La política mexicana vive instalada en una paradoja. Mientras el país enfrenta desafíos cada vez más complejos en materia de seguridad, crecimiento económico, salud, educación e inversión, la clase gobernante parece tener una sola prioridad: la siguiente elección.
Todavía faltan varios meses para que arranque formalmente el proceso electoral de 2027 y Morena ya dejó claro que no piensa renunciar a las ventajas que otorga el ejercicio del poder.
La presidenta nacional de ese partido, Ariadna Montiel, confirmó que los diputados morenistas que busquen la reelección no estarán obligados a separarse de sus cargos durante la etapa previa al inicio formal del proceso electoral.
En otras palabras, podrán continuar ejerciendo el cargo mientras realizan actividades políticas que, aunque no sean consideradas jurídicamente campaña, difícilmente pueden desvincularse de una estrategia de posicionamiento electoral. La decisión tiene profundas implicaciones políticas.
Hace apenas unos meses, la presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó el principio histórico de la “no reelección” como una de las banderas de su gobierno. Sin embargo, los grupos parlamentarios de Morena decidieron que esa reforma no aplicará para los actuales legisladores, sino hasta 2030. Es decir, quienes hoy ocupan una curul podrán competir por permanecer en el cargo en 2027.
Los aspirantes tampoco tendrán que solicitar licencia mientras no inicie formalmente el proceso electoral federal.
La explicación jurídica podrá sostenerse en la letra de la ley; la explicación política es mucho más sencilla: se busca conservar todas las ventajas que ofrece el ejercicio del poder el mayor tiempo posible.
Un legislador en funciones mantiene exposición mediática, agenda pública, estructura de asesores, giras, reuniones oficiales y presencia permanente en su distrito o entidad. Aunque los recursos públicos tienen un destino legal específico y no pueden utilizarse para fines electorales, la frontera entre la actividad institucional y el posicionamiento político suele convertirse en motivo de controversia durante los periodos previos a las campañas.
Ese es precisamente el problema. Los actos anticipados de campaña y, además, hacerlo con recursos públicos. La legislación establece fechas para el inicio de las campañas, pero la realidad política mexicana del oficialismo demuestra que vivimos en una competencia electoral permanente.
Primero son los recorridos territoriales, después las asambleas informativas, más tarde las reuniones con sectores sociales. Luego vienen los informes legislativos, las entrevistas, los espectaculares disfrazados de promoción institucional y, finalmente, las campañas constitucionales.
Cuando unas terminan, inmediatamente comienzan las siguientes. El ciudadano observa cómo los políticos recorren nuevamente las calles, prometen soluciones y obras, encabezan eventos y multiplican su presencia pública, mientras los grandes problemas nacionales permanecen prácticamente intactos.
La inseguridad sigue golpeando a millones de familias, el sistema de salud continúa enfrentando enormes carencias, la economía crece por debajo de su potencial, la infraestructura reclama inversiones, los desaparecidos aumentan.
Pero la 4T parece vivir en otra realidad. Su prioridad ya no es gobernar, es conservar el poder.
Hasta el 2000, el PRI se despachaba con la cuchara grande en eso de imponer su hegemonía política contra sus adversarios, a los que avasallaba en cada elección. Ahora Morena hace exactamente lo mismo, pero dicen que son diferentes.
La democracia pierde calidad cuando la contienda deja de desarrollarse entre iguales. Si unos compiten desde el ejercicio del poder y otros deben hacerlo únicamente con sus estructuras partidistas, la cancha inevitablemente deja de estar nivelada.
Gobernar ha pasado a un segundo plano. Todo se mide en función del siguiente proceso electoral. Cada programa social, cada gira, cada conferencia, cada reforma y cada decisión política parece evaluarse más por su rentabilidad electoral que por sus resultados para los ciudadanos.
Mientras tanto, llegó su premio para los diputados morenistas: pueden reelegirse, no tienen que renunciar a sus cargos y desde allí, con el uso de recursos públicos, ganar la elección del 2027, aunque falta un pequeño detalle: la voluntad del electorado.