Es cuestión de tiempo. En los siguientes seis meses se incrementará dramáticamente el número de funcionarios, exfuncionarios, empresas, directores ejecutivos y familiares que serán sancionados por el gobierno de Estados Unidos por supuestos vínculos con organizaciones criminales que los vecinos consideran terroristas.
Las personas y empresas vinculadas con Morena serán prioridad para el gobierno estadounidense. ¿Esta estrategia forma parte de la injerencia política promovida desde la Casa Blanca para debilitar a uno de los pocos gobiernos de izquierda en el hemisferio? Indudablemente, ya que habría que imaginar que la relación bilateral sería diferente si México fuera gobernado por un presidente mexicano partidario de MAGA. Pero el Talón de Aquiles de la Presidenta y del movimiento de la Cuarta Transformación es la estrategia de “abrazos, no balazos” de Andrés Manuel López Obrador. Esta estrategia de seguridad, promovida por el expresidente de México, facilitó que aumentara aún más el control territorial de peligrosas organizaciones criminales, pero si permitió afianzar el control político de Morena.
Inicialmente hubo un debate sobre si los cárteles debían clasificarse como terroristas, pero nadie puede cuestionar la peligrosidad que representan estas organizaciones para la democracia y la integridad física de los mexicanos. Estas organizaciones criminales prosperan y conviven con la clase política y empresarial en México, al punto de que los estadounidenses las consideran una amenaza para su seguridad nacional. El gobierno de México podrá cuestionar a los vecinos por no asumir su corresponsabilidad en el consumo de estupefacientes y el tráfico de armas que fortalecen a los “terroristas” mexicanos. Pero la realidad es que, si el día de mañana se legalizara el consumo de drogas o se redujera dramáticamente el tráfico de armas, no se resolvería la crisis de violencia, extorsiones y desapariciones en México.
El problema fundamental para la Presidenta Claudia Sheinbaum es el control territorial de las organizaciones criminales y su vínculo con la clase política a nivel local, estatal y, en algunos casos, con el gobierno federal. En este momento no hay una estrategia clara sobre cómo el gobierno mexicano piensa romper, a largo plazo, este vínculo criminal con gobiernos y empresas. En cambio, el gobierno de Trump tiene una estrategia con impacto a corto plazo: un esquema de sanciones mediante el cual el gobierno de Estados Unidos retira visas, congela cuentas bancarias en Estados Unidos y México, y corta el acceso al sistema financiero.
Hasta hace poco, funcionarios y empresarios se sentían intocables bajo el paraguas de protección de Morena y AMLO. El resto de la clase empresarial asumía que no caería en la lista negra porque no cotizaba ni exportaba al país vecino. Estas consideraciones son completamente erróneas y peligrosas. La estrategia cambió dramáticamente: las sanciones de los departamentos del Tesoro, de Justicia y de Estado no se aplican en función del impacto que una empresa o un gobernante corrupto tenga en los intereses estratégicos. Las decisiones sobre quiénes serán sancionados ahora se definen por el apoyo, directo o indirecto, que recibieron o proporcionaron y que fortaleció las capacidades de las organizaciones terroristas en México.
Todo indica que el gobierno de México, la clase política y las empresas no entienden lo peligroso y pernicioso que es este esquema de sanciones ante el control que ejercen estas organizaciones criminales. Esta misma semana, la zarina antidrogas aseguró en una entrevista: “El Presidente Trump ha sido muy claro. Si ayudan o son cómplices de los cárteles, si colaboran con organizaciones terroristas, no nos importa si son el gobernador o si son la persona que trabaja en la plaza, en una pequeña tienda. Los encontraremos, iremos por ustedes y nos aseguraremos de que paguen las consecuencias”.
También esta semana, la Presidenta continuó respondiendo en la mañanera pregunta sobre investigaciones y sanciones contra empresarios cercanos a familiares del expresidente López Obrador, así como sobre empresas y personas de Baja California incluidas en la lista de sancionados que publicó el Departamento del Tesoro por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Sheinbaum llegó a asegurar que no tenía evidencia de que la empresa de seguridad sancionada, “Inteliproof Efficiente”, hubiera comprometido la seguridad de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Rumbo a 2027, crecerán las listas de personas, empresas y organizaciones sancionadas por el gobierno de Estados Unidos. Se aproxima la hora de definiciones: ¿Por cuánto tiempo debe la Presidencia continuar “defendiendo”, “justificando” o “exigiendo” pruebas al gobierno estadounidense y asumiendo el desgaste político? O llegó la hora de que cada individuo, empresa o Morena debe dar explicaciones, aclaraciones y asumir su propia defensa ante los medios de comunicación y las autoridades. La Presidenta tiene cosas más importantes que hacer.