Hace algunas entregas en este mismo espacio comentábamos las similitudes que existen en el proceso sucesorio de Andrés Manuel López Obrador y el de Carlos Salinas de Gortari. Presidentes con alta popularidad, extrema concentración del poder y una voluntad que raya en lo caprichosa por manejar todos y cada uno de los hilos del proceso sucesorio. A Salinas le salió mal por una bala salida de una Taurus que segó la vida de su elegido y que de paso, dejó sin oportunidad alguna al único posible sustituto que era cercano a sus afectos: Manuel Camacho Solís. La historia es conocida. Salinas operó para que el candidato y seguro sucesor —así era antes, así se quiere que sea de nuevo— fuera Luis Donaldo por razones de las que mucho se ha especulado, pero que nunca sabremos dada la desafortunada intervención de Mario Aburto Martínez.
Se conocen testimonios de operadores dentro del PRI que narran la forma en que se intentó madrugar al presidente Salinas de Gortari ante el desafortunado suceso, que llevó a diversas personas a destapar al entonces presidente del CEN priista, Fernando Ortiz Arana, quien, según algunas revelaciones posteriores, ante una misteriosa llamada cuyo origen nunca se ha aclarado, decidió declinar sus aspiraciones. En ese mismo contexto, Salinas de Gortari intentó convencer a los gobernadores priistas para que se reformase el artículo 82 de la Constitución en el apartado que establece que, para ser candidato, se requiere no ostentar determinados cargos dentro de la milicia, la administración pública federal o la administración pública estatal. Esta operación tenía como finalidad habilitar a Pedro Aspe Armella, entonces secretario de Hacienda, para que pudiera ser candidato. No prosperó.
Esta restricción ha permanecido —con pequeños cambios de matiz— y hasta el día de hoy se sigue imponiendo, al decir de manera muy clara el artículo 82 fracción VI, que para ser presidente de la República se requiere “No ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección”.
¿Qué fue lo que hizo que Salinas se decantara por la candidatura sustituta de Ernesto Zedillo Ponce de León? Que no tenía opción. Zedillo, al no detentar cargo alguno de los restringidos y ser un operador económico y financiero eficaz, cumplía con las condiciones que Salinas buscaba. Pero no visualizó que Ernesto Zedillo no le sería ciegamente leal y, por eso, uno de los primeros actos de gobierno significativos del nuevo presidente fue meter a la cárcel al otrora poderosísimo hermano del expresidente, Raúl Salinas de Gortari.
Parece ser que López Obrador pretende mantener la baraja bien abierta hasta el final del proceso sucesorio habilitando a sus tres corcholatas —Monreal no es su corcholata, pero se coló— a efecto de que, si por cualquier circunstancia el designado por la encuesta unipersonal de Morena se saliera del redil o no pudiera competir por enfermedad o atentado, él podrá tomar a un sustituto a su modo y conveniencia de entre los otros dos que estarán perfectamente habilitados para entrar al quite en dicho caso… como pasó con Camacho Solís. El presidente aprendió de la falla que tuvo Salinas.
Sin embargo, la estrategia propuesta y que, según los apologistas del régimen es genial, de repartir premios de consolación para evitar la división, puede tener el efecto contrario. Al saberse cercanos, populares, conocidos, en campaña y habilitados para sustituir a la candidata a la Presidencia, es posible que los ataques a su gestión se vean incrementados para lograr que sucumba ante las evidencias de sus yerros y el encuestador de Morena tenga que ver a otro de los habilitados, esperando que el dedo sagrado apunte hacia ellos. Parecería que el presidente dejó un cabo suelto con la intención de evitar vivir lo que vivió Salinas, pero puede convertirse en el huevo de la serpiente. Aguas, Claudia.
En Anexo.
La franquicia canadiense conocida como Beavertails —es una especie de repostería— se encuentra en graves problemas en México por no haberle cumplido a varios de los franquiciatarios, a quienes a través de uno de sus representantes de nombre Christofer Andreu Madero y su empresa, Grupo Crisam, les cobró una fuerte suma de dinero por la franquicias y luego no les cumplió. Actualmente la Fiscalía de la Ciudad de México tiene en sus manos dichos expedientes por denuncias de fraudes y estafas, pero van a paso de tortuga.
El autor es abogado experto en administración pública.