La anunciada reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum avanza a paso cansino. Y no es por falta de voluntad política, sino por cálculo político fino.
En Palacio Nacional han decidido pisar el freno mientras se afinan los puntos más delicados de una iniciativa que, de presentarse en sus términos más ambiciosos, podría configurar un sistema electoral a modo del oficialismo, con la sospecha de cerrar posibilidades reales de alternancia para la oposición.
El eje más disruptivo es la intención de eliminar las listas plurinominales elaboradas por los partidos políticos. Es decir, desaparecer el mecanismo mediante el cual las dirigencias confeccionan, en orden de prelación, las listas de representación proporcional que garantizan escaños sin pasar por las urnas en un territorio específico.
El argumento presidencial es claro: terminar con las “cuotas de cúpula” y devolver al ciudadano el poder de decidir directamente quién llega al Congreso.
En este punto, la mandataria tiene razón: sería plausible que todos los diputados y senadores accedieran al Congreso por méritos en campaña y no por compadrazgos o acuerdos cupulares.
Eliminar o rediseñar las plurinominales afecta directamente a los partidos aliados del oficialismo, particularmente al Partido Verde Ecologista de México y al Partido del Trabajo, cuya supervivencia legislativa ha descansado en buena medida en la representación proporcional. Para estas fuerzas, las listas no son un accesorio: son el corazón de su presencia parlamentaria.
La reforma, en ese sentido, podría dinamitar la alianza legislativa que ha permitido al bloque gobernante construir mayorías amplias. Y aquí radica el verdadero motivo del retraso: sin los votos del Verde y del PT, la reforma electoral simplemente no alcanzaría la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución. La cifra mágica de las dos terceras partes no se consigue sin ellos.
El cálculo es delicado. Presionar demasiado en la eliminación de plurinominales puede tensar la coalición; ceder en exceso puede diluir el espíritu transformador que la presidenta quiere imprimirle a la reforma.
Otro frente es la reducción del costo de la democracia. Se plantean ajustes presupuestales al Instituto Nacional Electoral, una disminución de las prerrogativas a los partidos políticos, la reducción del número de senadores y la revisión de los sueldos de diputados locales. El mensaje es potente: austeridad real en el sistema electoral.
Sin embargo, la experiencia muestra que abaratar la democracia no siempre la fortalece. La autonomía y la capacidad técnica de la autoridad electoral dependen, en buena medida, de recursos suficientes y reglas claras.
La iniciativa también contempla prohibiciones más estrictas en materia de nepotismo y el fin de la reelección legislativa. Este último punto implicaría revertir una reforma que buscaba profesionalizar el trabajo parlamentario y fortalecer la rendición de cuentas mediante la posibilidad de refrendar el mandato.
En San Lázaro el ambiente está caldeado. No se trata sólo de presentar una iniciativa ambiciosa, sino de garantizar que pueda aprobarse. Y para ello no basta con la disciplina de la mayoría; se requiere cohesión en la coalición.
La paradoja es evidente: la reforma que busca transformar el sistema de representación podría alterar primero el equilibrio interno del bloque gobernante. En política, la suma de voluntades mandan. Y hoy, la aritmética constitucional pasa inevitablemente por el Verde y el PT.
Por eso la reforma corre el riesgo de nacer muerta. No es falta de convicción; es conciencia de que, sin aliados, no hay reforma posible.
A ello se suma un factor que no puede ignorarse: cualquier modificación de gran calado al sistema electoral inevitablemente será leída bajo la sombra de la polarización política que marcó el sexenio anterior.
La oposición no concederá el beneficio de la duda y denunciará un intento de concentración de poder; el oficialismo, por su parte, insistirá en que se trata de una corrección histórica para democratizar la representación.
En ese clima, el debate corre el riesgo de trasladarse del terreno técnico al campo de la confrontación ideológica, donde los matices suelen desaparecer.
La presidenta enfrenta, así, una decisión estratégica: optar por una reforma de máximos que satisfaga a su base, pero que fracture alianzas y complique su aprobación, o construir un acuerdo gradual que, sin desmontar por completo el sistema vigente, introduzca cambios viables y sostenibles.
En política, a veces no gana quien empuja más fuerte, sino quien sabe hasta dónde puede llegar sin romper el equilibrio que le da sustento al poder.
En cualquiera de los casos, el reloj corre en contra, ya que las elecciones intermedias están a la vuelta de la esquina y hacer reformas a la medida compromete la imparcialidad y el piso parejo, o a lo mejor esta es la intención final, dinamitar la democracia para darle entrada a la autocracia.