En el escenario político nacional comienzan a perfilarse nuevas fuerzas que pretenden irrumpir en un sistema cada vez más polarizado. Una de ellas es Somos MX, agrupación que ha logrado avanzar con rapidez en el complejo proceso para constituirse como partido político nacional.
Vinculada a la llamada Marea Rosa, este nuevo proyecto busca capitalizar el descontento de amplios sectores ciudadanos que no se sienten representados por las opciones tradicionales.
Somos MX no partió de la improvisación. Ha cumplido —según sus promotores— con los requisitos establecidos por el Instituto Nacional Electoral.
Estos incluyen la realización de asambleas en al menos 20 entidades o 200 distritos, la afiliación mínima equivalente al 0.26% del padrón electoral, 3 mil personas afiliadas por entidad o bien 300 por distrito y la celebración de su Asamblea Nacional Constituyente. Esta ya se llevó a cabo con nutrida participación y en la que quedaron al frente Guadalupe Acosta y Cecilia Soto.
Ese paso no es menor: simboliza el tránsito de movimiento social a estructura política formal.
En sus filas convergen perfiles diversos. Hay exmilitantes de partidos tradicionales que quedaron marginados tras reacomodos internos; también académicos, exfuncionarios públicos, líderes sociales y activistas provenientes de causas ciudadanas.
Esa mezcla puede convertirse en fortaleza si logra articular un discurso coherente y una propuesta programática clara. Pero también representa un desafío: evitar que la suma de individualidades derive en fracturas prematuras.
El contexto en el que surge Somos MX es particularmente complejo. La hegemonía de Morena y sus aliados ha redefinido el mapa político desde 2018. Sin embargo, también ha generado resistencias.
La Marea Rosa, como expresión ciudadana en defensa de las instituciones electorales, evidenció que existe un segmento social dispuesto a movilizarse. Somos MX intenta canalizar esa energía social hacia una opción electoral permanente.
No obstante, entre sus simpatizantes existe un temor fundado: que, aun cumpliendo con todos los requisitos legales, se interpongan obstáculos políticos para impedir su registro. La decisión final recae en el INE, órgano constitucional autónomo que deberá evaluar el cumplimiento estricto de la normatividad.
Cualquier intento de interferencia desde el Poder Ejecutivo o desde mayorías legislativas pondría a prueba la solidez institucional del país.
En los corrillos políticos se comenta que el crecimiento potencial de Somos MX rumbo a 2027 podría alterar cálculos electorales. Si logra posicionarse con rapidez en las preferencias, fragmentaría el voto opositor tradicional, pero también podría atraer a ciudadanos desencantados que hoy se mantienen al margen.
Esa incertidumbre explica, en parte, la prisa por impulsar una reforma electoral que modifique reglas del juego antes de que nuevos actores consoliden su presencia.
La eventual aprobación de cambios legales sin el consenso de aliados como el PT o el Partido Verde revelaría tensiones internas en la coalición gobernante.
Sin embargo, más allá de coyunturas, el fondo del asunto es otro: ¿existe en México espacio real para la competencia plural o las nuevas fuerzas están condenadas a enfrentar resistencias sistémicas?
El margen de maniobra para frenar a Somos MX luce cada vez más estrecho sin que represente costos políticos e institucionales.
En realidad, para el oficialismo no resulta sencillo encontrar una fórmula jurídica sólida que impida que Somos MX alcance el registro si acredita, uno a uno, los requisitos previstos en la ley.
Cualquier intento de invalidar asambleas, desconocer afiliaciones o reinterpretar criterios técnicos tendría que sostenerse en pruebas contundentes. De lo contrario, abriría la puerta a impugnaciones ante el Tribunal Electoral (dominado por el Poder Ejecutivo) y a una narrativa de exclusión política que podría victimizar a la nueva agrupación.
En ese escenario, lejos de debilitarla, se correría el riesgo de fortalecerla en la opinión pública, presentándola como un proyecto al que se le quiere cerrar el paso por razones políticas y no legales.
A ello se suma otra variable delicada: el eventual costo de dinamitar equilibrios con aliados tradicionales si prosperan cambios en la reforma electoral.
Esto incluye la eliminación de las diputaciones plurinominales, la reducción del financiamiento público a los partidos y el adelgazamiento de la estructura directiva y operativa del Instituto Nacional Electoral para subordinarlo políticamente a la Secretaría de Gobernación. Medidas de ese calibre no solo afectarían a la oposición, sino también al PVEM y al PT, que han encontrado en el sistema actual espacios de representación y recursos para su supervivencia.
Tocar esas fibras podría tensar la coalición gobernante justo en la antesala de un proceso electoral donde cada punto porcentual contará, y donde la irrupción de nuevos actores como Somos MX añade un elemento adicional de incertidumbre.
En democracia, la competencia fortalece al sistema. Impedir que una organización que cumple con los requisitos legales se registre enviaría un mensaje preocupante sobre la apertura del gobierno y, además, mostraría el progreso del régimen totalitario.