La Casa Blanca no pretende inmiscuirse en el proceso electoral mexicano y menos sacar a Morena del poder; lo relevante para ellos es combatir a los narcoterroristas porque atentan contra la seguridad interior de Estados Unidos.
La prudencia que caracterizó durante meses la relación de la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump parece haber quedado en el olvido.
El discurso pronunciado el domingo en el Monumento a la Revolución marcó un punto de inflexión que puede resultar sumamente costoso para México en momentos particularmente delicados de la relación bilateral.
Hasta ahora, la estrategia del gobierno mexicano había consistido en evitar la confrontación directa con el mandatario estadounidense, consciente de la enorme asimetría política, económica y comercial que existe entre ambas naciones.
Sin embargo, el mensaje lanzado desde la Plaza de la República mostró a una presidenta dominada más por la preocupación ante las acusaciones de presuntos vínculos entre políticos de Morena y organizaciones criminales que por la sensatez y la cautela que exige la conducción del Estado mexicano.
La respuesta del gobierno federal ante las crecientes presiones provenientes de Washington parece haber tomado un rumbo equivocado. Cuando las sospechas de infiltración criminal alcanzan a figuras políticas, el camino responsable es investigar, transparentar y limpiar la casa.
Lo que vimos el domingo fue exactamente lo contrario: una narrativa orientada a descalificar a quienes exigen esclarecer los señalamientos y a presentar cualquier cuestionamiento como un ataque a la soberanía nacional.
El problema es que la soberanía no puede convertirse en escudo para proteger a políticos sospechosos de mantener vínculos con el crimen organizado. La defensa del interés nacional comienza precisamente por garantizar que ninguna estructura criminal tenga capacidad de influir en las instituciones democráticas.
Las imágenes observadas en distintas plazas del país durante las movilizaciones convocadas por el oficialismo también reflejan una realidad preocupante. Hubo contingentes movilizados mediante las viejas prácticas del acarreo que tanto criticó Morena cuando era oposición.
Pero también participaron miles de ciudadanos convencidos de que los verdaderos villanos de esta historia son quienes exigen combatir con mayor contundencia a los cárteles y a sus presuntos aliados políticos.
Esa percepción es resultado de una estrategia de polarización que ha alcanzado niveles alarmantes. Hoy, una parte de la sociedad mexicana considera que cuestionar a gobernadores, alcaldes o legisladores señalados por posibles nexos criminales equivale a traicionar a la patria.
Se trata de una narrativa peligrosa porque desplaza el debate de fondo: la infiltración del crimen organizado en la vida pública mexicana.
Mientras tanto, la relación con Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años. Las tensiones en materia de seguridad se acumulan, al mismo tiempo que ambos gobiernos se preparan para una etapa crucial de negociación y revisión de los acuerdos comerciales de América del Norte.
Retar públicamente a Trump en este contexto parece una apuesta de alto riesgo.
Lo que viene podría ser aún más complicado. En primer lugar, es probable que continúen apareciendo nuevas listas, expedientes y señalamientos relacionados con presuntos narcopolíticos mexicanos.
Más allá de la consistencia jurídica de cada caso, el daño político será muy importante mientras se mantenga la sensación de que hay protección institucional hacia ciertos personajes.
En segundo término, podría endurecerse la posición estadounidense en la mesa de negociación comercial. Washington cuenta con múltiples instrumentos para incrementar la presión sobre México, desde controversias comerciales hasta medidas relacionadas con seguridad fronteriza y combate al narcotráfico e incluso extracción de los malosos en territorio nacional.
Sin embargo, el escenario más delicado sería la eventual judicialización internacional de algunos casos vinculados con organizaciones criminales.
La posibilidad de que autoridades estadounidenses busquen la entrega o procesamiento de personajes políticos mexicanos señalados por colaborar con grupos delictivos dejaría al gobierno federal frente a una disyuntiva extremadamente incómoda: cooperar o confrontarse.
México necesita serenidad, transparencia y firmeza institucional. Lo que no requiere es convertir la defensa de determinados políticos de dudosa reputación en una causa nacional.
Porque al final del día, ningún partido está por encima del país y ningún proyecto político debería estar por encima de la obligación de combatir al crimen, venga de donde venga y alcance a quien alcance.
La presidenta, mal aconsejada y con una pésima lectura de la situación con Washington, optó por el camino que seguramente tomaría AMLO.
En lugar de limpiar la casa, debería haber permitido investigaciones objetivas y autónomas de la FGR sobre Rubén Rocha Moya y los 8 angelitos que lo acompañan; dos de ellos ya se entregaron a EU en el bloque de acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.