“Esto será un rotundo fracaso”, fue lo que pensé. En ese momento caí en cuenta de que la aplaudida reforma constitucional de 2008, que transformaría el proceso penal en México de un proceso de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, indudablemente iba a fracasar.
En 2013 participé en un foro sobre los retos para la implementación de la reforma penal, donde también participaban el nuevo secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el procurador Jesús Murillo Karam. Hasta ese momento, asumía que sería la Procuraduría, con apoyo de Gobernación, que lideraría el esfuerzo de la administración de implementar la reforma penal que tenía que estar lista en junio de 2016. Pero, observando y conversando con el procurador y el secretario de Gobernación ese día, durante el foro en 2013, no solo sería el secretario de Gobernación, Osorio Chong, quien iba a liderar la implementación de la reforma a la justicia penal, sino habría poca coordinación con el procurador Murillo Karam.
La reforma de 2008 fracasaría: se buscaba transparentar los juicios penales, reducir la corrupción, proteger los derechos de los acusados y las víctimas, uso racional de la detención preventiva, y sobre todo, impartir justicia en una forma más eficiente y expedita.
Fracasó en parte porque desde la Secretaría de Gobernación se usó con intenciones políticas que permitiría crecer a Osorio Chong, quien, desde el inicio de la administración Peña, no escondía sus ambiciones de ser el siguiente presidente de México. No solo acaparó la reforma penal, sino inició la destrucción de la Policía Federal promoviendo la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública para así monopolizar la fuerza e inteligencia civil.
Durante el sexenio de Peña nunca se consideró construir instituciones que pudieran fortalecer el Estado de derecho y el aparato de justicia. Al contrario, se buscó usar las reformas como plataforma y protección política. En 2014, el Congreso aprobó otra reforma constitucional creando la Fiscalía General de la República, que por lo menos en papel sería independiente del Ejecutivo.
Buscando resolver el problema de la injerencia del Ejecutivo en las decisiones de la Procuraduría por parte del Presidente en turno, se reforma la constitución en febrero de 2014, creando la Fiscalía General de la República, que sería un órgano autónomo del Ejecutivo.
Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
Si algo es absolutamente incuestionable es el fracaso de la estrategia de “Abrazos, no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador y la destrucción de la Fiscalía General de la República, gracias al fiscal “independiente”, Alejandro Gertz Manero.
Estamos en el peor de los mundos: no solo se vive una ola histórica de violencia e impunidad en el país, pero el fiscal no es independiente, ni tiene la supervisión política que permite acotar al fiscal.
Los resultados de Gertz Manero como fiscal, casi nos lleva a la conclusión que hubiera sido mejor no haber implementado la reforma constitucional de 2014.
La independencia del Ejecutivo no depende de una reforma constitucional, sino del sentido ético y moral de la persona que asuma el puesto de fiscal general.
El cuestionado modelo estadounidense de procuración de justicia vale la pena estudiar. En este momento, el Departamento de Justicia, bajo el mando del procurador Merrick Garland, estaría investigando al expresidente Donald Trump; el exvicepresidente Mike Pence y el actual presidente Joe Biden, quien en papel es su jefe.
Parecería que la selección del siguiente fiscal dependerá de los compromisos acordados de no investigar a ciertos “personajes” políticos, empresariales y criminales.
Esto me lleva a la falta de transparencia de la integridad física de Alejandro Gertz Manero. Más allá de los rumores que surgieron hace una semana cuestionando la salud y la situación geográfica del fiscal general de la República, la realidad que se avecina son las presiones de que sea reemplazado antes de las elecciones de 2024. No solo por la pésima gestión, acusaciones de abuso de poder y corrupción, pero la salud y edad de Gertz Manero señalan que en los siguientes meses o años habrá la necesidad de nombrar un nuevo fiscal.
La pregunta es si sucederá antes de las elecciones de 2024 o después. Para López Obrador, su familia, los allegados del presidente, los secretarios, elementos de las Fuerzas Armadas, políticos de la oposición, líderes del crimen organizado, el mismo Ovidio, líderes de la oposición, expresidentes, empresarios, todos buscarán influenciar y así asegurar protección e inmunidad con el nombramiento del siguiente fiscal general.
Por eso vuelan los zopilotes en el horizonte.