? Sabemos que no es la incertidumbre respecto a la política comercial de Estados Unidos, ya que la caída en la inversión antecede incluso a que se supiera que Trump volvería a ser presidente. En mi opinión la verdadera causa es el enorme clima de incertidumbre respecto al Estado de derecho en el país. La reforma judicial, los cambios a la ley de amparo, la posibilidad de que se cierren cuentas bancarias con discrecionalidad y sin que los titulares puedan defenderlo ante un sistema judicial independiente, la incertidumbre fiscal: todo esto explica la atonía en la inversión.
La presente administración ha detectado correctamente que la débil inversión es la razón por la cual el crecimiento es insuficiente y ha dado todo tipo de señales para remediarlo. Están el Plan México, la Ley de Inversión en Infraestructura y, más recientemente, lo relativo a la simplificación de trámites. Todo eso es positivo, pero no ataca la raíz del problema.
Si se quiere reactivar la inversión, hay que tomar medidas para revertir la incertidumbre judicial. Lo ideal sería revertir la reforma, pero si políticamente hoy esto no es posible debe trabajarse en que la implementación a nivel estatal sea lo menos perniciosa posible, posponer las elecciones de 2027 para preservar a los jueces que sobreviven del sistema anterior y lograr un mejor diseño del sistema en su conjunto.
En general, la concentración de poder y la erosión de los contrapesos son negativos para la inversión y el crecimiento económico, como lo ha documentado el Premio Nobel de Economía Daron Acemoglu. Es cierto, hay excepciones como China o Singapur, pero en la mayoría de los casos la construcción de un Estado de derecho confiable, con contrapesos institucionales e instituciones inclusivas, explica por qué los países desarrollados han llegado a donde están.
Si se quiere que el país crezca más —y con ello se reduzca la pobreza— es necesario detener el proceso de concentración de poder y erosión de las instituciones.