En México, no es desconocido el rezago educativo que tiene el país desde hace mucho tiempo.
El panorama se constata con lo que últimamente publicó la prueba PISA 2025, convocada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En los resultados, nuestro país ocupó lugares muy desfavorables en Matemáticas y Comprensión lectora, calificados incluso como los “peores en 20 años”.
Esta lamentable situación dio origen a varias discusiones a través de foros y mesas de análisis como el organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación (Centro INIDE) de la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México.
Bajo el título “Repensar la educación tras la prueba PISA: brechas, tecnología y políticas para el aprendizaje”, especialistas de dicho Centro dialogaron en torno a la lectura que debe hacerse sobre PISA 2025 más allá de lo superficial, que es un visible deterioro educativo evidenciado por bajas calificaciones.
Si bien ese propio dato es un foco rojo, Jimena Hernández Fernández, docente investigadora del Centro INIDE, sostiene que el verdadero centro del problema no es únicamente el desempeño académico, sino la manera en que la desigualdad social —económica, cultural y de acceso tecnológico— determina de manera sistemática quién aprende, cuánto aprende y en qué condiciones lo hace.
Es decir, lo que expresan los bajos resultados es un reflejo de las desigualdades estructurales del país que condicionan el aprendizaje.
Por ejemplo, entre el 25% del alumnado con mayor ventaja socioeconómica y el 25% con mayor desventaja existe una diferencia de 68 puntos —una brecha equivalente a entre tres y cuatro ciclos escolares completos—, y esta distancia se ha mantenido estable entre 2015 y 2025.
Esto significa que el origen socioeconómico sigue siendo un factor clave en las oportunidades de aprendizaje, y ello implica reducir las desigualdades para siquiera poder pensar en mejorar el nivel educativo.
Asimismo, en el foro se habló de la necesidad de crear una política pública basada en evidencia, pues ninguna de las estrategias o reformas diseñadas en sexenios anteriores ha logrado reducir el peso de la desigualdad social.
Un elemento que también fue abordado fue el de la formación docente, que requiere la suficiente inversión para capacitar a quienes están frente a las aulas.
Desafortunadamente, en el gobierno pasado y en este se ha visto una disminución en los recursos, según Marisol Silva, integrante del Centro INIDE.
En sí, se propone tomar los resultados de PISA 2025 como un termómetro de lo que está ocurriendo en México, atender los desafíos que se están evidenciando y no quedarnos en el tema de las bajas calificaciones.
En Early Institute privilegiamos la evidencia como elemento clave para la construcción de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes, y sabemos que este tipo de herramientas de medición deben ser analizadas con enfoques más amplios de los que se suelen considerar.
Coincidimos en que las desigualdades sociales afectan el desarrollo humano y el reto está en generar condiciones que faciliten el aprendizaje desde una base equitativa y con absoluto respeto a los derechos, como lo es el de la educación.