Todos los emperadores romanos, ninguno quizá con la inteligencia política de Augusto, entendieron en algún momento de su gobierno la utilidad del pan y circo. Augusto, primer emperador de Roma, gobernó desde el año 27 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo. Fue el heredero político de Julio César, aunque no su sucesor directo como emperador, porque el imperio nacería formalmente con él después del asesinato de su padre adoptivo y maestro político. Desde entonces, la historia del poder quedó marcada por una evidencia incómoda: los pueblos no solo se gobiernan con leyes, ejércitos o instituciones. También se gobiernan con alimento, espectáculo, promesas y satisfacción.
Condenar a un emperador por divertir a su pueblo es inútil. En el ejercicio del poder, que el pueblo esté contento es algo fundamental. Por eso no se puede criticar a los políticos únicamente porque sean mentirosos, porque no tengan principios, porque hayan destruido la separación de poderes o porque, en este momento, lo único que les importe sea el ejercicio puro y duro del poder. Todo eso ha existido siempre. Lo verdaderamente grave es que, para seguir vestidos de demócratas, lo último que nos queda es el censo.
Estados Unidos es una de las primeras democracias afectadas por el intento de Donald Trump de rediseñar las circunscripciones electorales para que el Partido Republicano pueda aprovechar los cambios demográficos e incrementar su base de votantes en estados como Texas, Florida y otros donde mantiene el control político.
De norte a sur y de este a oeste, las democracias viven hoy una creciente disputa por el control de quien cuenta los votos, tal como advertía Joseph Stalin.
Contrario a lo que piensa Trump y a lo que quisieran muchos sectores de Estados Unidos, un país construido al final del día por el melting pot y por la inmigración a lo largo de su historia, los países desarrollados necesitan hoy la colaboración, la llegada y la racionalización de los emigrantes. Otra cosa es cómo se ordena esa llegada. Otra cosa es bajo qué reglas se produce. Otra cosa es con qué derechos, obligaciones, tiempos y consecuencias políticas se incorpora a quienes llegan.
Otra cosa, también, es que los emigrantes vayan a trabajar en oficios que los nacionales ya no quieren hacer. Otra cosa es que la fuerza de trabajo, tanto en el sector servicios como en lo poco que queda industrialmente fuera del eje formado por Estados Unidos, China y las potencias más fuertes de la tecnología y de la economía mundial, dependa cada vez más de esa mano de obra. Para vivir con confortabilidad en las sociedades desarrolladas, muchas veces es necesario que alguien haga el trabajo que los demás no quieren hacer.
Si ya no tenemos origen común; si la revolución tecnológica nos ha cortado de raíz, salvo en los primeros recuerdos que cada uno conserva de manera privada en el subconsciente, el espíritu colectivo de pertenencia; si lo único que de verdad nos une son las críticas, el amor o el odio en esta era de turbulencia política, ¿por qué tendríamos que considerar que el uso de los censos se haría sobre la base de lo que ya no existe?
En España, como anticipo de una campaña basada en la desconfianza y en la quiebra moral del ejercicio del poder en la democracia, aparece hoy un fenómeno que no es exclusivo de ese país, pero sí marca con claridad una tendencia de la actualidad política. El censo, el voto, la inmigración, la promesa social, la necesidad económica y la permanencia en el poder empiezan a formar parte de una misma ecuación.
Un censo electoral es la base sobre la que se sostiene la elección del pueblo. Otra cosa es qué elementos tienen hoy los pueblos para elegir. Desde siempre, el engaño, la decepción y la promesa de programas que todos sabemos que no se van a cumplir forman parte de la realidad política.
El único cambio verdaderamente sustancial es que hoy, en la era de X, en la era de las redes sociales, con la destrucción del papel testimonial de la prensa y con la crisis de los grandes grupos de medios, lo que queda para defender la separación de poderes y la estructura moral de las democracias es realmente muy poco.
Salvo el censo, que es la frontera para poder ir a votar. Formar o no formar parte de la lista que te legitima para echar un papel doblado en una urna, no con una fe por dentro sino con una elección coyuntural, después de que te hayan prometido todas las perlas de la Virgen y las estrellas del cielo, es hoy una de las últimas formas visibles de pertenencia política.
La democracia ya no tiene referentes ideológicos claros. Apenas conserva referentes de comportamiento legal y, desde luego, vive en una ruina basada en la decepción y en la vulneración moral, una y otra vez, a cargo de los gobernantes y de los partidos políticos. Por eso solo queda el censo. Por eso solo queda el pan y circo.
¿Es legítimo cambiar votos por pasaportes? Supongo que sí. En cualquier caso, es algo que, de una manera u otra y con menos libertad de la que hoy se tiene, se lleva haciendo mucho tiempo. El problema es que antes había muchas cosas más alrededor. Había partidos con doctrina, prensa con autoridad, instituciones con pudor, parlamentos con peso, jueces con distancia, sociedades con memoria y ciudadanos con vínculos reconocibles. Hoy, desafortunadamente, solo queda el censo. Y el censo como un sistema para conseguir el poder y poder decir después que fue el pueblo quien lo eligió.
La democracia está moralmente destruida y su capacidad de gobierno está en duda porque, en el fondo, se ha convertido en un juego de gladiadores y de bestias salvajes en medio del redondel, donde o mueren los gladiadores o mueren los cristianos. El espectáculo continúa, pero ya no se sabe si el pueblo es el soberano, el público, la víctima o simplemente el decorado indispensable para que la representación siga pareciendo democrática.
La democracia hoy está referenciada casi exclusivamente por la batalla para poder ir a votar. Es más, el voto es una manera de garantizar que sigues formando parte, pese a todo, de una comunidad que, aunque sea de manera mínima, te necesita, te promete, te usa y te tira. Te necesita para contar. Te promete para convencerte. Te usa para legitimarse. Y te tira cuando el poder ya no requiere nada más de ti.
Lo peor de todo es el espectáculo lamentable de los partidos políticos, todos ellos estandarizados en el incumplimiento y en la inmoralidad, criticándose unos a otros como si alguno pudiera presentarse ante la sociedad con una superioridad moral que ya no tiene. No se puede condenar a un emperador porque hiciera más circo y diera más pan que otro. No se puede condenar el uso indiscriminado del censo como sostén del poder cuando – en el fondo – lo único que diferencia a unos de otros es quién es más rápido, quién promete más, quién reparte mejor y quién consigue engañar con mayor eficacia.
En su momento líderes como Andrés Manuel López Obrador y otros gobernantes populistas ya lo dijeron. Ayudar y poner primero a los pobres también puede ser una estrategia política, porque con ellos – según su propia lógica – se va a la segura. Sin embargo, esa aparente sinceridad revela el fondo del problema. La política social puede ser justicia, pero también puede convertirse en administración electoral de la dependencia.
Porque en cuanto una parte de la población pasa a la clase media, sube o prospera económicamente, deja de votar igual. Exige más. Se vuelve menos dependiente, menos agradecida, más crítica y más difícil de controlar. Ese es el dilema que muchos populismos no confiesan, pero practican. No se trata solo de ayudar a los pobres. Se trata de saber cuándo la ayuda deja de ser instrumento de justicia social y empieza a ser mecanismo de permanencia política.
¿Qué diferencia hay entre prometer un pasaporte o prometer una pensión que te pondrán en la mano por el solo hecho de nacer y de haber cometido el error de creer, en algún momento, las promesas del demagogo de turno? Esa es la situación. El poder ha aprendido que la identidad, la necesidad, el miedo, la nacionalidad, la ayuda económica y el derecho al voto pueden formar parte de la misma arquitectura electoral. No siempre de forma ilegal. No siempre de forma explícita. Pero sí de manera profundamente política.
En España, el problema no es simplemente que pueda haber cientos de miles o incluso más de un millón de nuevos residentes regularizados, algunos de los cuales podrían incorporarse en el futuro al cuerpo electoral si cumplen los requisitos legales de nacionalidad y residencia.
El problema no es la inmigración en sí misma. Conviene precisarlo: una regularización administrativa no convierte automáticamente a un inmigrante en votante en elecciones generales. Para ello, en términos generales, se requiere la nacionalidad española. Pero toda política migratoria de gran escala tiene consecuencias futuras sobre el censo, sobre el equilibrio social, sobre la identidad política y sobre el mapa electoral.
El problema, por tanto, no es el inmigrante. No es el trabajador que llega. No es la persona que busca una vida mejor. El problema es que el poder pueda mirar ese proceso no solo como una necesidad económica, humanitaria o demográfica, sino como una reserva futura de legitimidad. Y cuando eso ocurre, el censo deja de ser un registro neutral y empieza a convertirse en un campo de batalla.
En España, el problema no es que haya nuevos votantes o futuros votantes. El problema es que el presidente del gobierno – sin duda alguna un raro ejemplar político, de esos que demuestran que el poder en sí mismo no necesita más que la vocación de quererlo por encima de todo y de todos – parece dispuesto a no tener ni familia, ni principios, si todo eso estorba su mandato.
Por eso, en vista de la crisis, con la desaparición de los límites, con la destrucción de la convivencia entre poderes y con el deterioro de los contrapesos institucionales, hace una apuesta final: nutrir el censo, merecer el aplauso del pueblo, presentarse como el que más da o, por lo menos, como el que más ofrece pan y circo.
No se trata solo de la regularización extraordinaria de inmigrantes – que cerró en junio de 2026 con 1.17 millones de solicitudes – y que, por sí misma, no otorga derecho a votar en elecciones generales, sino de algo más profundo: la construcción lenta de nuevas mayorías, de nuevas dependencias y de nuevas lealtades políticas.
El dato más revelador está en la llamada “ley de nietos” o formalmente conocida como la Ley de Memoria Democrática. Bajo esta ley casi 2.4 millones de descendientes de españoles solicitaron la nacionalidad; hasta marzo de 2026, cerca de 545 mil solicitudes habían sido aprobadas. El Censo Electoral de Residentes Ausentes ya alcanzaba en mayo los 2.7 millones de electores.
Es necesario aclarar que no todos votarán ni todos votarán igual, así como no todos responden a una lógica partidista. Pero cuando una elección se decide por pocos escaños, cualquier crecimiento del censo deja de ser una estadística y se convierte en una apuesta de poder.
Pedro Sánchez seguramente es el más radical y el hombre que más ama el poder en este momento por encima de los demás gobernantes europeos. Pero el problema es que también es el primero que, una y otra vez, cada día que pasa, demuestra que a él solo le importa una cosa: seguir en el poder, aunque sea a costa de convertir la política migratoria, la memoria histórica, la ayuda social y el propio censo en piezas de una misma estrategia de supervivencia.
Al final, esa es la tragedia contemporánea de la democracia. No que haya pan. No que haya circo. No que los gobiernos prometan ni que los pueblos quieran ser atendidos, reconocidos, alimentados o entretenidos. Todo eso ha existido siempre.
La tragedia es que, cuando los principios han desaparecido, cuando se han degradado las instituciones, cuando se ha convertido la política en una lucha sin límites y cuando el poder ya no necesita justificarse más que por su propia permanencia, el censo se convierte en el último recurso de la democracia.
Porque si todo se reduce a quién entra en la lista, quién vota, quién recibe, quién promete, quién reparte y quién administra mejor la necesidad, entonces la democracia ya no descansa sobre ciudadanos libres, sino sobre sociedades administradas. Y cuando eso ocurre, el pueblo sigue votando, los partidos siguen compitiendo, los gobernantes siguen hablando en nombre de la voluntad popular y las urnas siguen abriéndose cada cierto tiempo. Pero detrás del ritual democrático puede quedar muy poco: apenas un censo, un espectáculo y un poder decidido a sobrevivir.