La consulta popular del próximo domingo 1 de agosto para saber si los mexicanos “están de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”, habrá de acumular un desencanto más. El primer obstáculo al que se tuvo que enfrentar fue la pregunta en sí misma, que pretendía que se consultara sobre los juicios a expresidentes de la República, elaborada inicialmente por el Ejecutivo federal y aprobada por el Congreso, pero que posteriormente fue modificada por una complaciente Suprema Corte de Justicia, que excediendo sus atribuciones constitucionales no se limitó a determinar la inconstitucionalidad de la pregunta, sino que la sustituyó por otra que parece ser redactada por el mismo Cantinflas y que no refiere la intención original de López Obrador por consultar algo groseramente inconstitucional. Pero como a este gobierno la Constitución no le importa y sí le estorba, hace ahora una campaña ilegal engañando a la gente que se trata de una consulta para llevar a juicio a los expresidentes, siendo que el único autorizado para difundirla es el INE. Esto es un engaño que muchos mexicanos quieren creer en un ánimo comprensible de que se haga justicia contra los malos gobernantes, pero que no habrá de suceder por las razones que menciono más adelante.
El segundo descalabro de esta consulta fue la fecha, ya que el presidente de la República pretendía, con argumento falaces y absurdos, que la misma se llevara a cabo el día de las elecciones federales intermedias del 2 de junio, sin importarle que la Constitución establezca de manera clara que la misma se realice el primer domingo de agosto, como finalmente va a suceder. La intención del gobierno era claramente electoral al intentar hacer que la consulta incidiera en el ánimo de los electores recordando las barbaridades y crímenes que se atribuyen a los gobiernos anteriores. Pero esto también fracasó.
Los siguientes desencantos se darán el mismo día 1 de agosto, fecha de la consulta. Y esto es porque para que el resultado de la misma sea vinculante –es decir obligatoria– debe de participar un mínimo de 40 por ciento del padrón electoral, algo que no se logrará alcanzar porque existe un alto número de electores que no acudirán a las urnas por no estar convencidos de que la aplicación de la ley deba de ser consultada, sino simplemente aplicada y ya. Otra razón es que no habrá de instalarse el mismo número de casillas que las que se instalaron en el proceso electoral ordinario, ya que a decir del INE no se autorizó el presupuesto para ello. Hay que agregar que muchos de los funcionarios de casilla insaculados para participar en este ejercicio, han declinado a desempeñar esta función porque no creen que la misma sea necesaria.
Otra de las desilusiones que tendrán los que confían en la palabra del gobierno de la 4T será que, incluso en el improbable caso de que se reúna el 40 por ciento de la participación requerida por la Constitución para que el resultado sea vinculante, esto no implicará lo que la gente espera, y es que metan a la cárcel a los expresidentes. Y esto es porque el llevar a cabo una investigación y posterior juicio no implica necesariamente que se les encontrará culpables. Los señalados tienen derecho a defenderse, a aportar pruebas, a apelar e incluso a ampararse en caso de ser necesario. Todo esto, se llevará varios años, por lo que es claro que no habrá ni un expresidente en la cárcel en esta administración. Decir lo contrario es un engaño. Además, muchos de los delitos que se imputarían a los señalados ya están prescritos y no pueden ser objeto de una condena judicial.
El resultado de esa consulta ya lo sabemos: será por el sí, sin duda alguna y aunque no será vinculante, es de esperarse que López Obrador utilice este resultado para asustar con el petate del muerto y culpabilizar, una vez más, al INE por algo que ni siquiera le incumbe. ¿Moneda de cambio con la oposición? Quizás, aunque tampoco se ve que tengan mucho que ganar los opositores, ya que es vox populi que sus administraciones fueron negligentes, incompetentes y corruptas. Será un nuevo engaño de la 4T y eso, lo constataremos muy pronto.
En anexo
López Obrador se da cuenta de que nos conviene una alianza comercial con Estados Unidos, pero también una alianza política con Latinoamérica para alcanzar un balance. De ahí su declaración sobre la OEA. No parece una mala estrategia.
El autor es abogado experto en administración pública.