Una de las primeras tareas pendientes de resolver por parte de la recién creada Comisión Nacional de Energía (CNE) tendría que ser la erradicación de terminales de combustibles irregulares que proliferan en el país, y que ha dado como resultado problemas derivados de sus malos manejos y nula supervisión.
Prueba de ello fue la explosión de un supuesto centro de distribución de diésel de la empresa “Marvic Petroleum” que se registró el pasado 21 de mayo en Cadereyta, Nuevo León. Una empresa que no cuenta con permisos ante la CNE, antes Comisión Reguladora de Energía, lo que implica que no tiene vigilancia por parte de las autoridades correspondientes.
De acuerdo con la base de datos de permisos de la CNE, solamente 11 empresas cuentan con permisos de distribución de combustibles en Nuevo León, y ninguna de ellas es para la tal “Marvic”. Sin embargo, lo peor es que no es la única.
Empresarios del sector energético de Tamaulipas y Nuevo León, revelan que existen zonas en las que pululan supuestas compañías que se pintan de “serias” y que comercializan combustibles de dudosa procedencia (todos saben que es contrabando y huachicol), que operan sin cumplir con las normas, y bajo el amparo de las autoridades locales.
No contar con la debida supervisión técnica, da como resultado tragedias como la de “Marvic”, donde resultaron heridas tres personas, y causaron daños medioambientales incalculables, tras el incendio que duró varias horas.
Insistimos. Dar pie a que se solucione esta entramada situación, debería ser unas de las prioridades de Juan Carlos Solís, primer director de la CNE, organismo que surgió de la contrarreforma energética emprendida en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y materializada en el gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum.
Recordemos que una de las principales responsabilidades que heredó la CNE de la CRE, es precisamente hacer guardar el orden en el sector de petrolíferos, donde abundan los problemas ligados con el huachicol fiscal, la mala calidad de los combustibles que se distribuyen, entre otros.
Hagamos un poco más de memoria, y traigamos a la mente, que la concentración de las facultades de la CRE en la CNE, tiene también como finalidad una mayor capacidad de ejecución en este tipo de situaciones. Vaya, que el regulador del sector de petrolíferos, gas natural y electricidad, se convirtiera en un vigilante, y no solo en una oficialía de partes para hacer trámites.
Ya lo dijo en días pasados Enrique Félix Robelo, el nuevo presidente de la ONEXPO, asociación que representa a los grandes empresarios gasolineros del país: uno de cada tres litros de combustibles que se distribuye en México son ilícitos.
Ante el devastador dato, surgen varias dudas: ¿quién los vende? ¿Cómo le llegan a los gasolineros? ¿Cómo es que contablemente, tanto distribuidores como expendedores de combustibles le pueden dar la vuelta al jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino?
Quizá si las autoridades de la CNE, Profeco, ASEA, entre otras, inspeccionan por las zonas fronterizas del país, obtendrían varias respuestas...