Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos, con la que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador pretende ‘poner orden’ a empresas privadas en la importación, distribución y comercialización de los combustibles en el país.
El argumento para meterle mano a la Ley de Hidrocarburos a través de la Secretaría de Energía, fue, a su juicio, la emisión de permisos de una manera descontrolada, que dio como consecuencia el auge de una nueva versión del huachicoleo, ahora vía fiscal, y que hemos comentado ampliamente en este espacio.
También, en la iniciativa que envió al Congreso, el Presidente argumenta, con base en información de la Profeco, el robo flagrante que han llevado a cabo gasolineras mediante un software ‘rastrillo’ con el que cobran más de lo que despachan, y que les deja ganancias por más de 33 millones de pesos diarios, de acuerdo con cálculos de los propios legisladores, citados en el documento presidencial.
En resumen, la iniciativa tiene como finalidad darle dientes a la Secretaría de Energía para presionar a las empresas del sector desde la asignación de los permisos de importación de combustibles, pero en el trasfondo, la #4T tiene entre ojos la recuperación del mercado de petrolíferos, mismo que la reforma energética de 2013 ordenó abrir por completo a privados, quienes con la ayuda de los reguladores, y en cumplimiento de su mandato, le comieron el mandado a Pemex hasta que hoy, por ejemplo, importan más diésel y gas LP que la petrolera nacional.
Sin embargo, se anticipa que la reforma en hidrocarburos, que al igual que en Diputados, será ratificada en fast track por el Senado en los siguientes días, corra el mismo camino que la Ley de la Industria Eléctrica.
Así, en breve sería detenida por algún juzgado (quizá el mismo), ante la lluvia de amparos que ya preparan principalmente los empresarios gasolineros, quienes al momento han sido los únicos que públicamente han revelado sus intenciones de defenderse legalmente, pues la norma les impone condiciones que simplemente no pueden cumplir, como la exigencia de que antes de pedir un permiso, deben tener cierta capacidad de almacenamiento.
Esta condición es algo así como construir una casa y luego pedir el permiso para hacerlo, y si no les responden, se tomará como negativa (ficta) de las autoridades, así que va para atrás tu casa, aunque ya tenga hasta ventanas.
De ser frenada, no sabremos si la propuesta del Ejecutivo logrará detener la ‘rasurada’ que muchas gasolineras le ponen a los consumidores, o los 40 mil millones de pesos al mes que le ordeñan a Hacienda mediante permisos legítimos de importación, pero mal utilizados, y por supuesto que será un motivo más para promover cambios a nivel constitucional.