La primera vez que se utilizó en una declaración internacional la expresión que daría forma al concepto de crímenes contra la humanidad fue el 24 de mayo de 1915. Francia, Gran Bretaña y Rusia denunciaron las matanzas de armenios en el imperio otomano como “crímenes contra la humanidad y la civilización” y advirtieron que sus responsables responderían personalmente. En 1919, terminada la Primera Guerra Mundial, aquel principio pasó de la denuncia política al terreno de la responsabilidad penal internacional.
Ante las barbaridades cometidas por los alemanes durante su avance hacia Francia, las potencias vencedoras intentaron establecer responsabilidades. Alemania había invadido Bélgica y Luxemburgo, violando su neutralidad, y asesinado a miles de civiles. Alrededor de seis mil belgas murieron durante aquella ofensiva. Lo volverían a hacer, esta vez también cruzando los Países Bajos, durante la Segunda Guerra Mundial.
Fue también la primera vez que se intentó atribuir la responsabilidad última de una guerra a una persona concreta: el káiser Guillermo II. El artículo 227 del Tratado de Versalles lo acusó de una “ofensa suprema contra la moral internacional y la santidad de los tratados”. Aunque todavía no utilizó jurídicamente la figura de los crímenes contra la humanidad, introdujo un principio extraordinario: un jefe de Estado podía responder ante un tribunal internacional por las decisiones tomadas durante su gobierno.
¿Cuál era el contexto? Las monarquías enfrentadas pertenecían, en buena medida, a la misma familia. La reina Victoria había sido abuela de Guillermo II y del rey británico Jorge V. El zar Nicolás II era primo hermano de Jorge V y estaba emparentado por matrimonio con el káiser. Victoria había sido no solo la pariente más poderosa e importante, sino también el gran referente moral de aquella familia europea.
Sin embargo, ni la sangre ni los vínculos entre las coronas lograron contener a los Estados, los nacionalismos, los intereses militares y las ambiciones imperiales.
El imperio austrohúngaro no estaba dispuesto a dejar impune el asesinato de su heredero, el archiduque Francisco Fernando, ocurrido en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Austria-Hungría presentó a Serbia un ultimátum tan severo que difícilmente podía aceptarse por completo. Aunque el gobierno serbio admitió la mayoría de las exigencias, rechazó aquellas que comprometían su soberanía. Viena consideró insuficiente la respuesta y le declaró la guerra el 28 de julio, fecha que marcó el inicio formal de la Primera Guerra Mundial.
Las grandes potencias tampoco calcularon la magnitud de lo que estaban desencadenando. Sus gobiernos y estados mayores creyeron que podrían controlar o aprovechar el conflicto y que este terminaría pronto. Italia permaneció inicialmente neutral y Japón entró semanas después, pero casi todos subestimaron su duración y capacidad destructiva.
El káiser Guillermo II jugó hasta el último momento con su primo, el zar Nicolás II. La movilización rusa, que puso a disposición del imperio alrededor de 4.5 millones de hombres, proporcionó a Alemania el argumento para presentarse, como siempre, como una nación que actuaba en defensa propia. Berlín exigió a Rusia que suspendiera la movilización y, ante su negativa, le declaró la guerra el 1 de agosto de 1914. Dos días después hizo lo mismo con Francia.
La responsabilidad de la guerra no puede atribuirse únicamente a Guillermo II. El conflicto fue resultado de alianzas militares, nacionalismos, rivalidades imperiales y errores de cálculo. Sin embargo, Alemania y el káiser desempeñaron un papel decisivo al respaldar a Austria-Hungría y convertir una crisis balcánica en una guerra continental.
Alemania había desarrollado, además, una extraordinaria capacidad científica, médica e industrial. Era el país de Wilhelm Röntgen y de los rayos X, donde la investigación comenzaba a transformar la medicina. Pero esa misma capacidad fue puesta al servicio de la destrucción.
La potencia científica que podía diagnosticar, curar y prolongar la vida fue movilizada para crear algunas de las armas más devastadoras conocidas hasta entonces.
En abril de 1915, el ejército alemán utilizó cloro a gran escala en Ypres. En julio de 1917 empleó por primera vez el gas mostaza, capaz de quemar la piel, destruir los ojos y atacar el sistema respiratorio. La ciencia que había nacido para servir al ser humano terminó empleándose para aniquilarlo.
Terminada la guerra, Guillermo II abdicó y se refugió en los Países Bajos. Los Aliados solicitaron su entrega e Inglaterra mostró especial interés en juzgarlo. Sin embargo, el gobierno neerlandés se negó a extraditarlo. Allí permaneció hasta su muerte, en Huis Doorn, en 1941.
El mundo creyó que el Tratado de Versalles y la Sociedad de Naciones inaugurarían un nuevo orden internacional. Sin embargo, este organismo, antecedente de la ONU, fracasó al ser incapaz de evitar otra guerra mundial.
La Primera Guerra Mundial dejó como resultado el demencial, injusto, punitivo y costosísimo Tratado de Versalles. No fue la única causa del nazismo ni explica por sí solo la llegada de Hitler, pero alimentó el resentimiento, la humillación y el odio alemán que después serían explotados para construir el Tercer Reich.
La Corte Penal Internacional forma parte del mundo de los sueños. Hicieron falta decenas de millones de muertos —más de 100 millones si se suman guerras, genocidios, represiones y hambrunas provocadas— durante ese siglo terrible que fue el XX, nada que ver con este horrible siglo XXI, para que los países decidieran crear mecanismos capaces de perseguir a los asesinos en masa.
Asesinos que gobiernan desde parlamentos, dirigen ejércitos o se protegen detrás de la soberanía de un Estado. Asesinos que, por ideología, ambición o simple instinto criminal, masacran a sus pueblos y a los pueblos de enfrente.
El Estatuto de Roma fue aprobado en 1998 y entró en vigor el 1 de julio de 2002. Sin embargo, desde su nacimiento no fue aceptado plenamente por ninguno de los grandes candidatos naturales a ejercer el poder sin límites y con las manos manchadas de sangre.
China nunca lo firmó. Estados Unidos, Israel y Rusia lo firmaron, pero no lo ratificaron. Estados Unidos e Israel comunicaron después que no pretendían convertirse en Estados parte, mientras que Rusia retiró su firma en 2016.
Consideraron una barbaridad crear una jurisdicción internacional para perseguir, en nombre de los derechos humanos, los crímenes cometidos contra los pueblos. O, mejor dicho, consideraron inaceptable que pudiera aplicarse también contra ellos.
La intervención de la semana pasada de Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, contra la Corte Penal Internacional no es para echarse a temblar. Rubio anunció una campaña para desmantelar lo que calificó como una amenaza contra la soberanía estadounidense y cuestionó la legitimidad de aquellos a quienes llamó “burócratas globalistas no electos”. Sin embargo, lo verdaderamente preocupante no ocurrió la semana pasada, sino que comenzó en septiembre de 2001.
Fue cuando, un día, un maldito día, el 11 de septiembre de 2001, comprendimos que los más de 100 millones de muertos del siglo XX no significarían para Estados Unidos lo mismo que los casi tres mil asesinados en los ataques contra las Torres Gemelas, el Pentágono y el vuelo 93.
Ese fue el día en que Estados Unidos dejó de ser intocable. El día en que comprobó que Dios no lo protegía mediante dos océanos. El día en que comprendió que podía ser atacado por cualquiera.
A partir de entonces, no solo maldijeron los miles de millones de dólares dilapidados y el espejito mágico de creer que sus servicios de inteligencia lo sabían todo. Y es cierto: sé por experiencia propia que lo saben todo. El problema es que, en demasiadas ocasiones, lo han sabido tarde y mal.
Ese maldito día no pudieron evitar que les dieran en la torre —nunca mejor dicho—, aunque en este caso fueron dos.
A partir de ahí quedó claro que la justicia universal, la persecución de los crímenes contra la humanidad y la posibilidad de poner en su sitio a los asesinos seriales que actúan desde los palacios de gobierno o las mayorías parlamentarias serían cada vez más difíciles.
Cuando una gran potencia se siente amenazada, la justicia internacional deja de parecerle una garantía y comienza a parecerle un obstáculo. Por eso Marco Rubio dice, con razón, que Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma, nunca se adhirió a la Corte Penal Internacional y nunca aceptó formalmente su jurisdicción.
También sostiene que Estados Unidos no puede permitir que sus gobernantes, militares, agentes o dirigentes sean juzgados mediante normas que el país no ratificó y por jueces ajenos a su sistema judicial.
Esa es la posición de Washington: ningún ciudadano estadounidense debe ser tocado por la Corte por las barbaridades que haya cometido en tiempos de paz o de guerra.
A partir de ahora queda claro que, para el nuevo orden mundial, el triunfo de los autócratas exige destruir los pocos testimonios que quedan de una época en la que todavía era posible soñar que los derechos humanos podían ser globales y que cualquier gobernante que cometiera excesos contra su pueblo o contra el pueblo de al lado sería perseguido, detenido y juzgado.
El entusiasmo de los otros autócratas ante la iniciativa estadounidense no puede tener límite. Siempre había un despistado. Siempre existía la posibilidad de que un Putin, un Trump, un general chino, un oficial ruso o un ministro de cualquier gran potencia fuera detenido, en una situación de confusión, por una orden de actuación penal emitida por la Corte.
Atrás queda para siempre aquella bocanada de aire fresco llamada justicia universal, también conocida como jurisdicción universal. Fue ese principio el que un grupo de jueces españoles, encabezado por Baltasar Garzón, introdujo con fuerza en la jurisdicción y la jurisprudencia españolas.
Como un sueño imposible de repetir quedará la detención del dictador Augusto Pinochet en Londres, en 1998. Atrás quedarán las posibilidades de defender, en nombre de unos pocos, la seguridad y los derechos de unos muchos.
Desaparece la Corte Penal Internacional. Hay que reconocer que, desde el momento en que los grandes, los números uno, se negaron a aceptar plenamente el Estatuto de Roma, la Corte nació limitada. Antes del 11 de septiembre era cuestión de tiempo que comenzara a tener problemas. Después del 9/11, cada gran potencia se reservó el derecho de medir la justicia según el tamaño de su miedo, de su interés o de su venganza, sin ningún límite.
Desde entonces, aunque el final de la Corte Penal Internacional parece cada vez más cercano, lo cierto es que lleva mucho tiempo en la morgue de la historia.
Naturalmente, todos sabemos que, al final del día, en el mundo moderno tanto la política como la economía responden más a convicciones que a una simple sucesión de datos. Sin embargo, en el desencadenamiento de las dos guerras mundiales, la economía fue un factor clave. Primero, la crisis financiera de principios del siglo XX, que llevó a Theodore Roosevelt a poner límites al poder que J.P. Morgan y los suyos ejercían sobre las finanzas estadounidenses. Después, la Segunda Guerra Mundial, que fue también un efecto colateral de la crisis de 1929 y del impacto provocado por la torpeza del Tratado de Versalles y por la manera en que se trató a Alemania.
Hoy, en la desaparición de la Corte Penal Internacional, también están impresas las huellas de la crisis económica. Nadie sabe cómo será el mundo de la inteligencia artificial, pero ya empezamos a ver con toda claridad el impacto que producirá su implementación y los costos que traerá consigo. Ser gobernados y dirigidos por una dictadura algorítmica tiene, puede tener o está teniendo, como hecho estructural fundamental, la necesidad de destruir las instituciones de justicia y de defensa de los derechos humanos que consagraban y protegían la libertad individual.