En la última entrega señalaba que el Talón de Aquiles de la Cuarta Transformación es la eventualidad de que el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado decidieran imponer sanciones a Morena por sus supuestos vínculos con organizaciones criminales FTO-Organizaciones Terroristas Extranjeras. El partido oficial corre el riesgo de que sus candidatos para las intermedias de 2027, el liderazgo y la misma estructura partidista perdieran acceso al sistema financiero nacional e internacional por sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Me cuentan algunas fuentes que, hoy día, aquellos que son identificados públicamente como una “persona políticamente expuesta” detonan una serie de investigaciones por parte de bancos que tienen que decidir rápidamente si van a desvincularse del partido, del funcionario, del político o de la empresa, mediante el cierre o congelamiento de cuentas. El fantasma de lo que sucedió con CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa está presente todos los días cuando los ejecutivos bancarios revisan los titulares y los reportes periodísticos. Seguramente a diario hay un especial interés por trascendidos e información sobre los posibles candidatos de Morena.
Pero reconozco que he sido irresponsable al solo identificar a Morena como el único partido que podría enfrentar sanciones por vínculos directos o indirectos con organizaciones terroristas. Cuando uno analiza la lista de los 10 FTO publicada por Estado y Tesoro, estas organizaciones básicamente tienen presencia en 60% del territorio mexicano. Y con la publicación de esta semana del Departamento del Tesoro buscando sancionar a más de 50 individuos y empresas vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es definitivamente un campanazo para Movimiento Ciudadano (MC) y un recordatorio de que no solo Morena podría estar infiltrada por políticos financiados por organizaciones criminales. Igualmente, con la identificación del Cártel Santa Rosa de Lima como un objetivo del Departamento del Tesoro, el PAN debe extremar cuidados en la selección de candidatos en Guanajuato.
Y perseguir a partidos, políticos, funcionarios, empresas y ONG vinculados a grupos criminales que Estados Unidos considera como terroristas no va a disminuir; al contrario, podría incrementar al acercarse las elecciones intermedias de 2027. Por ejemplo, esta semana el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó ante el Senado que la renovación o incluso la revisión del TMEC dependerá de que México coopere plenamente en áreas clave de seguridad, incluyendo la seguridad fronteriza, el combate al crimen organizado y el tráfico de drogas.
Y como estamos en la antesala de que inicie el proceso electoral de 2027, donde serán electos más de 3000 funcionarios a nivel municipal, estatal y federal, el reto es monumental para la selección de las candidaturas de Morena y de otros partidos: cómo asegurar que estas instituciones políticas no sean representadas por individuos directamente vinculados a organizaciones criminales.
En un país normal esta tarea sería relativamente fácil, ya que incluir en tus postulaciones individuos que son criminales tendría costos políticos para el partido, pues sería la mejor forma de que el partido pierda elecciones. Pero México no es un país normal, y parecería que en los últimos años candidatos con vínculos criminales no solo no conllevan costos políticos; en algunos casos parecería que son recompensados.
Y aunque el problema es de todos los partidos, obviamente el enfoque del Departamento del Tesoro, Estado y Justicia será en Morena. En los últimos ocho años no solo habría incrementado dramáticamente la violencia, los asesinatos y las desapariciones, sino que también se permitió el dramático incremento del control territorial de las organizaciones criminales. Obviamente, estos grupos buscarán, especialmente en 2027, asegurar que candidatos afines a sus intereses ganen las siguientes elecciones. En este momento parecería que, por más voluntad política por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad de reducir la influencia en las elecciones de 2027, el problema y la solución están en manos de Morena y de los otros partidos.
Y si los trascendidos sobre quiénes podrían ser los candidatos de Morena son ciertos, hay indicios de que la presidenta, en lugar de distanciarse de políticos con vínculos con el crimen organizado, está dispuesta a sacrificar su gobierno en defensa de exfuncionarios y el legado de López Obrador. Especialmente facilitar la candidatura de personas, familiares y allegados a la Cuarta Transformación y de AMLO para asegurar inmunidad o control en algunos municipios clave. El caso más emblemático que enfrentará el liderazgo de Morena sería la candidatura de Andy López Beltrán, quien ya anunció sus intenciones de ser candidato en Tabasco. Él es un ejemplo de las candidaturas que seguramente van a sobrevivir el proceso de escrutinio e investigación penal propuesto por Morena.
Y los costos serán catastróficos para el país. Hablaremos de esto en la siguiente entrega.