Vamos a revisar algunos datos duros, muy duros.
El gasto de inversión en infraestructura por parte del Gobierno de México en el sector energético durante el primer semestre de este año, que incluye a hidrocarburos y electricidad, ascendió a 123 mil 436 millones de pesos, una disminución anual de 25.7 por ciento en términos reales.
El sector hidrocarburos concentra el 88 por ciento de todo el indicador, y está dirigido principalmente a Petróleos Mexicanos, mientras que el sector eléctrico el 12 por ciento restante, a la Comisión Federal de Electricidad.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, la inversión física presupuestaria destinada al sector hidrocarburos sumó 108 mil 594 millones de pesos durante el primer semestre del año, lo que representó una caída anual de 27.3 por ciento en términos reales.
Esta fue la mayor caída de la inversión en proyectos de hidrocarburos para un primer semestre desde 2017, cuando los flujos se desplomaron 35.4 por ciento.
De esta manera, es lógico pensar que el flujo de recursos no está llegando a las empresas estatales. Lo que ha traído como consecuencia resultados operativos negativos, y que se traducen en constantes pérdidas financieras.
Por ejemplo, en el caso de Pemex, la petrolera nacional apenas ha podido mantener la producción de crudo y condensados en un nivel de 1.6 millones de barriles diarios durante la primera mitad de este año, mientras que ha aumentado ligeramente la producción de gas natural y petrolíferos.
Es imprescindible que se suelten los recursos para las obras físicas, porque de ellas depende, por ejemplo, los programas de mantenimiento que se llevan a cabo en las instalaciones, no solo de Pemex, sino también de la Comisión Federal de Electricidad.
La propia Secretaría de Hacienda ha afirmado que durante la segunda mitad de este año se aumentará el gasto por parte del gobierno. Esto, explican los expertos, tiene la finalidad de detonar mayor crecimiento en la economía ahora sin Mundial ni periodos vacacionales.
Sin embargo, el costo operativo para el sector energético no es negociable, en un momento en el que el país demanda suministro eficiente de cara a los retos económicos que enfrentamos empresas y ciudadanos.