Desde San Lázaro

Ayotzinapa, un hierro candente

El presidente debería recibir a los manifestantes para nuevamente ofrecer garantías de que nadie quedará impune por la desaparición de los 43 normalistas, en lugar de reprimirlos.

La verdad histórica de Ayotzinapa, esa que mantiene a Jesús Murillo Karam en prisión, por un capricho del poder, ahora chocó con el manto de impunidad que se tendió para cubrir a algunos miembros del Ejército y luego de más de cinco años de circo político, no encuentra el actual régimen la forma de salir del embrollo en que se metió.

Ya se fue Alejandro Encinas con el desprestigio del caso a cuestas y en siete meses termina su gestión el presidente López Obrador y seguramente cargará con el estigma de complicar un caso que desde antes de este sexenio, estaban claras las razones de la desaparición; los culpables, tanto del lado de los grupos criminales, como del bando oficial y que despachaban en el ayuntamiento de Iguala y en el Ejército.

La beligerancia de los familiares y estudiantes de Ayotzinapa ha escalado a niveles peligrosos por el evidente desdén del jefe del Ejecutivo federal.

Las implicaciones políticas del caso, ya no digamos las jurídicas y de derechos humanos, se revirtieron para aquellos que pensaron sacar raja política del tema, en donde el epítome fue la aprehensión del exprocurador general de la República, y la persecución de otros servidores públicos que despachaban en la Policía Federal, principalmente.

Hay que decirlo con todas sus letras, en tiempos de la tragedia por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, fueron los afines a AMLO los que impulsaron en medios de comunicación, las incipientes redes sociales y la opinión pública, la percepción de que por culpa del gobierno del presidente Peña Nieto se detonó el problema, y luego cuando llegaron al poder, se emprendió la persecución contra excolaboradores del mexiquense hasta llegar al día de hoy, en el que esos perseguidores son rechazados y vilipendiados por los mismos familiares de los estudiantes.

Verónica Juárez Piña, candidata al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, advirtió que la indignación de los normalistas que protestaron en Palacio Nacional es absolutamente compresible, puesto que, a lo largo del sexenio, López Obrador utilizó con fines políticos la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, mientras que las madres y padres de familia siguen esperando justicia.

El presidente debería recibir a los manifestantes para nuevamente ofrecer las garantías de que nadie quedará impune de la desaparición de los 43, en lugar de reprimirlos.

Ante este escenario, Verónica Juárez señaló que, “a casi diez años de las desapariciones, frente al constante encubrimiento por parte del presidente a las Fuerzas Armadas y al nulo avance en las investigaciones, la desesperación, la desolación e indignación de las madres, padres y compañeros de los estudiantes debe ser mucha”.

En este contexto, la candidata al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México para la Ciudad de México, denunció que López Obrador “nunca tuvo intención de hacer justicia a las víctimas”.

“López Obrador engañó a las madres y los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos. Nunca logró desmontar la verdad histórica, nunca tuvo voluntad política de esclarecer los hechos, ni mucho menos de investigar el papel del Ejército, como exigen los familiares de las víctimas”, acusó.

“Montó un show con la creación de la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa y colocó un manto de impunidad sobre el Ejército. No solo ha incumplido sus promesas, sino que en el camino ha estigmatizado y descalificado a las madres y padres, al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a las y los expertos del GIEI, al anterior fiscal especial del caso y al representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU”.

Diremos que el caso de Ayotzinapa saltará la barrera de este sexenio para mantenerse como un hierro candente para la próxima presidenta y que, mientras no haya justicia, tendrá que asumir los costos políticos y el compromiso impostergable de abrir todos los expedientes del caso, sin importar el nivel de involucramiento que hayan tenido miembros de las Fuerzas Armadas.

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