La experiencia de la pandemia de COVID-19 dejó una lección dolorosa para México: en materia de salud pública, la improvisación cuesta vidas. El país enfrentó uno de los mayores niveles de mortalidad del mundo, con un exceso de mortalidad que diversas estimaciones ubicaron por arriba de las 800 mil personas.
El colapso hospitalario, la escasez de medicamentos, de vacunas y los mensajes contradictorios marcaron la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Con ese antecedente, la decisión de la Secretaría de Salud de emitir un aviso epidemiológico por el brote internacional de hantavirus debe leerse como una señal de prudencia y no de alarma.
El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave) instruyó a todas las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención, así como a hospitales y laboratorios de salud pública, a fortalecer la detección oportuna de casos sospechosos.
Hasta ahora, México no registra contagios, pero la autoridad sanitaria reconoce que la movilidad internacional obliga a mantener vigilancia estrecha.
El hantavirus no es un virus nuevo. Se trata de una familia de virus zoonóticos transmitidos principalmente por roedores silvestres a través de su orina, saliva y excremento.
En América, la variante más preocupante es el virus de los Andes, identificado en países como Argentina y Chile, y una de sus características más inquietantes es que, en circunstancias excepcionales, puede transmitirse de persona a persona.
Los datos duros explican por qué la vigilancia es indispensable. La tasa de letalidad del síndrome cardiopulmonar por hantavirus oscila entre 30 y 40 por ciento, muy superior a la de muchas enfermedades respiratorias. El periodo de incubación puede ir de una a ocho semanas.
Los síntomas iniciales —fiebre, dolor muscular, cefalea y malestar general— se confunden fácilmente con una gripe, pero en cuestión de horas el paciente puede desarrollar insuficiencia respiratoria grave.
La Organización Mundial de la Salud fue notificada el pasado 2 de mayo de un brote en un crucero que navegaba en el Atlántico Sur. De acuerdo con los reportes oficiales, se confirmaron al menos siete casos, dos sospechosos y tres defunciones. La evaluación internacional considera que el riesgo de propagación sostenida es bajo, pero la elevada letalidad justifica medidas preventivas estrictas.
A diferencia del COVID-19, el hantavirus no se transmite con facilidad. No basta compartir un espacio con una persona infectada. En la mayoría de los casos, el contagio ocurre por inhalar partículas contaminadas con excretas de roedores. Por ello, no estamos frente a una amenaza de expansión global comparable a la pandemia de 2020.
Sin embargo, subestimar el riesgo sería un error. La Copa Mundial de la FIFA 2026 traerá a México millones de visitantes en aeropuertos, centrales camioneras, puertos y cruces fronterizos. La concentración masiva de personas a menudo representa un desafío para los sistemas de vigilancia epidemiológica.
En este contexto, es lógico implementar controles de salud en aeropuertos y puertos, mejorar los protocolos para detectar a los viajeros con síntomas graves de problemas respiratorios y garantizar que haya pruebas disponibles en laboratorios de referencia. No se trata de sembrar pánico, sino de actuar con anticipación.
El actual gobierno de Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de demostrar que aprendió de los errores del pasado. La salud pública exige decisiones técnicas, coordinación institucional y comunicación transparente. El costo de minimizar los riesgos ya quedó documentado durante la emergencia por COVID-19.
México no enfrenta hoy una epidemia de hantavirus. Pero sí enfrenta una prueba de madurez institucional. Cuando la evidencia científica recomienda vigilancia, lo responsable es atenderla.
La prevención siempre será menos costosa que la improvisación. Y en un país que aún carga las cicatrices de la pandemia, toda alerta epidemiológica debe asumirse con seriedad, rigor y sentido de Estado.
El riesgo de una nueva epidemia que colapse el sistema de salud pública no hay que subestimarlo, sobre todo cuando la saturación y el desabasto de medicamentos e insumos médicos, además de la carencia de personal especializado, es una cruenta realidad que padecen los pacientes que acuden a los nosocomios y clínicas públicas en búsqueda de la tan preciada atención sanitaria.
En momentos en que la precariedad de las finanzas públicas agobia a los servicios públicos, brotan virus que pueden poner en jaque a la población; por ello, cualquier esfuerzo que hagan las autoridades sanitarias para contenerlos es rescatable.