Viendo los pasos que da el sexenio de la 4T y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, resulta inevitable darse cuenta de las diversas situaciones que tendremos que analizar más temprano que tarde. Uno de los mayores problemas que tendremos mañana, cuando ese mañana llegue y el contexto no esté predeterminado por las batallas mañaneras ni todo lo que hoy nos ocupa, será determinar cómo sacar e imputar las responsabilidades que los modelos del siglo 20 tuvieron durante este gobierno. Andrés Manuel López Obrador, como la mayoría de quienes leen este espacio editorial, nació en el siglo 20. El líder mexicano se creó con los sistemas de gobierno, los miedos y las leyendas del siglo pasado. Creció y creyó en la organización del Estado que le enseñaron que estaba basada bajo la supremacía de un partido único, con una sola visión y con una sola agenda. Esto buscando honrar, por una parte, la Revolución mexicana y, por la otra, buscando seguir el sueño zapatista de defender a los más pobres.
Lo mire por donde lo mire, desde Lázaro Cárdenas hasta la compra de los granos por parte de Conasupo, el presidente López Obrador es un hombre del siglo 20. Por eso todas las cuentas que estamos sacando ahora sobre cada movimiento que hace deben tener los referentes que existen en el corazón de nuestro gobernante. Sobre su constante deseo de lucha contra la corrupción, hay que saber que –aunque la corrupción es una– existen distintos grados, motivaciones y ejercicios de la corrupción, frente a la cual puede haber distintas actitudes. Por ejemplo, si un amigo, un jefe o alguien que apostó por nosotros está o ha sido puesto al frente de un organismo diseñado conforme a las características estipuladas en el siglo 20 –pero que ya no aplican en este siglo–, como es el caso de Segalmex, en caso de que algo salga mal, nunca será el malo de la historia. Para quien nos gobierna éste no será un hombre responsable de lo sucedido, sino que se tratará de un hombre inocente y que se vio atrapado por las consecuencias de confiar en quien no debía y que se encontró envuelto en una columna de fuego y contaminado por esa relación que existe cuando se hacen negocios bajo el cobijo de la corrupción.
Esto es lo que sucede y está sucediendo en nuestro país con uno de los temas que más estragos ha causado a la actual administración. En su tiempo el presidente López Obrador acusó a sus antecesores y juró con perseguir hasta las últimas consecuencias a los responsables del caso de la conocida ‘estafa maestra’, un desfalco que representó poco más de 7 mil 600 millones de pesos y en el que estuvieron involucradas más de 10 dependencias federales. Sólo para dimensionar, el desfalco por el que se está acusando a Segalmex y a su antiguo director –al que nuestro Presidente defendió diciendo que es víctima de una traición y culpa de los regímenes antiguos– ya superó los 15 mil millones de pesos. Hay quien argumenta que se trata del mayor fraude hecho por una instancia gubernamental, pero, independientemente de ello, lo que importa es lo que es evidente ante los ojos de todos, que es que la corrupción, sea quien sea que la haya cometido, tiene que ser perseguida y castigada. O ¿será que la amistad con quien todo lo puede es suficiente para que uno salga impune a pesar de lo cometido?
No se puede juzgar como una blanca paloma inocente a quien en realidad podría ser una astuta serpiente, sin importar las relaciones y vínculos que pueda tener. No se puede por una razón elemental, que es que cuando se tiene la responsabilidad y confianza otorgada por el líder supremo, lo único que sucede es que esto sólo obliga más a cumplir con la misión recibida en el sacrosanto nombre del pueblo de México. Y es menos viable evitar las correspondientes responsabilidades cuando desde el principio de este sexenio se ha buscado a toda costa diferenciar una buena administración de una corrupta.
El caso Segalmex lleva camino a convertirse en un caso referencial. No por mejorar el ranking de la corrupción –en el que ocupamos la posición 126 de 180 países evaluados por el Índice de Percepción de la Corrupción–, sino porque, sin querer, este caso hace verdad o mentira la declaración que el presidente López Obrador hizo en 2017, cuando dijo: “Yo no meto las manos al fuego por ninguna persona, ni siquiera de Morena”. Y le creímos, todos le creímos y pensábamos que de verdad con él la corrupción llegaría a su fin.
Sin duda alguna, con un régimen tan fuerte como el que construyó el PRI y ante el cual él se formó y dentro del cual él tuvo la carrera que tuvo, se podían resistir distintas batallas de corrupción sin destruir el Estado. En este momento, el país que Andrés Manuel López Obrador está forjando, es un país en formación y, naturalmente, un mal virus como el de la corrupción puede terminar contagiándolo –por causa o sin ella, por acción u omisión– y causando efectos devastadores. Efectos que afectarían directamente a la credibilidad pública y a la batalla que el Presidente ha buscado encabezar desde que hace cinco años recibió la banda presidencial.
Otro de los temas que se ha hecho hueco en la agenda nacional en los últimos días es el concerniente a lo sucedido con Iberdrola. El paso de la nacionalización y el principio de soberanía energética basado en el siglo anterior ha dado un paso irreversible. El Estado mexicano, por medio del fideicomiso liderado y gestionado por Mexico Infraestructure Partners, anunció el pasado martes la compra a Iberdrola de 13 de sus plantas eléctricas instaladas en el país por un valor aproximado a 6 mil millones de dólares. Tras esto, CFE acaparará 55 por ciento de la generación eléctrica en nuestro país, poniéndole fin a una larga batalla. Con esto se olvidan algunos de los reclamos hechos por el presidente López Obrador, como el hecho sobre la presencia e injerencia del sector privado en la generación de energía en México y que, en ocasiones, estuvo directamente dirigido a Iberdrola.
Empezando por el pecado original que supuso el haberse atrevido a fichar como consejera a la antigua secretaria de Energía y quien tenía la responsabilidad de vigilar los pasos de compañías como Iberdrola en México, la doctora Georgina Kessel, López Obrador libró un enfrentamiento constante con la empresa española. Lo segundo fue el reclamo hecho sobre la contratación misma, también en calidad de consejero y argumentando que ésta era una de las razones por las que dominaban el mercado eléctrico, del expresidente Felipe Calderón. Una reclamación que, después de haber sellado el pacto, volvió a avivar diciendo que la contratación del exmandatario fue “una vergüenza y de pena ajena”.
Con esos dos antecedentes se daba a entender que Iberdrola no tenía cabida en el firmamento mexicano y que, pasara lo que pasara y la guerra durara lo que durara, era una guerra imposible para vencer el capital social. Un capital que, no hay que olvidar, está en manos, sobre todo, de los principales fondos y a los cuales, de vez en cuando, les gusta venir a Palacio Nacional y tomarse una foto con el presidente López Obrador, tal es el caso del CEO de BlackRock, Larry Fink.
Sea como sea que haya intervenido Fink en la venta de los activos de Iberdrola en México, la adquisición de las plantas energéticas mencionadas supone una declaración intrínseca basada en el hecho de que hoy somos más nacionalistas habiendo logrado nacionalizar una parte muy importante del sector eléctrico. Otra cosa es que nadie se atreva a pedir resultados eficientes sobre la administración de la industria eléctrica nacional.
Como ya pasó una vez en un país tan de moda actualmente como es Rusia, lo importante no era cuánto grano de verdad se recogía más en Ucrania con el cambio de régimen, sino simplemente que el cambio del régimen pudiera incluso administrar el hambre de todas las Rusias. Aquí no hablamos en términos de qué efectos tendrá en los costos de producción y en términos de incremento de la fortaleza eléctrica de la nación, sino que se trata de dejar claro que en esta administración las cosas se hacen de forma diferente. Para López Obrador ésta es otra forma de demostrar que aquellos que se atrevieron a alzar su voz intentando comprar en el templo de la democracia la figura de un presidente pagaron –bien es verdad que habiendo cobrado–, pero pagaron con su expulsión del México de la 4T.
En cualquier caso, éste es un ejemplo muy claro de que el gobierno actual de México está anclado en el pasado. Los 800 mil millones de pesos que, según el presidente López Obrador, nos íbamos a ahorrar al año con el fin de la corrupción, iban a permitir financiar el desarrollo del futuro justo e igualitario para todos los sectores que componen la sociedad mexicana. Además, esta lucha permitiría dar fin con la cleptocracia del pasado y le pondría un alto a quienes estaban despojando y desfalcando al país. El caso Segalmex se ha convertido en la prueba de fuego de lo que significa y representa la corrupción en la 4T. Pero, sobre todo, este caso ha sido la prueba sobre hasta dónde piensa llegar el Presidente, puesto que, a final de cuentas, como él mismo dijo en el pasado, él no está dispuesto a meter las manos en el fuego por nadie, ni siquiera por sus hijos mayores. Por la única persona que podría hacerlo era por su hijo menor. Ahora no es que alguien haya engañado a su amigo Ovalle, es que en realidad los engañados somos todo el pueblo de México.