Los primos se disputan el honor de ser el candidato de Morena para la gubernatura de Puebla y no obstante sus lazos familiares, se dan con la cubeta para alcanzar la nominación.
Uno, Ignacio Mier Velasco, es el líder de los diputados de Morena y el otro, Alejandro Armenta Mier, ostenta diversas responsabilidades en la colegisladora; bueno, pues aprovechando la arena legislativa en la que cada uno se mueve, impulsan reformas a gusto del presidente López Obrador.
Mientras que Nacho Mier alienta la extinción de 13 de los 14 fideicomisos que tiene el Poder Judicial de la Federación, Alejandro Armenta toma otra propuesta del presidente en torno a la idea de que sean electos los jueces, magistrados y ministros de la SCJN.
El senador dio a conocer que la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside, dará prioridad a la iniciativa para reformar la Constitución, que presentó hace unos meses para que los integrantes del Poder Judicial de la Federación, jueces, ministros y magistrados, sean electos de manera directa y en los términos que disponga la ley electoral.
Dice ufano el poblano que, “este es un plan A, que significa que por voto mayoritario en el Senado se pueda hacer una reforma constitucional que nos garantice la democratización, para que sea el pueblo el que elija a los jueces y a los ministros de la Corte, para acabar con ese derroche, ese uso indebido de los recursos públicos, pero sobre todo para que la justicia sea verdaderamente pronta y expedita, a favor de las y los mexicanos”.
Leyó textual lo que ha repetido el jefe del Ejecutivo federal en torno a este asunto, que busca someter al Poder Judicial con el pretexto de democratizar sus nombramientos, en detrimento de la propia independencia y autonomía que deben tener los juzgadores en el ejercicio de sus responsabilidades.
No olvidemos que los jueces deben estar ajenos a las presiones políticas y evitar tener padrinazgos políticos, por lo que fueron nombrados como juzgadores.
Los jueces nombrados por designación y no por elección suelen ser mejor calificados para el cargo, además de que la ciudadanía en términos generales carece de información y conocimientos para elegir a los impartidores de justicia, en función de sus capacidades y méritos.
El odio tabasqueño de AMLO contra los jueces se recrudece y para lograr cooptar al Poder Judicial, usa a sus testaferros que tiene en ambas cámaras legislativas para implementar su venganza contra los jueces, porque estos han osado enfrentarlo con resoluciones que son apegadas totalmente al orden constitucional.
La presidenta de la SCJN, la ministra Norma Piña, reencausó la actuación de los juzgadores por la ruta del constitucionalismo y ello, de suyo, le bastó para ser el enemigo número uno del régimen.
Mientras que el presidente utiliza su inmenso poder para desacreditar al Poder Judicial y utiliza a sus subordinados que tiene en el Congreso, para acotar sus márgenes de maniobra y operación mediante recortes a su presupuesto, y revolucionar el método por el cual son nombrados y así mellar su independencia; desde la SCJN, su presidenta se constriñe a seguir desempeñando sus tareas con valentía y responsabilidad histórica.
Por supuesto, el duelo mediático lo va ganando el presidente, merced a los órganos de difusión del Estado que tiene bajo su égida, amén de los medios de comunicación, afines y jilguerillos, aunque la ciudadanía ha salido a las calles de forma tumultuosa para apoyar al máximo tribunal.
Volviendo a la ‘original’ propuesta del senador Armenta, se dice que las funciones y responsabilidades de jueces, ministros y magistrados son de suma importancia, pues son la base estructural del Estado, que se encarga de desarrollar una sociedad justa. “Si el Ejecutivo y el Legislativo son sometidos a consideración popular, lo justo es que también lo sea el Poder Judicial”.
La reforma es para los integrantes del Poder Judicial, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los magistrados de los tribunales de circuito colegiados y unitarios, además de los jueces de distrito.
En la iniciativa, que se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, el senador recordó que una de las funciones más importantes del Poder Judicial de la Federación, es proteger el orden constitucional y para ello se vale de diversos medios, como el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y la facultad de investigación.