Ni en plena campaña presidencial en la víspera de alguna elección, se observa tanta promoción electoral como ahora ante el despliegue publicitario principalmente de tres de las corcholatas, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, quienes a través de un ostentoso manejo de espectaculares y pinta de bardas, transgreden el orden constitucional no solo con la celebración de actos anticipados de campaña, sino que los hacen con recursos públicos, ya que si el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación escarban un poquito encontrarán la hebra que los conduce al origen de esos dineros.
Morena les dio a cada uno de sus aspirantes 5 millones de pesos para sus gastos, si hacemos cuentas, no corresponden, por ejemplo, a los cientos de camiones de transporte público que promueven a Adán Augusto o a Claudia y menos pagar cientos de espectaculares en todo el país.
El costo de promoción política-electoral de las tres corcholatas aludidas, representa varios miles de millones de pesos que cualquier auditor puede cuantificar, cuantimás los sabuesos del INE y del TEPJF y no digamos de la Auditoría Superior de la Federación.
Ante este hecho delictivo, el INE de Guadalupe Taddei es omiso y no solo eso, sino que, con esta laxitud, pone en riesgo la autonomía e independencia de este organismo con miras a los comicios del próximo año, en los cuales no solo estará en disputa la Presidencia de la República, sino también la renovación del Congreso y nueve gubernaturas, entre ellas la de la CDMX.
El haber arrancado anticipadamente el proceso electoral con el destape de las corcholatas, ocasionó el grosero dispendio de recursos, la distracción de los funcionarios públicos de sus tareas primordiales cuando ostentaban esos cargos y la postergación de la solución de los problemas más acuciantes que enfrenta el país.
Estoy seguro que con el INE de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, ya hubieran sancionado a los aspirantes de Morena, no solo con penas económicas, sino hasta con responsabilidades penales, pero, ahora con Taddei y cómplices, ya se doblaron y se han convertido en cómplices de delincuentes electorales.
En diciembre del año pasado, el Consejo General del INE aprobó los lineamientos para garantizar los Principios de Neutralidad, Imparcialidad y Equidad en Materia Electoral, para evitar actos anticipados de precampaña y campañas por parte de funcionarios públicos que aspiran a cargos de representación popular.
Si bien es cierto que el artículo 134 de la Constitución ya prohíbe a los funcionarios públicos realizar proselitismo con recursos públicos, la realidad es que AMLO y sus corcholatas tratan de darle vuelta a las prohibiciones y encontrar formas nuevas de clientelismo político y de control corporativo en las preferencias políticas.
Los lineamientos establecen, por ejemplo, que cuando un servidor público convoque a una conferencia de prensa para difundir logros, programas o proyectos de gobierno incurrirá en la difusión de propaganda gubernamental.
El tema de fondo es garantizar el piso parejo para todos los aspirantes, sin importar obviamente a qué partido político pertenecen, sin embargo, López Obrador ha transgredido este ordenamiento de la Constitución desde hace por lo menos un año, al alentar el activismo electoral de sus corcholatas desde un cargo público.
Ahora que ya renunciaron todos a sus cargos, la cosa está peor porque han incrementado su presencia mediática, sin ningún cuidado. Hacen ofertas de campaña, llaman al voto, atacan a sus opositores y se vanaglorian de sus apabullantes campañas publicitarias en todo el país.
La presencia en redes sociales, call centers, publicidad soterrada en medios de comunicación, principalmente electrónicos y la contratación de brigadistas que peinan los principales centros urbanos del territorio nacional, acumulan los gastos desorbitados que exhiben el patrocinio del gobierno federal, de gobernadores e incluso de presidentes municipales.
No sería nada raro que, incluso, ese financiamiento ilícito provenga del crimen organizado.
¿Quién pompó? Como dice el clásico de Chico Che, a quien la veneración presidencial lo ha puesto en boga.
En tanto el INE no aclare e investigue el origen de esos recursos, que pagan la publicidad y promoción de las corcholatas, se presta a todo tipo de especulaciones.
Mientras no haya voluntad entre la mayoría de los consejeros del INE por sancionar a los infractores, seguiremos siendo testigos de flagrantes violaciones a la Carta Magna y a las leyes electores con la complicidad de la autoridad electoral.
Ya basta de tanto cinismo por parte del presidente López Obrador y sus corcholatas y por supuesto de los organismos electorales.
No me quiero imaginar cómo se va poner esto, ante la irrupción de los precandidatos de la oposición, quienes tendrán que emprender prácticas similares ilegales en las que incurren desde el oficialismo para no quedarse atrás, al fin y al cabo no hay autoridad electoral que sancione.