Indudablemente habrá alguna forma de “injerencia” extranjera durante las elecciones intermedias del 2027. Ya sean comentarios ofensivos del gobierno estadounidense, incluyendo del mismo presidente Donald Trump, cuestionando la capacidad del estado mexicano o filtrando información del vínculo entre el crimen organizado y la clase política. O tal vez la “injerencia” será una publicación del “El País” o “New York Times” informando sobre casos específicos de candidaturas con posibles antecedentes criminales. Con la amenaza que representa para la libertad de expresión la eventual implementación de los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias, será muy difícil informar a las “audiencias” sobre candidaturas y partidos que reciben apoyo ilegal de organizaciones criminales. La “injerencia extranjera” de “Los Angeles Times” podría ser de las pocas fuentes proporcionando información sobre los autores y el número de candidatos asesinados o amenazados y cuales instituciones políticas se benefician de lo que podría ser las elecciones más violentas en la historia del país.
Es muy factible que la “injerencia extranjera” durante el proceso electoral serán la publicación de funcionarios, candidatos, líderes políticos e instancias de partidos políticos recibiendo apoyo de organizaciones criminales en la lista negra del Departamento del Tesoro. Hay un número considerable de individuos acusados de narcotráfico y lavado de dinero en manos de autoridades estadounidenses que gustosamente están cantando y proporcionando información que podría incrementar dramáticamente la información y evidencia de la injerencia criminal en las elecciones y por ende, en los gobiernos locales, estatales y a nivel federal.
Y seguramente la urgencia de la reciente reforma constitucional al artículo de prohibir las aportaciones y apoyo de entidades extranjeras tiene que ver con estas preocupaciones. Si uno le adiciona la actual movilización nacional en contra de la “injerencia extranjera” y la defensa de la soberanía nacional, parecería que el gobierno federal y en particular, Morena y su liderazgo, están buscando construir de antemano una justificación para posibles invalidaciones de elecciones estatales y locales ante información y presión del extranjero. O sea, la “injerencia extranjera”.
Como lo había señalado en anteriores entregas, la posibilidad de que Morena, su liderazgo y candidatos podrían correr riesgos de ser identificados como aliados o socios de “grupos terroristas” y caer en la lista de sancionados, la amenaza no solo es exclusivo para Morena. Con el incremento del control territorial y político de grupos criminales en el país, es de esperarse que buscarán asegurar sus “escaños” y candidatos, ya sea aportando recursos, amenazando e inclusive asesinando a las candidaturas no aliados a su “proyecto criminal.” Por esta razón, el problema no solo es de Morena, es un problema sistemático que requiere una cuidadosa selección de las candidaturas.
Se ha cacareado la creación y de la Comisión de Integridad, con responsabilidad de revisar la idoneidad de las candidaturas rumbo a las elecciones del 2027, investigando antecedentes criminales y vínculos con el crimen organizado después de una detallada investigación por parte de la FGR, CNI, UIF, CNBV y la Secretaría de Seguridad. Si un candidato recibe la “bendición” de idoneidad del INE, será imposible cuestionarlos en los medios de comunicación o por la oposición. Esta comisión del INE acabará siendo un “lavadero” de personalidades cuestionadas, la mayoría vinculados a Morena y sus aliados, que en parte requieren de inmunidad legislativa. No es de sorprenderse que los nombres en la lista de los plurinominales, incluirán varios impresentables, que serán intocables y no podrán ser cuestionados ni por los medios de comunicación ni durante el proceso electoral-serán los bendecidos y protegidos reputacionalmente por el INE.
¿Pero, que pasará si Morena y candidatos caen en la lista de sanciones por apoyar o proteger organizaciones criminales? Podrían ser víctimas de la bomba atómica: Morena ya no tendría acceso al sistema financiero nacional e internacional. Esto significa que no tendría cuentas bancarias, tarjetas de crédito y la inhabilidad de transferir legalmente recursos. Además, el daño reputacional.
Desafortunadamente, será la “injerencia extranjera” el mecanismo menos peligroso para denunciar y hacer público los vínculos políticos con el crimen organizado. De hecho, esta semana el departamento del Tesoro reforzó los mecanismos para denunciar delitos financieros y violaciones a sanciones económicas. Publicaron un nuevo portal donde se puede denunciar a individuos, empresas y organizaciones que están buscando evitar las sanciones del Departamento del Tesoro. El proceso es fácil, puede ser anónimo y podría haber una recompensa financiera para los informantes.
Y aunque obviamente sería una instancia más de “injerencia extranjera”, también podría ser una herramienta para balconear a los corruptos. Hablaremos sobre esto en la siguiente entrega.