Los anuncios y la conferencia de prensa de esta semana por parte de funcionarios estadounidenses recalcaron que no solo van a perseguir y desarticular las organizaciones criminales (ahora consideradas terroristas), sino también sus vínculos corruptores con la clase política.
El gobierno de Estados Unidos perseguiría por igual a los traficantes y a los corruptos. Y si había alguna duda, el administrador de la DEA recalca las prioridades. Durante una conferencia de prensa esta semana para presentar una estrategia fortalecida en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Terrance Cole, amenazó a narcotraficantes y funcionarios por igual, “Permítanme ser claro. Si trafican drogas mortales, lucran con el sufrimiento de otros o usan un cargo público para proteger a los cárteles, esta es su advertencia. La DEA va por ustedes. Ningún título, cargo o conexión política los protegerá.”
¿Cuántos funcionarios y exfuncionarios se sintieron aludidos? ¿Cuántos tendrán insomnio permanente a partir de esta semana?
Y es que la estrategia de Estados Unidos ha cambiado dramáticamente desde el 20 de enero de 2025, cuando tomó protesta el presidente Donald Trump. Desde los primeros días de su administración, declaró la frontera con México una zona de seguridad nacional y los cárteles de la droga como organizaciones terroristas y el fentanilo como un arma de destrucción masiva. La apuesta a la cooperación y colaboración en materia de seguridad que había sido la apuesta binacional en los últimos 30 años ahora es una amenaza permanente de que Estados Unidos tome más decisiones unilaterales. Y como lo señalé en la última entrega, habrá más injerencia que impactará la política y hasta la gobernabilidad en el país.
En entregas anteriores señalaba cómo la estrategia del gobierno estadounidense subrayaba no solo investigaciones penales de parte del Departamento de Justicia, que se iniciaron hace años, y que resultarían en una acusación formal (indictment), petición de extradición, y una probable negociación con los fiscales estadounidenses. A diferencia del pasado, la mayoría de los mexicanos que caen en manos del Departamento de Justicia (ya sea extraditados, secuestrados o entregados) prefieren negociar y cooperar con las autoridades estadounidenses y no correr el riesgo de un juicio por un jurado. Seguramente Joaquín “El Chapo” Guzmán, al ver los beneficios concedidos a sus hijos y otros miembros del Cártel de Sinaloa, ahora se arrepiente de no haber insistido en negociar con el Departamento de Justicia. Pero nunca es tarde… Y aunque el Mayo Zambada se ha declarado culpable y asegura que no coopera con el Departamento de Justicia, esto no significa que pueda cambiar de opinión más adelante.
En recientes entregas también expliqué cómo la nueva estrategia incluye las sanciones del Departamento del Tesoro a individuos vinculados a las ahora “organizaciones terroristas”, donde individuos y empresas podrían ser sancionados, haciendo uso de información y pruebas que no necesariamente sería suficiente para ser condenados por un tribunal en Estados Unidos. Las sanciones de la IEEPA permiten a OFAC y FINCEN ordenar congelar cuentas de bancos y bienes de individuos que aparecen en esta lista. Esta estrategia está directamente coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México. Esto significa que la estrategia del Departamento del Tesoro se traduciría en congelamiento y cierre de cuentas bancarias en México.
Ahora los funcionarios, exfuncionarios y políticos que ahora están en la mira del gobierno estadounidense tendrán que tomar decisiones difíciles: entregarse al vecino, antes de que se haga público un indictment. O negociar antes de que su nombre aparezca en la lista de los sancionados por OFAC. Muchos están considerando vaciar sus cuentas de banco antes de que sean congeladas debido a la cooperación entre el gobierno de México con el Departamento del Tesoro. Morena y Movimiento Ciudadano tendrán que analizar con cuidado quiénes son sus candidatos para el 2027, porque corren un riesgo real de que sean considerados organizaciones políticas que protegen o promueven candidatos que están vinculados a uno de los cárteles identificados como terroristas. Y las recomendaciones de la cacareada Comisión de Integridad del INE, con responsabilidad de revisar la idoneidad de las candidaturas rumbo a las elecciones del 2027, serán de muy poca utilidad ante acusaciones formales, o informales, del vecino.
Pero la estrategia más peligrosa para políticos, funcionarios y exfuncionarios son los mecanismos de denuncia y diferentes recompensas multimillonarias que ofrecen las agencias estadounidenses. Dependiendo del programa y la agencia, informantes podrían obtener recompensas por denunciar los vínculos entre cárteles y políticos. No hay que descartar “fuego amigo” para eliminar a tus competidores políticos. Y gracias a estas denuncias, si los partidos no hacen un extraordinario trabajo en depurar a sus candidatos, podría ser la “injerencia” estadounidense la que defina la probidad del partido y los resultados electorales.