Como adelanté en este espacio, reformar la Constitución será la única salida que el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá para instaurar la política energética del gobierno que encabeza, o bueno, al menos una parte de ella.
Como lo ha dicho, para fortalecer la posición de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Poder Ejecutivo deberá modificar la Carta Magna, y de esta forma neutralizar diferentes disposiciones que aterrizan en la Ley de la Industria Eléctrica.
El objetivo es claro: eliminar a la competencia y reagrupar a la CFE luego de la separación obligada para otorgar ventajas sobre ella a las empresas privadas en aquel olvidado festejo que se llamó reforma energética peñista, sin haber importado que es una empresa del Estado que se rige mediante un presupuesto federal que pagamos todos, y haciendo a un lado el hecho de que de ella depende que llegue luz a todos los hogares del país.
Sin embargo, el proceso no será tan sencillo en un supuesto donde el Ejecutivo logre la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión para cambiar la Constitución y que lo ratifiquen a nivel estatal.
El presidente López Obrador y su equipo legal deberán ir pensando qué harán con las múltiples violaciones a los acuerdos internacionales que reclamarán las empresas y asociaciones bajo el amparo del TMEC, TLCUEM y otros, además de los pagos por indemnización que pelearán a un gobierno diferente de aquel que les prometió una utopía a sabiendas de que les construían un castillo sobre el pantano.
Diversos organismos internacionales han advertido que las empresas darán pelea, y que estarán respaldadas por los gobiernos de sus respectivos países, escalando posiblemente a un conflicto que podría caer incluso en el terreno diplomático.
Aunque por otro lado, el mismo presidente de México reconoce que posiblemente no logre los cambios propuestos, así que cabe la posibilidad de que el discurso de la contrarreforma energética con el que tanto ha azuzado a la base de su movimiento, se quede solo en eso, un discurso.
Así, desde la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal se discute aún el calado de la reforma que se va a proponer, y que hasta el momento solo abarca al sector eléctrico. En cuanto al proceder en lo que respecta a la otra reforma, a la Ley de Hidrocarburos, con la cual el gobierno busca tener un mayor control del mercado de petrolíferos a través de Pemex, el panorama no es claro.
Al igual que los cambios a la industria eléctrica, la de hidrocarburos se encuentra empantanada en los mismos juzgados, esperando resoluciones que la alejan cada vez más de ser una realidad. Estaremos atentos.