El reality show que se monta todo los días en Palacio Nacional cerró el capítulo del sorteo de la Lotería Nacional relativo a la no rifa del avión presidencial. Ahora deberían irrumpir al escenario jurídico las secretarías de la Función Pública, la SHCP y la Auditoría Superior de la Federación para investigar los procedimientos sancionatorios contra quienes resulten responsables por las irregularidades cometidas en la compra de billetes de lotería con recursos públicos aprobados para otros propósitos.
Veremos si así ocurre, mientras tanto, empieza el segundo capítulo de la serie 'Cortinas de humo para entretener al respetable' y es la persecución mediática contra los expresidentes de la República, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, aunque en mi opinión deberían meter también a Andrés Manuel López Obrador, quien en poco menos de dos años ha violentado el orden constitucional en diversas ocasiones como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, mediante una consulta popular 'patito'.
La papa caliente que lanzó el jefe del Ejecutivo federal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene complicaciones legales, pero sí entre los chairos y amlovers, quienes ante un fallo adverso a los propósitos del presidente, quemarán en leña verde a los ministros.
¡Que pase el desgraciado¡, gritaría a viva voz la conductora de un 'programa' de entretenimiento, refiriéndose al sujeto que asumirá el rol del malo de la película y todo indica que será Felipe Calderón. Y aunque AMLO repita hasta el cansancio que no es vengativo, lo cierto es que no perdona que le hayan arrebatado la presidencia, eso dice el tabasqueño, en 2006.
No ignora López Obrador que hay diversos artículos de la Carta Magna que señalan el camino a seguir en torno al procedimiento y las autoridades que deberán intervenir en caso de algún ilícito cometido por cualquier ex funcionario público.
Tal como lo establece el artículo 102 de nuestra Constitución, la entidad competente de investigar los delitos es la Fiscalía General de la República, que es un órgano público y autónomo, por lo que es inconstitucional e improcedente someter a consulta sus obligaciones constitucionales y legales.
El artículo 94 constitucional señala: el Poder Judicial, es la autoridad competente para emitir sanciones y penas, por lo que sus atribuciones no dependen de los resultados de una consulta popular, ya que sería cuestionar sus obligaciones constitucionales y legales.
Apunta la bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro que si el presidente de la República tiene indicios y elementos de prueba de que los expresidentes de México hayan cometido un delito, nada le impide que presente la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Lo anterior en términos del tercer párrafo del artículo 16 constitucional, para fincar una responsabilidad penal a cualquier persona es necesario que preceda una denuncia o querella, y no una consulta popular.
En términos del artículo 114 constitucional los servidores públicos durante el desempeño de su encargo o hasta un año después podrán ser sometidos a juicio político. Por lo anterior es claro que, en el supuesto de los expresidentes de México, esta disposición no resulta aplicable.
El artículo 4 constitucional se refiere a que todas las personas somos iguales ante la ley, por lo tanto una consulta popular respecto de 'investigar y sancionar' delitos cometidos "antes y después de sus respectivas gestiones" de los expresidentes es claramente contraria al principio de igualdad ante la ley.
Aunado a esto, el pretender juzgar a un expresidente por un delito cometido antes y después de su encargo, sólo judicializa una lucha política, lo que no contribuye en nada a la democracia mexicana, ni a sus instituciones.
Así que estamos ante un linchamiento mediático que se hace desde el púlpito de Palacio Nacional y las primeras planas de los medios de comunicación darán cuenta de ello, soslayando la crisis sanitaria, económica y de inseguridad pública, provocadas por factores internos y externos. En el primer caso, la incapacidad e ineptitud del presidente de la república, y en segundo la pandemia provocada por el Covid-19
Dicen los diputados del PRD que "es claro que la consulta para juzgar a los expresidentes no tiene fines legales, sino políticos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se tendrá que pronunciar sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, pero es evidente que ésta no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 35 de la Constitución de la República. Luego entonces es una simulación más del presidente".