La falta de transparencia y la transgresión a los ordenamientos constitucionales en lo que se refiere a evitar las licitaciones públicas, es el común denominador de las dependencias del gobierno federal y deja un estigma de corrupción en el gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador.
En las mañaneras, la palabra corrupción es una de las más desgastadas, toda vez que la usa el presidente para arremeter contra gobiernos anteriores, sin embargo, en la realidad con los datos duros, caemos en la cuenta que a la hora de administrar los recursos públicos con plena transparencia y apegado a derecho, el régimen actual raya en la transgresión sistemática de la legalidad.
Según el estudio de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, AC, basado en datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondientes a los primeros 10 meses de 2020, de los 120 mil 102 contratos que en el corte de ese estudio constaban en la base de datos oficiales, 95 mil 887 han sido entregados por vía de la adjudicación directa, es decir, 79.8 por ciento. Otros seis mil 729 contratos, 5.6 por ciento del total, se otorgaron por invitación restringida y sólo 11.5 por ciento, o sea 13 mil 821, se adjudicaron por licitación pública.
El órgano de vigilancia y revisión, la Auditoría Superior de la Federación, está revisando con lupa estos procedimientos que con el pretexto de la crisis ocasionada por la pandemia, adjudican contratos, de cualquier producto o servicio, a los cuates, a aquellos que están ligados al actual régimen.
La Constitución establece como regla general el que las contrataciones que realice el sector público se otorguen a través de licitaciones públicas que aseguren al Estado las mejores condiciones, dejando otros procedimientos como excepciones reguladas por la ley, y que el PND 2019-2024, refiere que la prohibición de las adjudicaciones directas en la asignación de todo tipo de contratos del Sector Público quedó enlistada como una de las primeras medidas para combatir y erradicar la corrupción, vinculándola con conductas reprochables tales como el desvío de recursos públicos, beneficio a terceros a cambio de gratificaciones, tráfico de influencias, el amiguismo, el compadrazgo y el aprovechamiento del cargo o función pública para lograr beneficios personales o de grupo.
La diputada federal, Norma Azucena Rodríguez Zamora, propuso una reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público con el objetivo de erradicar la corrupción dentro de las licitaciones públicas y contrataciones del gobierno federal.
Sugiere reformar los artículos 7, 22, 40 y 42 y adicionar un artículo 59-BIS de la Ley, "para que sea más determinante y no dé lugar a interpretaciones diversas, que son aprovechadas por servidores públicos inescrupulosos, para burlar las disposiciones constitucionales y legales, como ocurre en la actualidad".
Además de establecer, en forma clara y terminante, los límites de la cantidad de contratos y de los montos presupuestales que podrán ser asignados por las vías excepcionales de invitación restringida y adjudicación directa, umbrales que deberán observar las dependencias y entidades del sector público, así como los servidores públicos que participen en las contrataciones respectivas.
Sin embargo, expresó que la actual administración ha privilegiado en forma inconstitucional e ilegal la contratación por la vía de las adjudicaciones directas y, en menor medida, mediante la invitación restringida, convirtiendo las excepciones en la regla.
No solo el PRD, también el PAN, PRI Y MC han denunciado sistemáticamente la desfachatez de los funcionarios públicos que están en las áreas de administración y operativas, al omitir los ordenamientos específicos que tienen que ver con las licitaciones públicas, sino que también los proveedores del gobierno que padecen la soberbia y son víctimas de actos criminales al verse afectados por toda una maquinaria de corrupción construida por funcionarios coludidos, incluso con los órganos de control interno que despachan en cada dependencia, en donde las adjudicaciones públicas son el pan de cada día.