Hace unos días la Secretaría de Economía (SE) publicó las cifras de inversión extranjera directa (IED) correspondientes a 2025. Se trata de una buena cifra en comparación con los últimos años: entraron al país 40,800 millones de dólares, y considerando que son preliminares, el número final seguramente será mayor. Si bien se trata de un récord histórico, una economía del tamaño de la mexicana, con acceso preferencial al mercado de Estados Unidos, debería recibir mucha más. Por citar un ejemplo, Brasil recibió el año pasado algo más del doble que México.
La información dada a conocer indica que la IED nueva creció 132% respecto a 2024, llegando a 7,300 millones de dólares, lo cual es muy positivo, aunque hay que destacar que veníamos de cifras muy bajas.
La mayor parte de la IED que se registró correspondió a reinversión de utilidades (68%), lo que para algunos no es tan positivo, pues según ellos lo que tiene mayor impacto es la inversión nueva. Difiero. No hay que menospreciar la reinversión de utilidades pues finalmente son inversiones que tienen el mismo potencial para impulsar el crecimiento como las nuevas. Se trata de empresas que ya operan en el país y que tienen confianza para seguir haciéndolo: no es mala señal. Además, en un país donde ya operan muchas de las empresas internacionales más importantes del mundo, no se puede esperar el mismo ritmo de inversión nueva que en países con menor presencia de este tipo de firmas.
Ahora bien, vale también mencionar que la IED del cuarto trimestre fue negativa: cayó en 5,000 millones de dólares. Creo que no hay que sacar demasiadas conclusiones a partir del dato de un sólo trimestre; no se puede concluir que esto representa un cambio de tendencia. Además, es muy factible que esta contracción se explique por el reparto de dividendos de empresas extranjeras hacia sus matrices al cierre de año.
Con respecto a su origen, es de destacar que casi la mitad de la IED provino de Estados Unidos y Canadá, nuestros socios en el T-MEC. Esto es señal de que, a pesar de la retórica política, continúa la integración económica regional y esto es así porque tiene sentido económico: las tres economías de América del Norte se complementan bien entre sí. Creo que en los próximos años veremos, muy probablemente, una integración todavía mayor.
En este mismo sentido, y a pesar del ruido mediático, hay que señalar que la IED proveniente de China no es muy relevante: representa menos del 1% del total. Hay quienes dicen que esta inversión no está bien contabilizada y que podría ser hasta tres veces mayor. Aun en ese caso, China no es un jugador relevante en el ámbito de la inversión en México.
Lo que puede resultar sorprendente es que la IED haya crecido 10.8% en el mismo año en que la inversión total cayó 6.6%, con la inversión privada retrocediendo 4.4%. ¿Qué explica este comportamiento tan dispar? Hay quien dice que los extranjeros están viendo algo que los nacionales no ven; que tienen mejor olfato para detectar oportunidades. Ese argumento no tiene sentido.
La respuesta está, creo, en los cambios al marco jurídico del país. Los inversionistas nacionales están siendo afectados por la enorme incertidumbre que ha traído la reforma judicial. Sabemos que la elección de jueces y magistrados se realizó con una participación ciudadana muy baja, y que los elegidos cuentan con mucha menor experiencia que los otrora incumbentes. Esto explica que las empresas mexicanas estén siendo cautelosas para invertir: no saben qué ocurrirá si tienen que dirimir una controversia con otras empresas o con el propio gobierno. En cambio, para las empresas extranjeras este temor es menos relevante, pues en caso de controversias legales pueden acudir a los paneles de arbitraje de los tratados comerciales y cuentan con la protección que dichos acuerdos les brindan.
La IED es importante para el crecimiento del país, pero la inversión doméstica lo es mucho más: es más de diez veces mayor. Si se quiere lograr un mayor crecimiento económico que ayude a reducir la pobreza, es necesario impulsar la inversión nacional. Para ello hay que fortalecer el Estado de derecho, lo que debería implicar corregir el rumbo trazado por la reforma judicial.