Las víctimas en la CDMX al paredón
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Las víctimas en la CDMX al paredón

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Las víctimas en la CDMX al paredón

03/12/2019
Actualización 03/12/2019 - 12:38

En esta colaboración me refiero a tan solo un caso de los cientos que ocurren en la Ciudad de México, en donde los familiares de las víctimas viven en el infierno durante todo el tiempo que dura el proceso legal contra los delincuentes y sobre todo, cuando el entramado legal, jueces y abogados desleales y Derechos Humanos se unen para destruirlos.

El 28 de mayo de 2016, los entonces menores de edad Gustavo Adán Paredes González y José Carlos Rincón Aguilar, que cursaban el segundo año de preparatoria en la Universidad del Valle de México (UVM) campus Tlalpan, citaron a la hija de Florencio Hernández, quien era su compañera de escuela en un centro comercial de avenida Cuauhtémoc y Viaducto, para luego con engaños llevarla a la casa del primero, secuestrarla, violarla, asesinarla y depositar su cuerpo en el Cañón de Lobos, en la carretera Cuernavaca-Cuautla, en el estado de Morelos.

Tras ser sentenciados a una pena de cinco años de prisión en primera instancia, la Sala Segunda de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, conformada por los magistrados Sadot Javier Andrade Martínez, Rosa Laura Sánchez Flores y Eugenio Ramírez y Ramírez revocaron el mandato para reducirlo a 4 años 6 meses y 4 años 9 meses, respectivamente.

Florencio Hernández, padre de la víctima, dio a conocer que el pasado viernes 29 de noviembre le fue notificado para acudir con la jueza interina del Juzgado Único de Transición en Materia de Justicia para Adolescentes en la Ciudad de México, Nadia Hernández Jaimes, “para ver la posibilidad de que el homicida de su hija, Gustavo Adán Paredes González, obtenga su liberación anticipada por buen comportamiento”.

Como inexplicable y fuera de la realidad considera Florencio Hernández, que quienes cometieron contra su hija delitos tan graves como violación, secuestro y homicidio, tengan una y otra oportunidad de salir libres, como puede ser el día de hoy, cuando a su víctima le negaron toda opción de continuar viviendo y a la familia la metieron en un remolino de tormentos que siguen padeciendo a tres años de los sucesos.

El agraviado, padre de la joven asesinada, pregunta: “¿Qué objeto tiene que primero dicte sentencia condenatoria un juez, si después será revisada por una sala especializada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y más adelante, mediante amparo, es sometido dicho estudio a un Tribunal Federal que al final es la última instancia judicial; para más tarde ser turnado a un juez interino de ejecución de la Ciudad de México, quien finalmente tomará la decisión definitiva según su criterio de dejarlos cautivos u ordenar su libertad mediante el procedimiento de la liberación anticipada o cambio de medida para estos homicidas”.

Las autoridades jurisdiccionales más que proteger los derechos de las víctimas, parece que protegen a los victimarios, replica Florencio Hernández. “En este caso estos jóvenes delincuentes no le dieron ninguna oportunidad a mi hija, pero ahora sus presuntos derechos humanos son más importantes que los de mi hija y los nuestros porque cada visita a los tribunales, nos sumerge más en una especie de remolino psicológico que cada día se agrava más, sin que veamos fondo”, explica Hernández.

El papá de la joven asesinada dice que desgraciadamente la justicia en México, revictimiza a las víctimas, mientras a los delincuentes cada día les da más oportunidades, lo cual hace ver qué tan mal está la justicia en México y por qué la violencia se incrementa cada día.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.