Hace unos días, el INEGI publicó el dato preliminar de crecimiento del PIB correspondiente al tercer trimestre del año. Se trata de una cifra preocupante: la economía se contrajo 0.3%, tanto en comparación con el trimestre inmediato anterior como con el mismo trimestre del año pasado.
Con este resultado, el crecimiento de todo 2025 muy posiblemente se ubicará entre 0.5% y 0.7%, lo que implica un avance por debajo del potencial y, peor aún, un crecimiento per cápita negativo.
Ya sabíamos que la economía mexicana atraviesa un periodo de debilidad. Este martes se publicaron además cifras sobre inversión y consumo. En el periodo entre enero y agosto, la inversión cayó 6.8%. Este dato es especialmente preocupante, pues la inversión no solo determina el crecimiento actual, sino también el crecimiento futuro.
Hay una narrativa que atribuye la caída de la inversión a la incertidumbre generada por la política comercial de Estados Unidos. Sin embargo, esto no es del todo correcto. Si bien la incertidumbre externa puede influir, la principal explicación es interna. La contracción de la inversión comenzó mucho antes de que se supiera que Donald Trump ganaría la presidencia de Estados Unidos e implantaría una política comercial sumamente proteccionista y de hecho coincidió con el momento en que se hizo evidente que Morena podría modificar la Constitución.
La inversión se ha visto inhibida por factores como la reforma judicial, que ha reducido la independencia de la judicatura; la Ley de Amparo, que limita los mecanismos de defensa de las empresas ante actos de autoridad; y, más recientemente, la alarmante propuesta de trastocar el concepto de cosa juzgada. Aunque no sabemos si esta última será aprobada, el simple hecho de que se discuta refleja las crecientes debilidades del Estado de derecho en nuestro país.
La menor inversión, a su vez, ha implicado una menor creación de empleo, lo que explica que el consumo entre enero y agosto no haya crecido. Así, la demanda interna se encuentra en contracción.
Ahora bien, la razón por la cual la economía no ha entrado en recesión radica –aquí sí– en el sector externo. A pesar de la incertidumbre arancelaria proveniente de Estados Unidos, las exportaciones mexicanas hacia ese país han crecido con fuerza. En parte, esto se debe al adelanto de envíos para anticipar posibles aranceles, y en parte a que México, a pesar de las amenazas, enfrenta un relativamente bajo nivel de proteccionismo. Hasta junio, el 82% de nuestras exportaciones hacia Estados Unidos estaban libres de arancel.
Mientras persista la incertidumbre jurídica, las empresas continuarán siendo cautelosas, lo que se traducirá en una etapa prolongada de baja inversión. Esto, eventualmente, podría reducir la tasa de crecimiento potencial del país.
Dadas las restricciones fiscales, el crecimiento de la inversión no puede más que provenir principalmente del sector privado. Por ello, es indispensable generar un entorno de mayor certidumbre jurídica y confianza empresarial.
Hasta ahora, tanto el gobierno anterior como el actual han sido exitosos en reducir la pobreza. Sin embargo, mantener ese avance será cada vez más difícil si la economía crece poco. La mejor política social a mediano plazo es un crecimiento económico sostenido.
Para lograrlo, será necesario revertir los efectos más nocivos de la reforma judicial y fortalecer el Estado de derecho. Sólo así se podrá recuperar la confianza del sector privado, elevar la inversión y asegurar que México retome una senda de crecimiento más vigorosa y sostenida.