La acusación en contra del Gobernador de Sinaloa nueve otros mexicanos por sus vínculos con el Cáftel de Sinaloa, y la solicitud de detención provisional con fines de extradición, a detonado una férrea defensa.
“Bajo ningún motivo vamos a permitir la injerencia de un gobierno extranjero”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum y aunque dijo que “nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, subrayó que “si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político.”
¿Político?
“Verdad, justicia y defensa de la soberanía” es la frase que representa la posición de la presidenta Sheinbaum a los 10 imputados de conspiración para apoyar actividades de narcotráfico. De hecho, los fiscales en Nueva York acusan a estos individuos de proteger operaciones del Cártel de Sinaloa desde su posición política, facilitando control territorial a este grupo criminal, frenando acciones policiales y militares. Según el Departamento de Justicia, Ruben Rocha Moya es “un político veterano, fue elegido gobernador de Sinaloa en junio de 2021, o alrededor de esa fecha, con el apoyo de los Chapitos. Para respaldar la elección de ROCHA MOYA, los líderes de los Chapitos, entre otros aspectos, ordenaron a los miembros de los Chapitos que robaran las papeletas con votos de los oponentes de ROCHA MOYA, y que secuestraran e intimidaran a los candidatos de la oposición.”
La presidenta tiene razón de que “estas imputaciones son políticas”, ya que el juicio que enfrentará ROCHA MOYA incluye pruebas de como este gobernador de Morena fue electo con apoyo de un grupo que ahora se considera como terrorista.
La presidenta y todos los que salieron a la defensa de los imputados, exigen pruebas. De lo contrario es injerencia extranjera.
¿Injerencia extranjera?
En la acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York se señala a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntamente brindar protección institucional al Cártel de Sinaloa. Entre ellos destacan el gobernador Rubén Rocha Moya; el senador y exsecretario general de Gobierno Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil; el exsecretario de Seguridad Pública el General Gerardo Mérida Sánchez; el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega; el fiscal general adjunto Dámaso Castro Saavedra; los exagentes de investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Jorge Alberto Contreras Núñez; el exdirector adjunto de la Policía Estatal José Antonio Dionisio Hipólito; y el excomandante municipal Juan Valenzuela Millán.
Como pueden observar, entre los imputados hay un gobernador, un senador, un presidente municipal, y un general en retiro. Todos mexicanos. Los fiscales estadounidenses señalan en la acusación que “estos políticos y agentes del orden público han abusado de su autoridad en beneficio del cartel, han expuesto y sometido a las víctimas a amenazas y violencia, y han vendido sus cargos a cambio de sobornos cuantiosos. De hecho, ciertos funcionarios policiales en México, incluidos algunos de los acusados, han participado directamente en la violencia y las represalias perpetradas por el cartel, entre otras cosas, mediante el homicidio de enemigos del cartel y el secuestro de individuos en México los cuales se les sospechaba de cooperar con las fuerzas del orden público estadounidenses.” Y si, hay pruebas, muchas pruebas que señalan su cooperación con el Cartel de Sinaloa. Serán enviadas a la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, que, por lealtad política a la presidenta y a Morena, no apoyará la petición de extradición.
Y esta defensa institucional tendrá costos políticos, diplomáticos, económicos comerciales, reputacionales y de gobernabilidad. El “indictment” infiere que ya hay suficiente evidencia para que pueda ser declarada Morena una organización política que apoya y se beneficia de narco terroristas. Los funcionarios, políticos, bancos, empresas, organizaciones sociales ligados a este “narco partido” podrían enfrentar sanciones e investigaciones. La presidenta y su gobierno tendrán un serio problema reputacional y de gobernabilidad por el resto del sexenio, buscando convencer que México no es gobernado por un narco partido y que la crisis política con Estados Unidos no afecta las inversiones y el comercio.
Pero el cuestionamiento de la presidencia y partidarios de Morena no debería ser en contra del gobierno de los Estados Unidos. El enojo debe dirigirse a Andrés Manuel López Obrador, el autor de la crisis de gobernabilidad, de la destrucción de Morena, la Cuarta Transformación y del país. Tuvo un apoyo electoral irrefutable, un índice de popularidad histórico, y aun así el expresidente permitió que las organizaciones criminales crecieran, y controlaran gran parte del país. Gobernó apoyando allegados y funcionarios corruptos, y ligados al crimen organizado.
Enójense con AMLO, y destruyan el legado de narco política corrupta que heredó a México.