Las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que preside David Colmenares Páramo, en la revisión de la Cuenta Pública 2017 y que se han hecho públicas, acarrean diversos comentarios que tienen que ver con el desfase de por lo menos un año en los resultados y por el estado de indefensión en el que se encuentran las dependencias señaladas en los reportes, así como los funcionarios responsables del gasto.
Si bien es cierto que en el marco legal que ampara a los servidores públicos acusados es robusto, también es una realidad que el ajusticiamiento mediático estigmatiza a los señalados por la ASF.
Es de gran mérito que exista una continua y constante supervisión de los recursos públicos, pero esas auditorías deben de inmediato darse a conocer y no después de más de un año.
Apenas se está informando del ejercicio 2017, cuando ya estamos por concluir el primer bimestre de 2019.
Claro, sobre las irregularidades detectadas ya hay acusaciones, incluso penales, contra los responsables de los desvíos de recursos públicos, empero, por ejemplo, nos estamos enterando que en el área de competencia de la SCT, que presidía Gerardo Ruiz Esparza, hubo irregularidades en la construcción del Tren México-Toluca, así como en el Paso Exprés de Cuernavaca y en las obras del NAIM.
Así ocurre también en la Sedatu, que presidía Rosario Robles, en donde la ASF encontró presuntos desvíos de recursos por dos mil 39 millones de pesos.
En las auditorías dadas a conocer la semana pasada, la ASF concluyó que diversas dependencias federales y programas presentan faltas graves en el ejercicio del presupuesto, y ahora los señalados, como responsables de ello, tienen un periodo de 30 días para alegar en su defensa lo que consideren pertinente. Sin embargo, este ejercicio se hubiera hecho antes y no cuando muchos de los funcionarios responsables de las anomalías ya no están en sus cargos y tal vez ni en el país.
Entendemos que el periodo de las auditorías está señalado en la ley, así como la enorme carga de trabajo que representa hacerlas; factores que ya de suyo hacen que los reportes finales tarden en entregarse. Sin embargo, se insiste en el tema: debe desarrollarse un nuevo trabajo de ingeniería administrativa para que las conclusiones de las auditorías y supervisiones no tarden tanto tiempo en darse a conocer.
Otro rubro relevante en donde la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por un total de siete mil 422 millones de pesos, fue en el gasto federalizado ejercido por estados, municipios y demarcaciones territoriales en 2017.
De acuerdo con el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2017, las entidades que presentaron un mayor monto observado fueron: Michoacán, con dos mil 522 millones de pesos, 34 por ciento del monto observado; y el Estado de México, con 960 millones, que significó el 12.9 por ciento del concepto citado. Así como Puebla, con 920 millones; Coahuila, con 874 millones; Tabasco, con 233 millones; Tlaxcala, con 221 millones; Guerrero, con 215 millones; Guanajuato, con 173 millones; Campeche y San Luis Potosí, con 157 millones; Jalisco, con 156 millones; Tamaulipas, con 150 millones; Yucatán, con 145 millones, y Oaxaca, con 112 millones de pesos.
En contraste, los estados que no presentaron un monto fueron Baja California, Chiapas, Nuevo León, Querétaro y Sonora, lo que indica que se implementaron medidas de control adecuadas en el uso de los recursos transferidos por medio del fondo.
Recordemos que la ASF realiza un trabajo técnico y neutral con base en las mejores prácticas y sin ningún sesgo ideológico ni partidista. Ello asegura que los resultados corresponden a evidencias documentales contundentes.