Si la finalidad de la iniciativa de reforma eléctrica que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la semana pasada, es sacar del país a los grandes generadores de electricidad privados, no lo conseguirán, afirman los involucrados.
La propuesta de reforma constitucional ‘era previsible’, me dice uno de ellos, luego de un arduo camino que comenzó con el pliego petitorio que el Presidente le hizo llegar a los reguladores del sector energético en agosto de 2020, y que sucedieron a modificaciones discretas a las normativas, la política de confiabilidad del sistema eléctrico, y luego la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica con su respectivo tsunami de amparos.
Tan pronto el presidente cumplió la promesa de enviar la iniciativa para modificar la Constitución, que iba cantando desde el año pasado, las generadoras han comenzado a estudiar su defensa legal ante la inminente rescisión de los contratos celebrados con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los aborrecidos (por el gobierno de la #4T) Productores Independientes de Energía (PIE).
Afirman que tienen todo a su favor, pues en los arbitrajes internacionales es sumamente castigada la retroactividad en contratos que se pactaron con todas las de la ley (de aquel entonces).
Los contratos con los PIE hoy aportan 31 por ciento de la electricidad del país, y de acuerdo con la exposición de motivos en la iniciativa presidencial, la CFE debe pagarla en su totalidad, aún cuando no es complementamente despachada, “está lleno de falsedades sistemáticas”, reviran los privados.
Sin embargo, reconocen que en la aplaudida reforma de Peña Nieto debieron liberar por completo al sector. Esto incluye a las actividades de transmisión de la energía, así como la venta al sector doméstico y comercial. Quizá de esta forma sería más complicado regresar al sector al “monopolio tenebroso”, como se refieren a la iniciativa que los tiene a grito de guerra.
De igual manera, saben que desde la reforma de 2013 se debió poner una fecha de caducidad a las sociedades de autoabasto, que hoy conforman uno de principales puntos del discurso lopezobradorista, que los señala de disfrazar un mercado paralelo de energía eléctrica que raya en lo ilegal.
“Nos va a llevar tiempo y será costosa la defensa legal en instancias internacionales, difícilmente podremos lograr algo aquí… no nos vamos a ir de México, las plantas están ahí, los contratos tienen cláusulas y las haremos valer”, advierten.
Lectura política
El hecho de que el PRI, mismo que protagonizó la reforma energética de 2013 abriendo gran parte de la industria energética al sector privado con el famoso Pacto por México, hoy negocie ser parte de la contrarreforma que propone el gobierno de la #4T, confirma que la entonces llamada ‘madre de todas las reformas’ obedeció a intereses meramente serviciales. El castillo sobre el pantano del cual hemos abundado en entregas anteriores… ¿por quién votarán?, ¿quién da más?