Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para reformar la Ley de Inversión Extranjera (LIE), como parte de un paquete de 11 reformas. El objetivo declarado es dotar a México de un marco específico para revisar adquisiciones que involucren inversión de empresas extranjeras por razones de seguridad nacional, un terreno en el que sus principales socios comerciales ya cuentan con instrumentos consolidados y en el que México se ha quedado rezagado. Algunos empresarios están muy preocupados por este nuevo filtro de seguridad o mal llamado “filtro militar”.
La reforma llega en un momento de confluencia singular. La inversión extranjera ha enfrentado retos recientes por diversos factores, y la seguridad económica se ha convertido en uno de los temas centrales de las negociaciones comerciales. Desde hace tiempo, el mismo gobierno americano y grupos de expertos han señalado que México carece de un marco comparable al de sus socios del T-MEC para frenar inversiones con riesgos de seguridad. La preocupación de Washington ha sido el acceso de inversión proveniente de economías asiáticas ajenas al tratado, particularmente hacia cadenas productivas, infraestructura y tecnología.
La actual LIE ya contempla que la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) pueda, por razones de seguridad nacional, impedir ciertas adquisiciones de inversión extranjera. Sin embargo, el marco regulatorio no establece parámetros para ejecutar dicha atribución y cuenta con umbrales muy altos, lo que se traduce en la práctica en una ausencia de controles de seguridad. Por ello, la iniciativa establece una revisión obligatoria y ex ante cuando confluyen tres elementos: 1. una adquisición donde un inversionista extranjero adquiera directa o indirectamente más del 49% del capital social de una sociedad mexicana; 2. un umbral de activos a ser determinado por la CNIE; y 3. que la sociedad objetivo opere en alguno de los sectores expresamente identificados como sensibles. La iniciativa contempla además una vía de revisión voluntaria.
El catálogo de sectores sensibles que propone la iniciativa es amplio, y se agrupa en cuatro categorías: infraestructuras estratégicas físicas o virtuales; tecnologías críticas y de doble uso, como inteligencia artificial, semiconductores, ciberseguridad, entre otros; suministro de insumos esenciales, entre ellos energía, materias primas y seguridad alimentaria; y acceso a información sensible, en particular datos personales o la capacidad de controlarlos. CNIE tendría facultad para ampliar este catálogo mediante resolución general sin necesidad de una nueva reforma legislativa, lo que pudiera ser cuestionable. La CNIE contaría con un plazo de 60 días hábiles para emitir su resolución, prorrogable en ciertos supuestos. Un punto especialmente relevante para los inversionistas es si la CNIE no resuelve dentro del plazo legal, la solicitud se entiende negada. Como ocurre en las autorizaciones de competencia económica, la CNIE podría bloquear o condicionar la operación a cambios o a medidas de mitigación que atiendan el riesgo identificado.
Actualmente, la CNIE se integra por representantes de secretarías encargadas del desarrollo económico y la facilitación de la inversión. La reforma propone una reconfiguración al sumar a la mesa al aparato de seguridad del Estado como las secretarías de la Defensa, Marina y Seguridad, e incluso abre la puerta a que la Fiscalía, el SAT o la UIF participen en ciertos temas, lo que ha causado mucho impacto mediático. Aunque el modelo se inspira en los modelos estadounidense y canadiense, presenta diferencias importantes: la CNIE no tendría facultad para ordenar desinversiones ni revertir operaciones consumadas, y el umbral del 49% deja a las participaciones minoritarias fuera del escrutinio obligatorio, por lo que varios expertos consideran que la propuesta debería incluso reforzarse.
Si la reforma se aprueba en los términos propuestos, los inversionistas deberán ajustar sus operaciones: ampliar el alcance de auditorías legales, coordinar más trámites, documentar este nuevo riesgo en las cláusulas contractuales y prepararse para gestionar distintos procedimientos de autorización en paralelo. La iniciativa puede marcar un punto de inflexión en la regulación económica de México y podría afectar la competencia. Aunque persisten temas que ameritan debate legislativo, la reforma redefinirá las reglas del juego para la inversión extranjera.