El presidente López Obrador supo desde el principio de su gobierno que su partido, Morena, no es lo mismo si no aparece él en las boletas. La competitividad de Morena depende de manera directa del grado en que la percepción pública lo relacione con AMLO. Esto ha quedado constatado en los diversos procesos electorales a nivel local en los que dicho instituto político ha participado, con resultados muy mediocres en la mayoría de ellos. Es por ello que López Obrador ha buscado, desde el inicio de su gestión, las formas -casi todas ilegales- de hacer que estas elecciones se conviertan en una especie de referendo sobre sus políticas y sus acciones de gobierno. Desde que inició como torbellino a tomar decisiones a partir de julio de 2018 -Peña Nieto desapareció del plano nacional al día siguiente del triunfo de AMLO- dejó claramente establecida su intención de realizar un cambio en México y borrar de un plumazo los años de neoliberalismo. Hay que reconocer que López Obrador había sido congruente entre lo que prometió y lo que estaba haciendo como su gestión de gobierno hasta que llegó la pandemia por el Covid-19. Por ello, realizó modificaciones constitucionales -que no hubieran sido posible sin el apoyo de algunos partidos de oposición- tales como la pensión para personas mayores, apoyos sociales diversos y otras políticas que son acertadas en un país en que su nota característica ha sido por siglos la insultante desigualdad entre clases sociales. A pesar de tantos apoyos y dinero distribuido -algunos dirán que con tintes electoreros- Morena no dio el estirón y se quedó muy por detrás de la aprobación que tiene el Presidente. Por eso quisieron hacer que la consulta sobre revocación de mandato fuera el mismo día de las elecciones federales intermedias; no fue así. Entonces surgió la posibilidad de otra consulta nacional sobre el juicio de expresidentes para dicha fecha, no obstante que la constitución plantea otra cosa. Tampoco procedió y dicha consulta se hará un par de meses después de la elección, en la que se prevé una escasa afluencia, y que lo más probable es que los que acudan a las urnas no sepan ni qué votar después de la cantinflesca redacción que propuso la cuestionada Suprema Corte de Justicia de la Nación. Absolutamente incomprensible. Las ocurrencias para hacer que el Presidente esté presente en la elección continuaron sin que hayan obtenido hasta el momento ningún tipo de aval jurídico, y por ello el presidente se decidió a violar abiertamente la constitución y a no respetar la veda electoral a la que está obligado por imperativo constitucional. Creyó que el abyecto Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo iba a solapar por siempre de la mano del magistrado Varguitas (como el de la película La Ley de Herodes), pero se le rebelaron el resto de los magistrados que han decidido apoyar la legalidad, lo que ha enfurecido a López Obrador. Pasó de ser una institución ejemplar a una corrupta y defensora de intereses de conservadores.
Esta desesperación de AMLO de observar la gran mediocridad de su partido y sus candidatos, lo han llevado a confesar que está dispuesto a intervenir, tal y como se ha visto con sus ataques diarios a las instituciones electorales y ahora a los candidatos en Nuevo León, pasando por la defensa del impresentable Salgado Macedonio. En realidad al Presidente no le interesan tanto las gubernaturas, sino el efecto que tienen esas elecciones locales en la conformación de la próxima Cámara de Diputados federal. Ese es su verdadero interés, porque ahí es donde se puede descarrilar su máxima aspiración de maniobrar para quedarse en el poder más allá de su mandato. López Obrador ha entendido perfectamente que el resultado federal pasa por los locales y por ello intenta un control de daños de las mediocres campañas de Morena y de los errores cometidos, tales como la selección de candidatos en Guerrero y Nuevo León. Ya no hay pudor, sólo desesperación. Y por si fuera poco, además del terrible manejo de la pandemia que -hay que decirlo- afectó de manera importante los proyectos de esta administración, ahora viene la crisis de la Línea 12 del Metro en la que ya maniobran de manera vergonzosa para echarle la culpa a Mancera. Se evidencia una desesperación que sólo puede responder a que los ‘otros datos’ que tiene el presidente, le dan cuenta clara de que no podrá mantener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Constituyente permanente. Por eso cada vez se oirá más en las campañas de Morena el “‘a sabes quién’ para ver si levantan algo haciendo la relación con el presidente.
Pero astuto como es López Obrador, ya ha dado muestras claras de que ante la imposibilidad de doblegar y manejar a su antojo a los órganos electorales, ha optado por dos ‘instituciones’ mucho más dóciles:1) El Poder Judicial de la Federación a la que se le impondrá una ley absolutamente inconstitucional para prolongar el mandato de Arturo Zaldívar como preparación para la prolongación del mandato de AMLO; y 2) La Fiscalía General de la República que siempre se ha mostrado solícita y abyecta a las peticiones y sugerencia presidenciales y que pretenderá meter al bote a los opositores que se salgan del huacal. Que no se engañe a nadie, López Obrador busca prolongar su mandato y ya está maniobrando para ello… aunque no esté en las boletas… ni dentro de la ley.
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