La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplió su primer año y sus integrantes aprovecharon la ocasión para presentarse prácticamente como los paladines de una nueva justicia: austera, cercana al pueblo, eficiente y, desde luego, independiente. Su presidente, Hugo Aguilar Ortiz, sostuvo incluso que el nuevo Poder Judicial ofrece “certidumbre” política, económica y social.
El problema es que entre el discurso y la realidad existe un trecho enorme.
La Corte emanada de la elección judicial carga desde su nacimiento con el pecado original de los famosos acordeones, aquellas guías de votación que coincidieron con los nombres que terminaron integrando el máximo tribunal. Esa circunstancia alimentó desde el primer día las dudas sobre su independencia respecto del oficialismo. Un año después, lejos de disiparlas, el funcionamiento de la SCJN mantiene abiertas preguntas fundamentales sobre autonomía, capacidad técnica y contrapesos frente al poder.
Y esto no solamente representa un problema político. También es económico.
La inversión necesita algo mucho más importante que discursos: certeza jurídica. Una empresa nacional o extranjera que compromete cientos o miles de millones de pesos necesita saber que los contratos serán respetados, que los conflictos podrán resolverse ante jueces independientes y que una controversia contra el gobierno no estará decidida de antemano.
Allí es donde la reforma judicial comienza a pasar factura en términos de percepción.
Desde luego, sería incorrecto afirmar que la Inversión Extranjera Directa se desplomó. Las propias cifras oficiales indican que durante el primer semestre de 2026 México recibió 34 mil 968 millones de dólares, récord para un periodo comparable. Pero cuando uno abre la cifra, aparece un dato mucho menos espectacular: 30 mil 957 millones, equivalentes al 88.5 por ciento, correspondieron a reinversión de utilidades de empresas que ya están establecidas en México. Las nuevas inversiones fueron apenas 2 mil 726 millones de dólares, 7.8 por ciento del total.
No significa que el capital extranjero esté huyendo masivamente del país; significa que las empresas instaladas siguen apostando por sus operaciones, mientras el flujo de capital verdaderamente nuevo continúa siendo mucho más modesto. En 2025, las nuevas inversiones habían representado 18 por ciento de la IED y alcanzado 7 mil 378 millones de dólares.
¿Dónde están entonces las grandes inversiones derivadas del nearshoring que transformarían regiones enteras del país?
La respuesta necesariamente pasa por varios factores: infraestructura, energía, agua, seguridad pública, incertidumbre internacional y, particularmente, la revisión del T-MEC. Pero también por algo elemental: Estado de derecho.
Porque ningún consejo de administración serio decide instalar una planta multimillonaria solamente porque un funcionario le enseñe una presentación de PowerPoint del Plan México. Antes pregunta cuáles son las reglas, cuánto tiempo permanecerán vigentes y, sobre todo, quién resolverá una controversia si mañana el gobierno decide cambiarlas.
Y mientras tanto, la Corte que debería mandar una poderosa señal de estabilidad institucional está enfrascada en sus propios problemas.
El balance del primer año arroja 2 mil 371 asuntos resueltos entre septiembre pasado y julio, frente a 3 mil 534 que resolvió la integración anterior durante un periodo comparable entre 2023 y 2024. La desaparición de las dos salas concentró el trabajo en el Pleno y contribuyó a generar un cuello de botella. Permanecen pendientes asuntos relevantes en materia fiscal, prisión preventiva oficiosa, muerte digna y doble tributación, y vienen más asuntos de gran relevancia para el desarrollo del país.
Pero la cereza del pastel es la grilla interna. Los ministros ya están enfrascados en la sucesión de Hugo Aguilar y se metieron en un auténtico galimatías jurídico provocado, paradójicamente, por la propia reforma judicial.
Existen dos mecanismos que chocan entre sí. Uno establece una presidencia rotatoria de dos años conforme al número de votos obtenidos en la elección judicial; otro precepto constitucional, que no fue eliminado, conserva la disposición de que el Pleno elija cada cuatro años a quien presida la Corte. Una auténtica antinomia constitucional que tendrá que resolverse precisamente entre quienes resultarán beneficiados o perjudicados por la interpretación.
Y allí aparece Lenia Batres, quien por el criterio de votación popular estaría en posición de suceder a Aguilar, aunque sus enfrentamientos internos y su sesgo antiempresarial complican esa posibilidad. La disputa ya dejó de ser jurídica para convertirse en política y personal.
Vaya paradoja: quienes prometieron transformar la justicia no pueden ponerse de acuerdo ni siquiera sobre las reglas para elegir a su propia presidencia.
Podrán celebrar aniversarios, pronunciar discursos sobre justicia popular y presumir de austeridad.
Pero si los inversionistas observan una Corte atrapada entre acordeones, rezago, pleitos internos y dudas sobre su autonomía, la factura la paga México.