Presume la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja, que México cuenta con una cobertura eléctrica de 99.85 por ciento a escala nacional y que el 0.15 por ciento restante se localiza en comunidades donde conectar una red convencional requiere “soluciones específicas”.
La cifra luce espectacular en una conferencia de prensa. Incluso permitiría afirmar que prácticamente todos los mexicanos tienen acceso a la electricidad. El problema es que una cosa es contabilizar viviendas conectadas a la red y otra muy distinta garantizarles un suministro continuo, suficiente, seguro y de calidad.
La propia meta oficial reconoce que todavía existen miles de hogares sin acceso. El gobierno pretende elevar la cobertura a 99.99 por ciento en 2028 mediante 45 mil 182 obras de electrificación. Pero, mientras se celebran porcentajes, en comunidades rurales, colonias irregulares y zonas periféricas de las grandes ciudades persisten familias que viven sin energía eléctrica o que dependen de conexiones improvisadas.
En la misma Ciudad de México, particularmente en asentamientos regulares ubicados en las faldas del Ajusco, vecinos denuncian que no cuentan con una red eléctrica formal. Ahí no aparece la llamada “justicia energética” que tanto pregona la Cuarta Transformación.
La paradoja es evidente: el gobierno habla de soberanía energética y acceso universal, mientras que familias de la capital del país todavía iluminan sus viviendas con lámparas, plantas pequeñas, baterías o conexiones precarias.
Además, la cobertura nacional refleja la fragilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
Los apagones registrados en el sureste son la muestra más visible. En marzo de 2025, una interrupción masiva dejó sin servicio a diversas ciudades de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco, entre ellas Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Bacalar, Ciudad del Carmen y Villahermosa.
En septiembre del mismo año ocurrió un episodio todavía más grave: una falla sacó de operación nueve centrales eléctricas y dejó sin electricidad durante varias horas a alrededor de dos millones de usuarios de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. El apagón provocó caos vial, suspensión de actividades comerciales y afectaciones a la industria turística.
El 14 de mayo de 2026, en plena ola de calor, volvieron a registrarse cortes en Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. La CFE confirmó que la interrupción se extendió cerca de una hora en distintas localidades.
La recurrencia de estas fallas demuestra que no se trata solamente de accidentes aislados, sino de una infraestructura que opera bajo presión, particularmente durante los meses de mayor consumo.
La península de Yucatán continúa siendo una de las regiones más vulnerables, porque su crecimiento demográfico, turístico e industrial no ha sido acompañado con la misma velocidad por nuevas centrales, líneas de transmisión, subestaciones y sistemas de respaldo.
El déficit no está únicamente en la generación. También se encuentra en la transmisión y en la distribución.
El gobierno calcula que entre 2025 y 2030 deberán invertirse alrededor de 124 mil 500 millones de pesos para fortalecer la Red Nacional de Transmisión. No se trata de una cifra menor: evidencia la magnitud del rezago acumulado y la urgencia de ampliar una red que debe transportar cada vez mayores volúmenes de electricidad.
El nuevo programa de desarrollo eléctrico estima que México necesitará incorporar entre 73 mil y 76 mil megawatts adicionales de capacidad hacia 2039 para atender el crecimiento de la demanda y conservar la confiabilidad del sistema.
En otras palabras, el país requiere prácticamente construir otro sistema eléctrico de grandes dimensiones durante los próximos años.
El problema es que la inversión no avanza al mismo ritmo que las necesidades.
La CFE informó que entre 2019 y 2024 impulsó 35 proyectos de generación que agregarán 9 mil 185 megawatts de capacidad propia. Aunque representa un avance, resulta insuficiente frente al incremento previsto de la demanda.
La insuficiencia de redes también frena proyectos de generación renovable. De poco sirve instalar parques solares o eólicos si no existen líneas capaces de llevar esa electricidad desde las zonas productoras hasta los grandes centros de consumo.
A ello se suma la contradicción ambiental de la política energética oficial.
Mientras el mundo acelera la transición hacia fuentes renovables, México continúa dependiendo ampliamente del gas natural, el combustóleo, el carbón y otras fuentes fósiles. En 2024, apenas 21.6 por ciento de la generación nacional provino de energías renovables; la energía solar y eólica juntas representaron alrededor de 11.8 por ciento.
El país incumplió en los hechos la meta legal de alcanzar 35 por ciento de generación limpia para 2024 y se encuentra lejos del compromiso de llegar a 43 por ciento en 2030.
Peor aún: México generó en 2024 aproximadamente 54 por ciento de su electricidad con gas importado de Estados Unidos. Esa dependencia exhibe la fragilidad del discurso de soberanía energética, pues buena parte de las centrales de ciclo combinado de la CFE depende de un combustible comprado en el extranjero.