Carlos Serrano Herrera

Reforma energética: innecesario retroceso

La reforma que discutirá el Congreso busca que la CFE suministre primero, garantizándole una caprichosa cuota de mercado. Es decir, se privilegiará la electricidad más cara y contaminante.

El Presidente ha turnado al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que busca revertir la reforma energética de 2013 que terminó con décadas de control monopólico del sector por parte del Estado. Creo que el modelo vigente es mejorable. Sin embargo, de aprobarse la contrarreforma se dará un grave retroceso y un gran e irreversible daño para el país.

Para analizar el tema, es necesario entender cómo funciona el sector eléctrico en la actualidad. Resultado de la citada reforma de 2013, hoy se suministra electricidad a la red con un criterio de prelación que privilegia el despacho de electricidad en primer lugar a aquellos que la vendan a un menor precio y al final los más caros. Esto tiene dos beneficios importantes: el primero, que se pueda disponer en todo momento de la electricidad más barata posible. El segundo, que la electricidad más barata es la menos contaminante, lo cual beneficia al medio ambiente.

La CFE produce electricidad más cara, por lo que la suele suministrar después que los oferentes privados. Sin embargo, la paraestatal sigue jugando un papel fundamental en el sector al ser un monopolio en la distribución y transmisión (actividades con altos márgenes que también debieron haberse abierto en la reforma de 2013), pero también en generación, dado que la capacidad de los jugadores privados no es suficiente para satisfacer la demanda del mercado. El esquema convierte a la CFE en un oferente de última instancia lo cual implica un beneficio importante para la sociedad pues asegura que no se den problemas de suministro como los que se vieron en Texas hace unos meses. Ahora bien, el esquema resulta problemático ya que la CFE debe mantener toda su infraestructura para ofertar al mercado recuperando sus costos marginales más no sus costos fijos, lo que le genera pérdidas en esta actividad. No es un equilibrio justo para la paraestatal. Además, considerando que a los productores se les paga el precio del oferente más caro, se pueden crear rentas muy elevadas para los jugadores privados sin un beneficio claro para el consumidor. Esta situación se podría atender cambiando la estructura de precios de tal suerte que la CFE pueda satisfacer la demanda no atendida por las empresas privadas a precios mayores que le permitan cubrir sus costos promedio. Los mayores precios a la CFE podrían provenir de una combinación de mayores tarifas eléctricas y de cargos a las empresas privadas que compensen las rentas mencionadas. Esto resultaría en un sistema más confiable y permitiría a la CFE invertir en mejorar su infraestructura y competitividad.

Sin embargo, la reforma que ahora discutirá el Congreso resultaría en un equilibrio mucho peor. En esencia, lo que se busca es que sea la CFE la que suministre primero, garantizándole una caprichosa cuota de mercado de 56 por ciento (hoy tiene una de 38 por ciento). Es decir, se privilegiará la electricidad más cara y contaminante.

En lugar de resolver el problema real que enfrenta la CFE, la propuesta presidencial tendría múltiples efectos negativos. Primero, el país tendría energía más cara, lo cual afectará a familias y a la competitividad de las empresas. Segundo, empeorará la distribución del ingreso pues son las familias más pobres las que mayor proporción de sus ingresos destinan al pago de la luz (si se llegara a mitigar este efecto otorgando subsidios, se presionaría a las finanzas públicas). Tercero, México dejaría pasar una oportunidad histórica de captar parte de la inversión que está perdiendo Asia, pues muchas empresas no podrán producir con electricidad más cara y más contaminante. Cuarto, habrá un retroceso en materia de sostenibilidad ambiental. Quinto, se eliminarán los incentivos a producir electricidad con más eficiencia (¿qué sentido tiene producir más barato si el ganador será el que produce más caro?). Sexto, se lanzará la señal de que en México no se respetan los derechos de los inversionistas y que se les puede cambiar las reglas del juego a mitad del partido, lo cual reducirá la inversión en el futuro y, por tanto, el crecimiento económico del país. Por último, la iniciativa es claramente violatoria del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá y pone en juego nuestra relación comercial con estos países, importante motor de crecimiento.

Los legisladores tienen el futuro del país en sus manos. En juego está en poder aprovechar la oportunidad histórica que el proceso de transformación en el suministro de insumos en las cadenas de valor crea para atraer inversiones para el país y subirnos al tren de las energías limpias: avanzar hacia ser un país desarrollado, o retroceder 50 años.

El autor es economista en jefe de BBVA México.

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